La interdicción es un acto judicial mediante el cual se determina que una persona está incapacitada de administrar sus bienes, ya sea porque los dilapida manifestando su total falta de prudencia en la administración de sus asuntos o negocios o porque tiene algún tipo de demencia.

La demanda de interdicción se interpone en el Juzgado Civil del domicilio del demandado y una vez declarada por el Juez e inscrita en el Registro de Interdicciones del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, todos los actos que haga el interdicto son nulos de nulidad absoluta. Los actos ejecutados o celebrados antes de la declaración de interdicción son válidos, a menos que se pruebe que el que los ejecutó o celebró estaba entonces incapacitado.