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Ley N°21.145, que modifica la Ley sobre trasplante y donación de órganos, para precisar la voluntad del donante fallecido.

La donación de órganos es un acto voluntario, altruista y gratuito, mediante el cual una persona o su familia (como representante) deciden “donar” los órganos, para que sean extraídos del cuerpo e implantados en otra persona. La donación es desinteresada y altruista, toda vez que por ella no existe remuneración o retribución para el donante o su familia. Según estudios, por cada donante de órganos y tejidos se pueden beneficiar a más de 55 personas. Por otra parte, el trasplante es un tratamiento médico realizado cuando existe la falla irreversible de un órgano y ya se han evaluado todas las otras alternativas de tratamiento para recuperarlo. Considera la extracción del órgano que falla y su reemplazo por uno sano proveniente de un donante. Los órganos que se trasplantan con más frecuencia en nuestro país son: corazón, pulmón, hígado, páncreas y riñones.

 

Con fecha 13 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.145,  que modifica la Ley N°19.451, sobre Trasplante y Donación de Órganos, cuya finalidad es precisar la voluntad del donante fallecido, lo que se ha materializado, previamente en las Leyes N°20.413, que consagra la figura del donante universal y N°20.673, que tuvo por objeto precisar en forma unívoca la voluntad de no ser donante, para lo cual se estableció el requisito de hacerlo en forma expresa y consciente ante un Notario Público, funcionario que a su vez debía remitir la declaración respectiva al Registro Civil.

 

No obstante lo dispuesto en las leyes señaladas, subsistió la norma que permitía hacer la manifestación de voluntad de no ser donante al momento de renovar la licencia de conducir o la cédula de identidad, con lo cual se produjo que muchas personas expresaran dicha voluntad sin mayor reflexión o discernimiento. Por otra parte, se permitía que los parientes de una persona fallecida tuvieran la facultad de no donar sus órganos aun cuando existieran antecedentes o documentación de los cuales se desprendía su intención de donar; incluso dicha negativa podía manifestarse sin expresión de causa. Tal situación implicaba que los parientes directos de un fallecido pudieran revocar la expresión de voluntad de una persona que había declarado su clara intención de ser donante.

 

La Ley N°21.145 en su artículo único establece que en caso de existir duda fundada respecto a la renuncia de la condición de donante o a la vigencia de ella, se deberá consultar en forma previa sobre la extracción de uno o más órganos del fallecido, por orden de prelación, a las siguientes personas:

 

  1. a) El o la cónyuge, conviviente civil o conviviente de hecho.
  2. b) Cualquiera de los hijos mayores de 18 años.
  3. c) Cualquiera de los padres.
  4. d) El representante legal, el tutor o el curador.
  5. e) Cualquiera de los hermanos mayores de 18 años.
  6. f) Cualquiera de los nietos mayores de 18 años.

 

De esta forma, la nueva normativa elimina la posibilidad de que dicha voluntad sea manifestada por cualquiera de los abuelos, cualquier pariente consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive y cualquier pariente por afinidad hasta el segundo grado inclusive.

 

Por otra parte, la Ley señala que se entenderá que existe duda fundada respecto de la condición de donante por el hecho de pertenecer la persona al Registro Nacional de No Donantes a que se refiere la Ley N°20.413 o de presentarse documentos contradictorios ante el médico encargado del procedimiento.

 

Agrega la Ley que, en el evento de no existir parientes directos del difunto que puedan acreditar su condición de no donante al momento de su deceso, se tendrá por su voluntad presunta la de ser donante. Del mismo modo, cuando el difunto no estuviere inscrito en el Registro Nacional de No Donantes, se presumirá su voluntad de ser donante. En tal caso, los familiares serán informados acerca del procedimiento a seguir.

 

En ausencia de todas las personas señaladas anteriormente o no habiendo manifestado los mismos la voluntad de oponerse a la donación entre el momento de la certificación inequívoca de la muerte encefálica y el que antecede a aquel en que los órganos dejan de ser útiles para ser trasplantados exitosamente, se respetará la condición de donante presunto del fallecido y se dispondrá de esos órganos para su mejor aprovechamiento.

 

Finalmente y de acuerdo con lo establecido en el artículo primero transitorio de la Ley, dentro del año siguiente a su entrada en vigencia, las personas que hubiesen manifestado su voluntad de no ser donantes conforme a las  normas establecidas en la Ley N°20.413 deberán ratificar dicha manifestación mediante declaración prestada ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, ante un notario público o ante el funcionario respectivo al momento de solicitar la renovación de la cédula de identidad o licencia de conducir.  En este último caso, aquel funcionario deberá informar al declarante su calidad de no donante de órganos y los alcances de la renuncia a dicha condición.  Efectuado lo anterior, de mantener su decisión el declarante, el funcionario deberá pedir la mencionada ratificación, la que se incorporará al margen de la inscripción anterior en el Registro Nacional de No Donantes.

 

Cabe mencionar que la vigencia de la nueva Ley es inmediata, sin perjuicio de lo establecido en su artículo segundo transitorio, que establece que el Servicio de Registro Civil e Identificación tendrá 180 días corridos, contados desde el vencimiento del plazo señalado en párrafo anterior, para actualizar y consolidar los datos del Registro Nacional de No Donantes.

Ley N°21.144, que establece el concepto de Cuarta Edad para quienes hayan cumplido 80 años.

Con fecha 1° de marzo de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.144 que modifica la Ley N°19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), para establecer el concepto de “cuarta edad” como elemento diferenciador en cuanto a las políticas de protección y promoción de los derechos de esta categoría de adultos mayores que sobrepasan los 80 años de edad y cuyas necesidades varían respecto de aquellas personas menores y que, en esa lógica, son plenamente activas en la vida nacional.

 

Actualmente, el envejecimiento se configura como un fenómeno de aumento progresivo en el ámbito mundial. La menor tasa de nacimientos, junto a los avances médicos permite que exista mayor cantidad de personas ancianas. Así. el envejecimiento poblacional se puede evidenciar a través del cambio en la distribución por edades, y ha traído consigo la posibilidad de incorporar nuevos conceptos, como lo es la “cuarta edad”.[1]

 

La situación de los adultos mayores en Chile ha ido aumentando en complejidad con el tiempo. Las cifras hoy indican que el envejecimiento de nuestra población es un fenómeno que requiere atención especial por parte del Estado y de toda la sociedad civil. La población está envejeciendo aceleradamente, existe una mayor dependencia de los adultos mayores y una alta participación de este grupo etario en el mercado laboral informal. Así lo revela la serie infográfica de estadísticas de adultos mayores dada a conocer el 11 de octubre de 2018 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Según cifras del Censo 1992, un 6,6% de las personas tenía 65 y más años, mientras que el Censo 2017 reveló que este grupo etario representó el 11,4%. En tanto, en nuestro país los adultos mayores (60 años y más) superan las 2 millones 800 mil personas, equivalente al 16,2% de las personas efectivamente censadas. De estos, el 55,7% corresponde a mujeres, mientras que el 44,3% a hombres. En consecuencia, la disminución de menores de 14 años y el aumento en la cantidad de adultos mayores, confirman que la relación de dependencia demográfica de los adultos mayores, es decir, cantidad de personas que no están en edad de trabajar (0 a 14 años y 65 años y más) y que dependen potencialmente de quienes si lo están (15 a 64 años) ha aumentado progresivamente desde 1992.[2]

 

Por otra parte, Sergio König, experto en transformación digital de salud y director médico de eHealth y mHealth en Chile, explicó que “la cuarta edad hace referencia a la última parte de la vida, a la vejez avanzada. A aquellos mayores a los 80 años”. En este sentido, la diferencia con la tercera edad radica fundamentalmente en que esta nueva adultez viene asociada a conceptos como “multi-enfermedad”, “cronicidad” y “discapacidades”, que hablan de una población con un alto nivel de dependencia.

 

 

Como consecuencia de lo anterior se genera un escenario dentro del cual las políticas públicas relativas al adulto mayor adquieren el carácter de prioritarias, específicamente en las personas mayores de 80 años, a quienes se les otorga un tratamiento distinto dentro de nuestra legislación a partir de la nueva Ley y a través del SENAMA, que será la entidad encargada de proponer las políticas destinadas a lograr su integración familiar y social efectiva y la solución de los problemas que las afectan.

 

 

[1] Carol Saldías Solís. Académica de Kinesiología Universidad San Sebastián- Crónica en diario Austral de Valdivia. Nov.2017

[2] https://www.ine.cl

Creación del Consejo Fiscal Autónomo.

Con fecha 16 de febrero de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.148 que “Crea el Consejo Fiscal Autónomo” (en adelante, el Consejo), como un organismo autónomo, de carácter técnico y consultivo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda.

 

En general, el Consejo se configura como una instancia técnica en materia fiscal y como complemento esencial a las reglas fiscales aplicadas en cada país, según recomendaciones de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Todo esto porque, entre otros objetivos, la existencia del Consejo reduce los posibles sesgos políticos, tanto en las proyecciones de ingresos como de gastos del presupuesto, monitoreando el cumplimiento de los presupuestos y evaluando la sostenibilidad de las cuentas fiscales a mediano plazo, en un marco de elevada transparencia, tal como ocurre con otros consejos que operan en otros 37 países del mundo.

 

Antes de la creación del Consejo, Chile contaba con una institucionalidad fiscal que, a primeras luces, daba la impresión de que cumplía con los estándares internacionales más exigentes al respecto, esto es, una regla de balance estructural (BE)[1] que determina la trayectoria del gasto y un Consejo Fiscal Asesor (CFA) cuyo rol es ser garante del cumplimiento de esta regla fiscal. Sin embargo, el establecimiento de la regla de BE en 2001 y la posterior conformación del CFA en 2013 no han podido asegurar el manejo responsable de las cuentas fiscales, llevando a Chile a perder su calidad de acreedor neto en 2016, condición que había logrado mantener con esfuerzo durante una década. Es en este contexto que la autoridad fiscal envió al Congreso una iniciativa que crea el nuevo Consejo Fiscal Autónomo.

En específico, el Consejo tiene por objeto contribuir con el manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central. En virtud de ello tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

  1. a) Evaluar el cálculo del ajuste cíclico de los ingresos efectivos efectuado por la Dirección de Presupuestos;
  2. b) Participar como observador en los procedimientos establecidos para recabar la opinión de expertos independientes sobre los factores que determinen el nivel de tendencia de los ingresos y gastos del Gobierno Central;
  3. c) Formular observaciones y proponer al Ministerio de Hacienda cambios metodológicos y procedimentales para el cálculo del BE;
  4. d) Manifestar su opinión sobre eventuales desviaciones del cumplimiento de las metas de BE y proponer medidas de mitigación;
  5. e) Evaluar la sostenibilidad de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y difundir los resultados de sus evaluaciones;
  6. f) Asesorar al Ministerio de Hacienda en las materias fiscales que éste le encomiende de manera expresa y que tengan relación con su objeto;
  7. g) Realizar informes en relación con los estudios, análisis y otros temas que le competan de acuerdo con esta Ley;
  8. h) Contratar los estudios y asesorías que se requieran para el cumplimiento de sus funciones;
  9. i) Proponer al Ministro de Hacienda, una vez al año, el nombre de los integrantes de los comités consultivos del precio de referencia del cobre y del Producto Interno Bruto tendencial que ocuparán los cupos que por alguna razón hayan quedado vacantes.

En cuanto a su estructura, el Consejo estará integrado por 5 miembros, denominados consejeros, expertos de reconocido prestigio profesional o académico en materias fiscales y presupuestarias, que serán designados por el Presidente de la República, mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto.

Los consejeros durarán 5 años en sus cargos, y podrán ser reelegidos sólo por un nuevo período consecutivo. Se renovarán por parcialidades, a razón de uno por año.

El Presidente del Consejo será designado por el Presidente de la República de entre los miembros del Consejo; durará 3 años en el cargo o el tiempo menor que le reste como consejero y podrá ser designado para nuevos períodos. Además, la Ley dispone que un reglamento expedido mediante decreto supremo por el Ministerio de Hacienda establecerá las normas de funcionamiento del Consejo y la forma en que éste se pronunciará públicamente.

Finalmente el texto legal señala que la primera designación de consejeros del Consejo Fiscal Autónomo se hará dentro de los 60 días siguientes a la publicación de la Ley en el Diario Oficial, plazo que se cumple el 17 de abril de 2019.

 

Fuente:

http://www.senado.cl

www.hacienda.cl

 

 

[1] El Balance Estructural es un indicador que resulta de estimar el balance presupuestario del gobierno central que se obtendría en un año particular si el precio del cobre estuviera en su nivel de mediano plazo y la actividad económica (medida a través del PIB) estuviera en su nivel de tendencia. Así, al aislar el efecto de movimientos cíclicos del precio del cobre y de la actividad económica sobre los ingresos fiscales, este indicador entrega una medida de la sostenibilidad que tienen en el tiempo, más allá de las fluctuaciones cíclicas de la economía, los niveles de gasto incorporados en el presupuesto. La regla se adoptó en el gobierno del Presidente Lagos y consiste en imponer a la formulación y ejecución presupuestaria la obligación de fijar el nivel de gastos totales en un nivel tal que el Balance Estructural del sector público sea equivalente a un mismo porcentaje del PIB en todos los años, que fue inicialmente de 1% al actual 0% del PIB. Esto significa que, cumpliendo esta regla, el balance efectivo será menor a 0% del PIB cuando las condiciones cíclicas sean desfavorables y superior a 0% del PIB cuando las condiciones cíclicas sean favorables al presupuesto fiscal.

Actualidad

Ley N°21.145, que modifica la Ley sobre trasplante y donación de órganos, para precisar la voluntad del donante fallecido.

La donación de órganos es un acto voluntario, altruista y gratuito, mediante el cual una persona o su familia (como representante) deciden “donar” los órganos, para que sean extraídos del cuerpo e implantados en otra persona. La donación es desinteresada y altruista, toda vez que por ella no existe remuneración o retribución para el donante o su familia. Según estudios, por cada donante de órganos y tejidos se pueden beneficiar a más de 55 personas. Por otra parte, el trasplante es un tratamiento médico realizado cuando existe la falla irreversible de un órgano y ya se han evaluado todas las otras alternativas de tratamiento para recuperarlo. Considera la extracción del órgano que falla y su reemplazo por uno sano proveniente de un donante. Los órganos que se trasplantan con más frecuencia en nuestro país son: corazón, pulmón, hígado, páncreas y riñones.

 

Con fecha 13 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.145,  que modifica la Ley N°19.451, sobre Trasplante y Donación de Órganos, cuya finalidad es precisar la voluntad del donante fallecido, lo que se ha materializado, previamente en las Leyes N°20.413, que consagra la figura del donante universal y N°20.673, que tuvo por objeto precisar en forma unívoca la voluntad de no ser donante, para lo cual se estableció el requisito de hacerlo en forma expresa y consciente ante un Notario Público, funcionario que a su vez debía remitir la declaración respectiva al Registro Civil.

 

No obstante lo dispuesto en las leyes señaladas, subsistió la norma que permitía hacer la manifestación de voluntad de no ser donante al momento de renovar la licencia de conducir o la cédula de identidad, con lo cual se produjo que muchas personas expresaran dicha voluntad sin mayor reflexión o discernimiento. Por otra parte, se permitía que los parientes de una persona fallecida tuvieran la facultad de no donar sus órganos aun cuando existieran antecedentes o documentación de los cuales se desprendía su intención de donar; incluso dicha negativa podía manifestarse sin expresión de causa. Tal situación implicaba que los parientes directos de un fallecido pudieran revocar la expresión de voluntad de una persona que había declarado su clara intención de ser donante.

 

La Ley N°21.145 en su artículo único establece que en caso de existir duda fundada respecto a la renuncia de la condición de donante o a la vigencia de ella, se deberá consultar en forma previa sobre la extracción de uno o más órganos del fallecido, por orden de prelación, a las siguientes personas:

 

  1. a) El o la cónyuge, conviviente civil o conviviente de hecho.
  2. b) Cualquiera de los hijos mayores de 18 años.
  3. c) Cualquiera de los padres.
  4. d) El representante legal, el tutor o el curador.
  5. e) Cualquiera de los hermanos mayores de 18 años.
  6. f) Cualquiera de los nietos mayores de 18 años.

 

De esta forma, la nueva normativa elimina la posibilidad de que dicha voluntad sea manifestada por cualquiera de los abuelos, cualquier pariente consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive y cualquier pariente por afinidad hasta el segundo grado inclusive.

 

Por otra parte, la Ley señala que se entenderá que existe duda fundada respecto de la condición de donante por el hecho de pertenecer la persona al Registro Nacional de No Donantes a que se refiere la Ley N°20.413 o de presentarse documentos contradictorios ante el médico encargado del procedimiento.

 

Agrega la Ley que, en el evento de no existir parientes directos del difunto que puedan acreditar su condición de no donante al momento de su deceso, se tendrá por su voluntad presunta la de ser donante. Del mismo modo, cuando el difunto no estuviere inscrito en el Registro Nacional de No Donantes, se presumirá su voluntad de ser donante. En tal caso, los familiares serán informados acerca del procedimiento a seguir.

 

En ausencia de todas las personas señaladas anteriormente o no habiendo manifestado los mismos la voluntad de oponerse a la donación entre el momento de la certificación inequívoca de la muerte encefálica y el que antecede a aquel en que los órganos dejan de ser útiles para ser trasplantados exitosamente, se respetará la condición de donante presunto del fallecido y se dispondrá de esos órganos para su mejor aprovechamiento.

 

Finalmente y de acuerdo con lo establecido en el artículo primero transitorio de la Ley, dentro del año siguiente a su entrada en vigencia, las personas que hubiesen manifestado su voluntad de no ser donantes conforme a las  normas establecidas en la Ley N°20.413 deberán ratificar dicha manifestación mediante declaración prestada ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, ante un notario público o ante el funcionario respectivo al momento de solicitar la renovación de la cédula de identidad o licencia de conducir.  En este último caso, aquel funcionario deberá informar al declarante su calidad de no donante de órganos y los alcances de la renuncia a dicha condición.  Efectuado lo anterior, de mantener su decisión el declarante, el funcionario deberá pedir la mencionada ratificación, la que se incorporará al margen de la inscripción anterior en el Registro Nacional de No Donantes.

 

Cabe mencionar que la vigencia de la nueva Ley es inmediata, sin perjuicio de lo establecido en su artículo segundo transitorio, que establece que el Servicio de Registro Civil e Identificación tendrá 180 días corridos, contados desde el vencimiento del plazo señalado en párrafo anterior, para actualizar y consolidar los datos del Registro Nacional de No Donantes.

Ley N°21.144, que establece el concepto de Cuarta Edad para quienes hayan cumplido 80 años.

Con fecha 1° de marzo de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.144 que modifica la Ley N°19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), para establecer el concepto de “cuarta edad” como elemento diferenciador en cuanto a las políticas de protección y promoción de los derechos de esta categoría de adultos mayores que sobrepasan los 80 años de edad y cuyas necesidades varían respecto de aquellas personas menores y que, en esa lógica, son plenamente activas en la vida nacional.

 

Actualmente, el envejecimiento se configura como un fenómeno de aumento progresivo en el ámbito mundial. La menor tasa de nacimientos, junto a los avances médicos permite que exista mayor cantidad de personas ancianas. Así. el envejecimiento poblacional se puede evidenciar a través del cambio en la distribución por edades, y ha traído consigo la posibilidad de incorporar nuevos conceptos, como lo es la “cuarta edad”.[1]

 

La situación de los adultos mayores en Chile ha ido aumentando en complejidad con el tiempo. Las cifras hoy indican que el envejecimiento de nuestra población es un fenómeno que requiere atención especial por parte del Estado y de toda la sociedad civil. La población está envejeciendo aceleradamente, existe una mayor dependencia de los adultos mayores y una alta participación de este grupo etario en el mercado laboral informal. Así lo revela la serie infográfica de estadísticas de adultos mayores dada a conocer el 11 de octubre de 2018 por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Según cifras del Censo 1992, un 6,6% de las personas tenía 65 y más años, mientras que el Censo 2017 reveló que este grupo etario representó el 11,4%. En tanto, en nuestro país los adultos mayores (60 años y más) superan las 2 millones 800 mil personas, equivalente al 16,2% de las personas efectivamente censadas. De estos, el 55,7% corresponde a mujeres, mientras que el 44,3% a hombres. En consecuencia, la disminución de menores de 14 años y el aumento en la cantidad de adultos mayores, confirman que la relación de dependencia demográfica de los adultos mayores, es decir, cantidad de personas que no están en edad de trabajar (0 a 14 años y 65 años y más) y que dependen potencialmente de quienes si lo están (15 a 64 años) ha aumentado progresivamente desde 1992.[2]

 

Por otra parte, Sergio König, experto en transformación digital de salud y director médico de eHealth y mHealth en Chile, explicó que “la cuarta edad hace referencia a la última parte de la vida, a la vejez avanzada. A aquellos mayores a los 80 años”. En este sentido, la diferencia con la tercera edad radica fundamentalmente en que esta nueva adultez viene asociada a conceptos como “multi-enfermedad”, “cronicidad” y “discapacidades”, que hablan de una población con un alto nivel de dependencia.

 

 

Como consecuencia de lo anterior se genera un escenario dentro del cual las políticas públicas relativas al adulto mayor adquieren el carácter de prioritarias, específicamente en las personas mayores de 80 años, a quienes se les otorga un tratamiento distinto dentro de nuestra legislación a partir de la nueva Ley y a través del SENAMA, que será la entidad encargada de proponer las políticas destinadas a lograr su integración familiar y social efectiva y la solución de los problemas que las afectan.

 

 

[1] Carol Saldías Solís. Académica de Kinesiología Universidad San Sebastián- Crónica en diario Austral de Valdivia. Nov.2017

[2] https://www.ine.cl

Ley N°21.133, que modifica las normas para la incorporación de trabajadores independientes a los regímenes de protección social.

Con fecha 2 de febrero de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.133, que modifica las normas para la incorporación de trabajadores independientes a los regímenes de protección social.

 

La nueva normativa establece un nuevo mecanismo obligatorio y gradual de cotización para incorporar a los trabajadores que emiten boletas de honorarios a los regímenes de Protección Social, contemplando incluso una alternativa de cotización inicial menor para quienes no puedan destinar el total de su devolución de impuestos a los pagos previsionales.

 

De esta manera, la cotización obligatoria para estos trabajadores, originada en la reforma de 2008, dará acceso a todos los beneficios de la seguridad social a más de 500 mil trabajadores a honorarios, asegurándoles el acceso a la misma protección con la que cuentan los trabajadores dependientes y desde el primer día. En este sentido, el texto legal establece un mecanismo que mantiene la obligatoriedad del pago de las cotizaciones a través de la Declaración Anual de Impuesto a la Renta de cada año a partir de 2019, con cargo a la retención del 10% de impuestos. Pero, a diferencia de la normativa anterior, establece un incremento gradual de la retención de impuestos en un 0,75% anual a partir del año 2020 y el noveno año se incrementará en un 1%, para llegar a 17% en 2028, como se aprecia en el siguiente listado:

 

Año 2018:10%

 

Año 2019: 10,75%

 

Año 2020: 11,5%

 

Año 2021: 12,25%

 

Año 2022: 13%

 

Año 2023: 13,75%

 

Año 2024: 14,5%

 

Año 2025: 15,25%

 

Año 2026: 16%

 

Año 2027: 17%.

 

Los obligados a cotizar son los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios por un monto bruto anual igual o mayor a 5 ingresos mínimos mensuales ($1,3 millones totales en el año). Se estima que estos sumen unos 577 mil trabajadores, la mitad de los obligados bajo la ley que estaba vigente. No estarán obligados a cotizar los hombres mayores de 55 años al 1° de enero de 2018 y las mujeres mayores de 50 años a esa misma fecha y quienes hayan percibido menos de cuatro ingresos mínimos mensuales en el año.

 

La Base Imponible sobre la cual se calcularán las cotizaciones para los distintos regímenes de Seguridad Social, será el 80% de la Renta Bruta Anual, por lo que la cotización equivale al 17% de los ingresos brutos del año calendario anterior. Así, la obligación de cotizar para todos los regímenes será anual, materializándose en la Declaración Anual de Impuestos de abril de cada año. El pago anual de estas cotizaciones dará cobertura para todos los regímenes previsionales, entre julio del año del pago de las cotizaciones y junio del año siguiente (12 meses). Así, la obligación de cotizar se iniciará en la Declaración Anual de Impuestos del 2019 por las rentas del 2018 dando cobertura desde julio de 2019 hasta junio de 2020.

 

La retención del 10% (que llegará en diez años a un 17%) permitirá pagar el 100% de las cotizaciones previsionales en un nuevo orden:

 

– Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

 

– Seguro de Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales (ATEP).

 

– Seguro de Acompañamiento de Niños y Niñas (Ley SANNA).

 

– Salud.

 

– Pensiones

 

La fórmula permite a los trabajadores independientes acceder a los subsidios monetarios (pago de licencias médicas) otorgados por estos regímenes, calculados sobre el 100% de la base imponible, lo que corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas obtenidas por el trabajador independiente en el año calendario anterior a la declaración de impuesto.

 

La cotización para pensiones está al final del orden de los pagos y se irá incrementando gradualmente. Su monto se calculará como la diferencia entre la retención y el pago realizado a los diferentes regímenes previsionales mencionados. En el año 2019 sólo se cotizará cerca de un 3% de la renta imponible anual para pensión, cotización que subirá en paralelo al alza de la retención, alcanzando en el 10° año al 10% más la comisión correspondiente a la Administradora de Fondos de Pensiones. De esta forma, estos trabajadores quedan cubiertos en un 100% desde el primer año, luego de destinar la retención del 10% a las cotizaciones de Seguridad Social, mientras que el ahorro para pensiones aumentará gradualmente.

 

Por otra parte, la nueva Ley contempla también una alternativa transitoria para quienes no estén en condiciones de destinar desde el año 2019 el total de su retención de impuestos al pago de cotizaciones previsionales. Esta consiste en la posibilidad de cotizar para pensiones y salud por un porcentaje menor de la Renta Imponible, el que subirá anualmente, partiendo con cotizaciones sobre el 5% de la renta imponible el primer año, 17% el segundo, e incrementándose paulatinamente hasta llegar a 100% el décimo año, contados desde la publicación de la Ley.  De esta manera, el primer año se retendrá para pagos de seguridad social el 2,69%, devolviendo el 7,31% al trabajador. Cada año aumentará la cotización conforme aumente la retención y el porcentaje devuelto irá bajando. En este caso, para la determinación de los subsidios de salud y ATEP a los que tenga derecho, se calcularán  sobre la base de la renta que efectivamente cotizó.