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Reglamento de la Ley SANNA, que crea el seguro para el acompañamiento de los niños y niñas.

Con fecha 3 de enero de 2019 se publicó en el Diario Oficial el Decreto N°69, que aprueba Reglamento de los artículos 12 y 13 de la Ley N°21.063, conocida como Ley Sanna, que crea un seguro de carácter obligatorio para los padres y madres trabajadores o para terceros a quienes se les haya entregado el cuidado personal de niños en caso de reunir determinados requisitos.

 

En la normativa se consideran causantes de este beneficio a los niños y niñas mayores de 1 año y menores de 18 años, afectados por una condición grave de salud. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional grave y permanente, serán causantes del beneficio los niños y niñas mayores de 1 año y menores de 15 años.

 

La contingencia protegida corresponde a la condición grave de salud de un niño o niña. En este sentido, constituyen una condición grave de salud, las siguientes:

 

  1. Cáncer.
  2. Trasplante de órgano sólido y de progenitores hematopoyéticos.
  3. Fase o estado terminal de la vida, que es aquella condición de salud en que no existe recuperación de la salud del niño o niña y su término se encuentra determinado por la muerte inminente. Se incluye dentro de esta condición de salud, el tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer avanzado (Art. 10 de Ley N°21.063).
  4. Accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional grave y permanente.

 

Señala el Reglamento que son beneficiarios del seguro, los siguientes trabajadores y trabajadoras, que sean padres o madres de un niño o niña mayor de 1 año y menor de 15 o 18 años o un tercero que tenga su cuidado personal por resolución judicial, según corresponda, afectado o afectada por una condición grave de salud y que cumplan con los demás requisitos legales para acceder a las prestaciones:

 

  1. Los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo;
  2. Los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 1° del DFL N°1 de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con exclusión de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública sujetos al régimen previsional de las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile. Están sujetos también al seguro, los funcionarios del Congreso Nacional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, del Servicio Electoral, de la Justicia Electoral y demás tribunales especiales creados por ley;
  3. Los trabajadores independientes a que se refieren los artículos 89 inciso 1° y 90 inciso 3° del Decreto Ley N°3.500, de 1980;
  4. Los trabajadores temporales cesantes.

 

Para acceder a las prestaciones del seguro, el beneficiario deberá estar afiliado a éste y cumplir los requisitos que señalan los artículos 5 o 6 de la Ley N°21.063, esto es:

 

  1. Los trabajadores dependientes deberán:
    • Tener una relación laboral vigente a la fecha de inicio de la licencia médica;
    • Registrar, a lo menos, 8 cotizaciones previsionales mensuales, continuas o discontinuas, en los últimos 24 meses anteriores a la fecha de inicio de la licencia médica. Las 3 últimas cotizaciones más próximas al inicio de la licencia deberán ser continuas.

 

  1. Los trabajadores independientes deberán:
    • Contar, a lo menos, con 12 cotizaciones previsionales mensuales, continuas o discontinuas, en los últimos 24 meses anteriores al inicio de la licencia médica. Las 5 últimas cotizaciones más próximas al inicio de la licencia deberán ser continuas.
    • Encontrarse al día en el pago de las cotizaciones para pensiones, salud, el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y el seguro de esta Ley.
  2. Contar con una licencia médica emitida de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Ley, junto con los demás documentos y certificaciones que correspondan.
  3. Si a la fecha de inicio de la licencia médica el trabajador o la trabajadora no cuenta con un contrato de trabajo vigente, tendrá derecho a las prestaciones del seguro cuando cumpla copulativamente con los siguientes requisitos:
    • Tener 12 o más meses de afiliación previsional con anterioridad a la fecha de inicio de la licencia médica;
    • Registrar, a lo menos, 8 cotizaciones previsionales mensuales, continuas o discontinuas, en calidad de trabajador dependiente, en los últimos 24 meses anteriores a la fecha de inicio de la licencia médica;
    • Las 3 últimas cotizaciones registradas, dentro de los 8 meses anteriores al inicio de la licencia médica, deberán ser en virtud de un contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado.

 

En cuanto a las Prestaciones del Seguro o Beneficios, señala la norma que corresponden al otorgamiento de un permiso para ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, el que, cumpliendo determinados requisitos, puede dar derecho al pago de un subsidio que reemplaza total o parcialmente la remuneración o renta mensual, durante el período en que el niño o niña requiera atención, acompañamiento o cuidado personal.

 

Para la acreditación de las contingencias protegidas, será indispensable contar con la respectiva licencia médica según cada caso en concreto y con un informe complementario que será el documento suscrito por el médico tratante, cuyo formulario tipo se encontrará disponible para su descarga en la página web de la Superintendencia de Seguridad Social y de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez.

 

Asimismo, los artículos 8° y 9° del Reglamento señalan la duración de los permisos según cada contingencia protegida y de las licencias médicas para el uso del permiso. Así, el permiso en caso de cáncer tendrá una duración máxima de 90 días para cada beneficiario y respecto de cada causante del beneficio, en un período de 12 meses, contados desde el inicio de la primera licencia médica. En los casos de trasplante de órgano sólido y de progenitores hematopoyéticos, el permiso tendrá una duración de hasta 90 días para cada beneficiario, respecto de cada causante del beneficio y del mismo diagnóstico, contados desde el inicio de la primera licencia médica.

 

Para los casos de fase o estado terminal de la vida, el permiso durará para cada beneficiario hasta producido el deceso del causante del beneficio.

 

En los casos de accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional severa y permanente, el permiso podrá extenderse hasta por 45 días para cada beneficiario, en relación con el evento que lo generó, por cada causante del beneficio afectado por esa condición grave de salud, contados desde el inicio de la primera licencia médica. Con todo, la licencia médica sólo podrá otorgarse a partir del día 11° de ocurrido el accidente.

 

Atendida la naturaleza de este beneficio, las causales de rechazo de la licencia médica serán las siguientes:

 

  1. Contingencia no protegida por el seguro;
  2. Contingencia no se encuentra vigente;
  3. Causante menor a un año de vida;
  4. Causante supera edad límite de cobertura del seguro;
  5. Presentación fuera de plazo al empleador o a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez;
  6. No acreditación de la calidad de trabajador dependiente, independiente o temporal cesante;
  7. Enmendadura de la licencia médica o formulario de solicitud del seguro;
  8. Realización de trabajo remunerado durante el período de permiso;
  9. No cumplir con los requisitos señalados en los artículos 5° y 6° de la Ley N°21.063, según corresponda;
  10. Incompatibilidad con el uso de licencia médica por salud común, laboral, permisos maternales, feriado legal o permiso con o sin goce de sueldo, según corresponda.

 

Por otra parte, el artículo 21 del Reglamento establece que cuando ambos padres sean trabajadores con derecho a las prestaciones del seguro, cualquiera de ellos podrá traspasar al otro la totalidad del permiso que le corresponde, cuando la contingencia protegida sea caso de cáncer o trasplante de órgano sólido y de progenitores hematopoyéticos. Tratándose de accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional grave y permanente sólo se podrá traspasar hasta dos tercios del período total del permiso. En ningún caso procederá este traspaso respecto de la contingencia fase o estado terminal de la vida.

Reconocimiento de licencias de conducir con Perú

Con fecha 19 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 229, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Promulga el Acuerdo entre la República de Chile y la República del Perú sobre reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducir .

 

La nueva normativa tiene como objetivo principal el facilitar el traslado por vía terrestre entre ambos países, dado que la cercanía territorial, sumada a la ausencia de obstáculos geográficos, hacen que el transporte vehicular sea el medio más habitual para circular entre ambos Estados.

Por ello se dispone el reconocimiento mutuo de licencias de conducir vigentes, emitidas por las autoridades competentes de ambas Partes, en favor de los nacionales titulares de éstas y que tengan residencia en su respectivo territorio. Entre otros beneficios, se consagra que los nacionales de una de las Partes podrán conducir temporalmente vehículos en el territorio de la otra, durante el plazo que determine la legislación interna, con licencias de conducir en vigor.

 

Además prescribe la norma, que el titular de la licencia de conducir vigente expedida por cualquiera de las Partes, que sea residente en el otro Estado, de acuerdo con la legislación nacional pertinente, podrá acceder por canje a la licencia de conducir equivalente en la otra Parte, sin tener que realizar las pruebas teóricas y prácticas exigidas para su obtención, sin perjuicio de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de cualquiera de las Partes relacionadas con restricciones a la conducción sobre la base de edad, condiciones de salud o mentales del solicitante de una licencia de conducir.

 

Entre las obligaciones adquiridas por los estados firmantes, destaca que cada Parte deberá proporcionar por vía diplomática a la otra, ejemplares de los formatos de las licencias de conducir que expidan, indicando sus características para su conocimiento y difusión entre
las autoridades competentes.

 

En el caso de que una de las Partes, posteriormente, modifique el formato de sus licencias de conducir o ponga en uso nuevos formatos, deberá, al menos con treinta días de anticipación, ponerlos en conocimiento de la otra Parte, por vía diplomática, para el conocimiento y difusión respectivos. No obstante lo anterior, el acuerdo no afectará el derecho de cada Parte de denegar el canje de la licencia de conducir, cuando se tenga duda sobre la autenticidad de dicho documento, en cuyo caso se podrá consultar a la autoridad competente de la Parte emisora.

 

En este mismo sentido, cada Parte proveerá a la otra, a instancia de la misma, a través de medio escrito, sistema magnético o informático, la información necesaria para determinar la validez de la respectiva licencia de conducir. Esta información será necesaria en todos los casos en los que la licencia no se ajuste a los modelos facilitados por la otra Parte, conforme a los formatos de comunicación y de autenticidad que aprueben las autoridades competentes.

Ley Nº 21.122 modifica el Código del Trabajo en materia de contrato por obra o faena

Con fecha 28 de noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.122 que modifica el Código del Trabajo en materia de contrato de trabajo por obra o faena.  En general, la ley fija el concepto de contrato por obra o faena, confiriendo el derecho a feriado anual y una indemnización equivalente a dos y medio día de remuneración por cada mes trabajado si el contrato hubiere estado vigente por un mes o más. También regula indemnizaciones, vacaciones y cobertura de salud:

 

1.    Definición de contrato por obra o faena: La ley define el contrato por obra o faena como  aquella convención por la que el trabajador se obliga con el respectivo empleador a ejecutar una obra material o intelectual específica y determinada, en su inicio y en su término, cuya vigencia se encuentra circunscrita o limitada a la duración de aquélla.  Las diferentes tareas o etapas de una obra o faena no podrán por sí solas ser objeto de dos o más contratos de este tipo en forma sucesiva, caso en el cual se entenderá que el contrato es de plazo indefinido.

 

Por su parte, no revestirán el carácter de contratos por obra o faena aquellos que implican la realización de labores o servicios de carácter permanente y que, como tales, no cesan o concluyen conforme a su naturaleza, lo cual se determinará en cada caso específico por la Inspección del Trabajo respectiva, sin perjuicio de las facultades de los tribunales de justicia en caso de controversia.

 

  1. Regulación de feriado anual: Señala la ley  que los trabajadores que presten servicios continuos al mismo empleador en virtud de dos o más contratos celebrados por obra o faena determinada y que sobrepasen el año tendrán derecho a un feriado anual de 15 días hábiles, con remuneración íntegra, que se otorgará de acuerdo con las formalidades que establezca el reglamento. Además, se establecen alternativas para esta formalidad. En este  sentido, el trabajador podrá optar por que el pago de su feriado proporcional se difiera al momento de hacerlo efectivo debiendo dejar constancia expresa de ello en el respectivo finiquito. En caso de que los contratos no sobrepasen el año y el trabajador hubiere diferido el pago de los feriados, el empleador deberá pagar en el último finiquito la totalidad de los feriados adeudados.

 

  1. Regula en el artículo 162 lo referente a la comunicación de término de contrato por parte del empleador, cuando corresponda el pago de indemnización por el tiempo servido.

 

  1. Indemnización por tiempo servido: Indica que si el contrato celebrado para una obra o faena determinada hubiese estado vigente por un mes o más, el empleador podrá ponerle término en forma justificada en tanto pague al trabajador, al momento de su terminación, una indemnización equivalente a dos y medio días de remuneración por cada mes trabajado y fracción superior a 15 días, conforme a normas transitorias que se pasan a especificar en el Código del Trabajo.

 

  1. Se fijan indemnizaciones de acuerdo a escenarios definidos por la temporalidad del contrato.

 

  1. Establece que tratándose de personas que hayan efectuado cotizaciones de salud al Fondo Nacional de Salud, al menos durante cuatro meses en los últimos doce meses calendario en virtud de contratos por obra o faena determinada, mantendrán la calidad de afiliados por un período de doce meses, a contar del mes al que corresponde la última cotización. El Director del Fondo deberá emitir, en un lapso no superior a 60 días, contado desde la vigencia de la presente ley, una resolución que establezca un procedimiento expedito, directo y completo que garantice el derecho a cobertura de salud, a partir del término de la relación laboral de los trabajadores contratados por obra o faena determinada.

 

  1. Por último, el artículo transitorio indica que la nueva ley se aplicará a los nuevos contratos por obra o faena determinada, que se celebren a contar del 1 de enero de 2019.

 

Fuente:

www.vlex.cl

www.emol.cl

 

Actualidad

Reglamento de la Ley SANNA, que crea el seguro para el acompañamiento de los niños y niñas.

Con fecha 3 de enero de 2019 se publicó en el Diario Oficial el Decreto N°69, que aprueba Reglamento de los artículos 12 y 13 de la Ley N°21.063, conocida como Ley Sanna, que crea un seguro de carácter obligatorio para los padres y madres trabajadores o para terceros a quienes se les haya entregado el cuidado personal de niños en caso de reunir determinados requisitos.

 

En la normativa se consideran causantes de este beneficio a los niños y niñas mayores de 1 año y menores de 18 años, afectados por una condición grave de salud. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional grave y permanente, serán causantes del beneficio los niños y niñas mayores de 1 año y menores de 15 años.

 

La contingencia protegida corresponde a la condición grave de salud de un niño o niña. En este sentido, constituyen una condición grave de salud, las siguientes:

 

  1. Cáncer.
  2. Trasplante de órgano sólido y de progenitores hematopoyéticos.
  3. Fase o estado terminal de la vida, que es aquella condición de salud en que no existe recuperación de la salud del niño o niña y su término se encuentra determinado por la muerte inminente. Se incluye dentro de esta condición de salud, el tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer avanzado (Art. 10 de Ley N°21.063).
  4. Accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional grave y permanente.

 

Señala el Reglamento que son beneficiarios del seguro, los siguientes trabajadores y trabajadoras, que sean padres o madres de un niño o niña mayor de 1 año y menor de 15 o 18 años o un tercero que tenga su cuidado personal por resolución judicial, según corresponda, afectado o afectada por una condición grave de salud y que cumplan con los demás requisitos legales para acceder a las prestaciones:

 

  1. Los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo;
  2. Los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado señalados en el artículo 1° del DFL N°1 de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, con exclusión de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública sujetos al régimen previsional de las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional y de Carabineros de Chile. Están sujetos también al seguro, los funcionarios del Congreso Nacional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, del Servicio Electoral, de la Justicia Electoral y demás tribunales especiales creados por ley;
  3. Los trabajadores independientes a que se refieren los artículos 89 inciso 1° y 90 inciso 3° del Decreto Ley N°3.500, de 1980;
  4. Los trabajadores temporales cesantes.

 

Para acceder a las prestaciones del seguro, el beneficiario deberá estar afiliado a éste y cumplir los requisitos que señalan los artículos 5 o 6 de la Ley N°21.063, esto es:

 

  1. Los trabajadores dependientes deberán:
    • Tener una relación laboral vigente a la fecha de inicio de la licencia médica;
    • Registrar, a lo menos, 8 cotizaciones previsionales mensuales, continuas o discontinuas, en los últimos 24 meses anteriores a la fecha de inicio de la licencia médica. Las 3 últimas cotizaciones más próximas al inicio de la licencia deberán ser continuas.

 

  1. Los trabajadores independientes deberán:
    • Contar, a lo menos, con 12 cotizaciones previsionales mensuales, continuas o discontinuas, en los últimos 24 meses anteriores al inicio de la licencia médica. Las 5 últimas cotizaciones más próximas al inicio de la licencia deberán ser continuas.
    • Encontrarse al día en el pago de las cotizaciones para pensiones, salud, el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y el seguro de esta Ley.
  2. Contar con una licencia médica emitida de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Ley, junto con los demás documentos y certificaciones que correspondan.
  3. Si a la fecha de inicio de la licencia médica el trabajador o la trabajadora no cuenta con un contrato de trabajo vigente, tendrá derecho a las prestaciones del seguro cuando cumpla copulativamente con los siguientes requisitos:
    • Tener 12 o más meses de afiliación previsional con anterioridad a la fecha de inicio de la licencia médica;
    • Registrar, a lo menos, 8 cotizaciones previsionales mensuales, continuas o discontinuas, en calidad de trabajador dependiente, en los últimos 24 meses anteriores a la fecha de inicio de la licencia médica;
    • Las 3 últimas cotizaciones registradas, dentro de los 8 meses anteriores al inicio de la licencia médica, deberán ser en virtud de un contrato a plazo fijo o por obra, trabajo o servicio determinado.

 

En cuanto a las Prestaciones del Seguro o Beneficios, señala la norma que corresponden al otorgamiento de un permiso para ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado, el que, cumpliendo determinados requisitos, puede dar derecho al pago de un subsidio que reemplaza total o parcialmente la remuneración o renta mensual, durante el período en que el niño o niña requiera atención, acompañamiento o cuidado personal.

 

Para la acreditación de las contingencias protegidas, será indispensable contar con la respectiva licencia médica según cada caso en concreto y con un informe complementario que será el documento suscrito por el médico tratante, cuyo formulario tipo se encontrará disponible para su descarga en la página web de la Superintendencia de Seguridad Social y de las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez.

 

Asimismo, los artículos 8° y 9° del Reglamento señalan la duración de los permisos según cada contingencia protegida y de las licencias médicas para el uso del permiso. Así, el permiso en caso de cáncer tendrá una duración máxima de 90 días para cada beneficiario y respecto de cada causante del beneficio, en un período de 12 meses, contados desde el inicio de la primera licencia médica. En los casos de trasplante de órgano sólido y de progenitores hematopoyéticos, el permiso tendrá una duración de hasta 90 días para cada beneficiario, respecto de cada causante del beneficio y del mismo diagnóstico, contados desde el inicio de la primera licencia médica.

 

Para los casos de fase o estado terminal de la vida, el permiso durará para cada beneficiario hasta producido el deceso del causante del beneficio.

 

En los casos de accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional severa y permanente, el permiso podrá extenderse hasta por 45 días para cada beneficiario, en relación con el evento que lo generó, por cada causante del beneficio afectado por esa condición grave de salud, contados desde el inicio de la primera licencia médica. Con todo, la licencia médica sólo podrá otorgarse a partir del día 11° de ocurrido el accidente.

 

Atendida la naturaleza de este beneficio, las causales de rechazo de la licencia médica serán las siguientes:

 

  1. Contingencia no protegida por el seguro;
  2. Contingencia no se encuentra vigente;
  3. Causante menor a un año de vida;
  4. Causante supera edad límite de cobertura del seguro;
  5. Presentación fuera de plazo al empleador o a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez;
  6. No acreditación de la calidad de trabajador dependiente, independiente o temporal cesante;
  7. Enmendadura de la licencia médica o formulario de solicitud del seguro;
  8. Realización de trabajo remunerado durante el período de permiso;
  9. No cumplir con los requisitos señalados en los artículos 5° y 6° de la Ley N°21.063, según corresponda;
  10. Incompatibilidad con el uso de licencia médica por salud común, laboral, permisos maternales, feriado legal o permiso con o sin goce de sueldo, según corresponda.

 

Por otra parte, el artículo 21 del Reglamento establece que cuando ambos padres sean trabajadores con derecho a las prestaciones del seguro, cualquiera de ellos podrá traspasar al otro la totalidad del permiso que le corresponde, cuando la contingencia protegida sea caso de cáncer o trasplante de órgano sólido y de progenitores hematopoyéticos. Tratándose de accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional grave y permanente sólo se podrá traspasar hasta dos tercios del período total del permiso. En ningún caso procederá este traspaso respecto de la contingencia fase o estado terminal de la vida.

Reconocimiento de licencias de conducir con Perú

Con fecha 19 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 229, de 2018, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que Promulga el Acuerdo entre la República de Chile y la República del Perú sobre reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducir .

 

La nueva normativa tiene como objetivo principal el facilitar el traslado por vía terrestre entre ambos países, dado que la cercanía territorial, sumada a la ausencia de obstáculos geográficos, hacen que el transporte vehicular sea el medio más habitual para circular entre ambos Estados.

Por ello se dispone el reconocimiento mutuo de licencias de conducir vigentes, emitidas por las autoridades competentes de ambas Partes, en favor de los nacionales titulares de éstas y que tengan residencia en su respectivo territorio. Entre otros beneficios, se consagra que los nacionales de una de las Partes podrán conducir temporalmente vehículos en el territorio de la otra, durante el plazo que determine la legislación interna, con licencias de conducir en vigor.

 

Además prescribe la norma, que el titular de la licencia de conducir vigente expedida por cualquiera de las Partes, que sea residente en el otro Estado, de acuerdo con la legislación nacional pertinente, podrá acceder por canje a la licencia de conducir equivalente en la otra Parte, sin tener que realizar las pruebas teóricas y prácticas exigidas para su obtención, sin perjuicio de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de cualquiera de las Partes relacionadas con restricciones a la conducción sobre la base de edad, condiciones de salud o mentales del solicitante de una licencia de conducir.

 

Entre las obligaciones adquiridas por los estados firmantes, destaca que cada Parte deberá proporcionar por vía diplomática a la otra, ejemplares de los formatos de las licencias de conducir que expidan, indicando sus características para su conocimiento y difusión entre
las autoridades competentes.

 

En el caso de que una de las Partes, posteriormente, modifique el formato de sus licencias de conducir o ponga en uso nuevos formatos, deberá, al menos con treinta días de anticipación, ponerlos en conocimiento de la otra Parte, por vía diplomática, para el conocimiento y difusión respectivos. No obstante lo anterior, el acuerdo no afectará el derecho de cada Parte de denegar el canje de la licencia de conducir, cuando se tenga duda sobre la autenticidad de dicho documento, en cuyo caso se podrá consultar a la autoridad competente de la Parte emisora.

 

En este mismo sentido, cada Parte proveerá a la otra, a instancia de la misma, a través de medio escrito, sistema magnético o informático, la información necesaria para determinar la validez de la respectiva licencia de conducir. Esta información será necesaria en todos los casos en los que la licencia no se ajuste a los modelos facilitados por la otra Parte, conforme a los formatos de comunicación y de autenticidad que aprueben las autoridades competentes.

Ley Nº 21.126 otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público

Con fecha 17 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 21.126 que otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede ciertos aguinaldos, concede otros beneficios, y modifica diversos cuerpos legales.

 

En primer lugar, en el artículo 1 de la ley, señala que a contar del 1 de diciembre de 2018, se otorga un reajuste general del 3,5% a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, tales como sueldos bases, asignación profesional, de zona, de fiscalización, municipal, de especialidades y otras similares, según la normativa que les sea aplicable, a los trabajadores del sector público, tanto de la Administración civil del Estado, como al personal afecto a las escalas de remuneraciones del Congreso Nacional, de la Contraloría General de la República y demás instituciones fiscalizadoras, de las Municipalidades, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones, incluidos los profesionales regidos por la ley Nº 15.076[1] (Estatuto para los médico-cirujanos, farmacéuticos o quimico-farmaceuticos, bioquímicos y cirujanos dentistas) y el personal del acuerdo complementario de la ley Nº 19.297[2]

 

 

El reajuste precedente no regirá, sin embargo, para los trabajadores del mismo sector cuyas remuneraciones sean fijadas de acuerdo con las disposiciones sobre negociación colectiva establecidas en el Código del Trabajo y sus normas complementarias, ni para aquellos cuyas remuneraciones sean determinadas, convenidas o pagadas en moneda extranjera. Tampoco regirá para las asignaciones del decreto con fuerza de ley Nº 150, de 1982, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ni respecto de los trabajadores del sector público cuyas remuneraciones sean fijadas por la entidad empleadora.

 

 

Señala la ley además que este reajuste, será de un 0% para el Presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los intendentes, los funcionarios de la Corte Suprema pertenecientes a los grados I y II de la escala del personal superior del Poder Judicial y para el Contralor General de la República, Secretario del Senado, Secretario de la Cámara de Diputados y Director de la Biblioteca del Congreso Nacional.

 

Entre otros beneficios, la ley contempla:

 

  1. Aguinaldo de Navidad sector activo

 

Trabajadores del Sector Público: Señala que el aguinaldo será de $56.297 para aquellos cuya remuneración líquida percibida en el mes de noviembre del 2018, sea igual o inferior a $752.209 y de $29.779 para aquellos cuya remuneración líquida supere a tal cantidad, a esa misma fecha.

 

  1. Aguinaldo de Fiestas Patrias sector activo

 

El artículo 8, concede un aguinaldo de Fiestas Patrias para el año 2019, a los trabajadores que, al 31 de agosto del mismo año desempeñen cargos de planta o a contrata, de las entidades a que se refieren los artículos 2, 3, 5 y 6 de la ley. Se incluye los profesionales de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales dependientes de los Servicios Locales de Educación Pública y profesionales de la educación traspasados a los niveles internos de los Servicios Locales de Educación Pública en virtud del artículo trigésimo noveno de la ley N° 21.040.

 

El monto del aguinaldo será de $72.486 para los trabajadores cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes de agosto del año 2019 sea igual o inferior a $752.209 y de $50.318 para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad.

 

  1. Normas comunes a los aguinaldos de Navidad y de Fiestas Patrias

 

Los artículos 9, 10 y 11 de la ley,  establecen que los aguinaldos correspondientes a Navidad y Fiestas Patrias no serán aplicables a trabajadores cuyas remuneraciones sean pagadas en moneda extranjera. Disponen que, también tendrán derecho a estos aguinaldos los trabajadores que se encuentren en goce del subsidio por incapacidad laboral, de acuerdo al monto de la última remuneración mensual que hubieren percibido y que no serán imponibles ni tributables.

 

  1. Bono de escolaridad

 

El artículo 13 de la ley, otorga  a los trabajadores señalados en el artículo primero; a los de los servicios traspasados a las municipalidades, a los que se  desempeñen en los establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley Nº 2, de 1998, y del decreto ley Nº 3.166, de 1980, y a los de la Corporación de Asistencia Judicial, un bono de escolaridad no imponible, por cada hijo entre los cuatro y veinticuatro años de edad, que sea carga familiar reconocida por la ley. Este beneficio se otorgará aun cuando no perciban el beneficio de asignación familiar, y siempre que se encuentren cursando estudios regulares en los niveles de enseñanza pre básica del 1º nivel de transición, 2º nivel de transición, educación básica o media, educación superior o educación especial, en establecimientos educacionales del Estado o reconocidos por éste.

 

El monto del bono asciende a la cantidad de $70.494, que será pagado en dos cuotas iguales de $35.247.- cada una, la primera en marzo y la segunda en junio del año 2019.

 

Por su parte, el artículo 14 concede a los trabajadores a que se refiere el artículo 13, durante el año 2019, una bonificación adicional al bono de escolaridad de $29.779.- por cada hijo que cause este derecho, cuando a la fecha de pago del bono los funcionarios tengan una remuneración líquida igual o inferior a $752.209.

 

  1. Aporte a servicios de bienestar

 

El artículo 16 de la ley prescribe que,  durante el  año 2019 el aporte anual para los Servicios de Bienestar tendrá un monto de $122.803 y que el aporte extraordinario a que se refiere el artículo 13 de la ley Nº 19.553 se calculará sobre dicho monto.

 

  1. Bono de invierno para pensionados.

 

La ley otorga en su artículo 20,  a los pensionados cuyas pensiones no superen ciertos montos en los casos que se señala,  un bono de invierno de $62.791. Dicho bono se pagará en el mes de mayo del año 2019.

 

  1. Bonificación extraordinaria para enfermeras, matronas, enfermeras-matronas y otros profesionales de colaboración médica

 

El artículo 23 concede por el período de un año, la bonificación extraordinaria trimestral que otorga la ley N° 19.536 a las enfermeras, matronas y enfermeras-matronas, que se desempeñan en puestos de trabajo que requieren atención las veinticuatro horas del día en sistemas de turnos rotativos, nocturnos y en días sábados, domingos y festivos, en unidades de emergencia de neonatología y maternidades de los establecimientos asistenciales dependientes de los Servicios de Salud o bien en laboratorios y bancos de sangre, radiología y medicina física y rehabilitación.

 

El monto de esta bonificación será de $258.717 trimestrales,  la que será pagada en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de ese año.

 

  1. Bono de Vacaciones

 

Se establece, por una sola vez, en el artículo 25 un bono de vacaciones, no imponible, que se pagará en el curso del mes de enero de 2019, cuyo monto será de $119.000 para los trabajadores cuya remuneración líquida que les corresponda percibir en el mes de noviembre de 2018 sea igual o inferior a $752.209, y de $83.000 para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad y no exceda de una remuneración bruta de $2.490.923.

 

Adicionalmente, se contemplan normas anexas en otras materias relacionadas al ámbito público, entre ellas: para eliminar el cobro por certificados digitales emitidos por el Registro Civil; para facultar la aplicación de las remuneraciones mínimas y fijar normas de contratación a honorarios en las universidades estatales; creación de nuevos cargos en algunas instituciones públicas; y para facultar a la Dirección de Compras y Contratación Pública, a la Superintendencia de Seguridad Social, al Instituto Nacional de Estadísticas y a la Contraloría General de la República a crear un plan piloto de teletrabajo.

 

 

 

 

[1] Estatuto para los médico-cirujanos, farmacéuticos o quimico-farmaceuticos, bioquímicos y cirujanos dentistas)

[2] Acuerdo complementario que aprueba escalafones para las plantas de personal del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca del Congreso Nacional, fijadas en el artículo 2° de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.