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Ley N°21.150, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Con fecha 16 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.150 que modifica la Ley N°20.530 creando el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que tiene por objeto Incorporar a las familias en el contexto del diseño y aplicación de las políticas, planes y programas sociales, como sujetos de atención del nuevo Ministerio.

 

Tal como lo señala nuestra Constitución Política en su artículo 1° inciso segundo, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad siendo deber del Estado darle protección y propender a su fortalecimiento. Por ello, el Estado debe cumplir un rol subsidiario de apoyo a los integrantes de la familia, entendiendo que dicho apoyo opera toda vez que ella no puede brindar a sus integrantes la seguridad y contención que éstos requieren.

 

Para efectos de esta ley se entiende por familia el núcleo fundamental de la sociedad, compuesto por personas unidas por vínculos de parentesco o de pareja, en que existen relaciones de naturaleza afectiva y de apoyo mutuo, que generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos.

 

Como fundamento del proyecto se señala que más allá de una definición acerca de quienes integran el núcleo familiar, la ley debe centrarse en el importante rol que cumple la familia en la sociedad y en nuestras vidas, llevando al centro de la política social, el apoyo y el fortalecimiento de las familias, de manera de generar las condiciones que les permitan alcanzar la mejor calidad de vida posible y un desarrollo pleno e integral. En este contexto, el objetivo de la política social es apoyar a las familias a lo largo del ciclo vital, desde la infancia hasta la cuarta edad, especialmente en momentos de vulnerabilidad, sobre la base de un diagnóstico que indica que las familias, además de la diversidad en su composición y heterogeneidad, tienen temores fundados respecto de ciertos aspectos de la vida que no están bien resueltos, como enfermedades, pérdida del empleo e incluso, el acceso a la educación superior.

 

La Ley establece el deber del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de equidad y/o desarrollo social, a nivel nacional y regional, desde un enfoque familiar y de integración social, en los casos que corresponda. Se entiende por enfoque familiar la implementación de políticas sociales que pongan foco en las familias y en su entorno territorial, social y sociocultural. Asimismo este Ministerio velará porque dichos planes y programas se implementen en forma descentralizada o desconcentrada, en su caso, preservando la coordinación con otros servicios públicos.

 

En el año 2011, la Ley N°20.530 otorgó al Ministerio de Desarrollo Social la función de coordinar los programas sociales del Estado. Bajo este nuevo enfoque, el nuevo Ministerio de Familia y Desarrollo Social mirará y comprenderá a la persona desde un enfoque y contexto familiar, entendiendo que, para dar respuesta a las necesidades de una persona, debemos mirar la situación de toda su familia y no solo la situación particular y aislada de ésta.

 

Como misión, el Ministerio estará destinado a colaborar con el Presidente de la República en el diseño, implementación y coordinación de políticas, planes y programas destinados a la protección social de personas, grupos y familias enfrentadas a contingencias o eventos adversos que podrían conducirlos a una situación de vulnerabilidad.

 

En la nueva normativa se entiende por personas o grupos y familias en riesgo de vulnerabilidad, a aquellos que sin ser vulnerables por razones sociales, económicas, de salud, entre otras, pueden verse enfrentadas a la pérdida de su estabilidad requiriendo un esfuerzo público especial para prevenir el desmejoramiento de sus condiciones de vida y bienestar social.

 

La propuesta adapta un conjunto de normas y atribuciones del Ministerio ya existentes al nuevo enfoque de familia, al tiempo que introduce nuevas funciones en la misma línea. Así, por ejemplo, se establece que la cartera podrá promover el fortalecimiento de las familias y el rol que estas cumplen en el ámbito de la vida en sociedad, potenciando el desarrollo, el trato digno y el apoyo mutuo entre quienes las componen, propendiendo a su estabilidad y proyección en el tiempo.

 

Finalmente la nueva Ley establece que un reglamento expedido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y suscrito además por el Ministro de Hacienda, regulará los informes sobre el seguimiento de la gestión e implementación de los programas sociales que estén siendo ejecutados por los servicios públicos relacionados o dependientes de éste y de otros ministerios, determinando, entre otros aspectos, el contenido, las etapas, los plazos, la periodicidad y, en general, las normas necesarias para asegurar la transparencia del proceso de evaluación.

Reglamento de la ley que regula entrevistas grabadas y otras medidas de resguardo a menores víctimas de delitos sexuales.

Con fecha 2 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial el Reglamento de la Ley N°21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 29 de la citada Ley.

 

Cabe recordar que con fecha 20 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.057, que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales. El principal objeto de esta Ley es prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA), para así evitar toda consecuencia negativa que éstos puedan sufrir con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos que menciona dicha Ley.

 

Por su parte, el artículo 29 de la Ley mandata al Ministerio de Justicia a dictar un reglamento para establecer las condiciones y requisitos que deberán cumplir los programas de los cursos de formación especializada en metodología y técnicas de entrevista y declaración judicial del NNA; la forma, condiciones y requisitos para la implementación del programa de formación continua, seguimiento y evaluación de las personas que efectuarán las entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones judiciales; la forma, condiciones y requisitos para el desarrollo de los procesos de acreditación de los entrevistadores y su vigencia; las especificaciones técnicas de las salas en que se desarrollen la entrevista investigativa videograbada y declaración judicial del NNA; los estándares mínimos para la producción, almacenamiento, custodia y disposición de los registros de la entrevista investigativa videograbada y declaración judicial del NNA; la forma, condiciones, plazos y requisitos para revalidar la acreditación de entrevistador y cualquier otro aspecto necesario para la correcta implementación del sistema de entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones judiciales del NNA. En este sentido, destaca en el Reglamento lo siguiente:

a) La denuncia, entrevista investigativa videograbada y de la declaración judicial.

 

  1. La denuncia efectuada por un NNA se recibirá garantizando su participación voluntaria brindándole seguridad y controlando la presencia de otras personas.
  2. La entrevista se realizará por un entrevistador designado por el fiscal con acreditación vigente en el Registro de Entrevistadores. El propósito de la entrevista será proporcionar antecedentes que puedan orientar el desarrollo de la investigación penal mediante la información que el NNA entregue de los hechos denunciados y de sus partícipes, cualquiera sea la forma en que ésta se exprese, procurando, por esta vía, evitar la exposición reiterada e injustificada del NNA a instancias que busquen establecer la ocurrencia de los hechos materia de la investigación y de la participación criminal.
  3. La entrevista se desarrollará en una Sala de Entrevistas Investigativas, en una Sala Gesell habilitada o en una Sala Especial, en la que solo estarán presentes el entrevistador y el NNA. Estas salas se encuentran definidas en el artículo 2° del Reglamento.
  4. Por su parte, la declaración judicial tendrá por objeto que el NNA preste declaración en juicio con intervención de un entrevistador que actuará como intermediario, el cual será designado por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, con acreditación vigente en el Registro de Entrevistadores. El intermediario actuará como facilitador, formulando al menos las preguntas que dirigen los intervinientes por intermedio del juez, en un lenguaje y modo adecuados a su edad, madurez y condición psíquica. Esta declaración se desarrollará en la Sala Especial del tribunal respectivo.

B) Disposiciones comunes a la entrevista investigativa videograbada y la declaración judicial:

 

  1. Los entrevistadores deberán tener formación especializada en metodología y técnicas de entrevista investigativa videograbada y declaración judicial a menores y contar con acreditación vigente otorgada por el Ministerio de Justicia.
  2. Las salas en las que se desarrollen la entrevista y declaración judicial deberán contar con condiciones que protejan la privacidad de la interacción con el NNA; resguarden la seguridad del NNA; permitan controlar la presencia de participantes; sean tecnológicamente adecuadas para videograbar el relato que preste el NNA y, en el caso de la declaración judicial, para su reproducción instantánea y su intercomunicación con la sala de audiencia.
  3. También se establecen especificaciones técnicas en cuanto a la estructura constructiva de la Sala de Entrevistas Investigativas y de la Sala Especial, su habilitación, aislamiento y adecuación.
  4. Asimismo se enumeran los estándares mínimos para la producción, almacenamiento, custodia y disposición de los registros de la entrevista y declaración judicial.

C) El curso inicial de formación especializada y el programa de formación continua.

 

  1. El Curso Inicial de Formación Especializada (CIFE) y el Programa de Formación Continua (PFC) son actividades de formación de desarrollo complementario y coordinado, cuyo objetivo es formar entrevistadores para que realicen correctamente cada una de las fases de la entrevista investigativa videograbada y/o de la declaración judicial, según corresponda al rol que deba desarrollar dentro del sistema procesal penal. Estos programas, además, deberán cumplir con el estándar técnico necesario para que los entrevistadores interactúen con el NNA, considerando su calidad de sujetos de derechos, sus particularidades y el contexto procesal chileno.
  2. Señala la Ley que la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial podrán impartir estos cursos de formación especializada.
  3. El CIFE es una actividad de formación que incorpora contenidos y actividades que permiten a los participantes desarrollar correctamente cada una de las fases de la entrevista investigativa videograbada y/o de la declaración judicial, según corresponda al rol que deba desarrollar dentro del sistema procesal penal, considerando el contexto penal chileno y las particularidades del NNA víctima de alguno de los delitos señalados en el inciso primero del artículo 1° de la Ley.
  4. Por su parte, el PFC es una instancia de capacitación, seguimiento y evaluación permanente del entrenamiento, competencias y destrezas adquiridos por el entrevistador en el CIFE, que involucra un proceso continuo de supervisión y retroalimentación del desempeño del entrevistador, de modo de lograr que se mantengan y potencien los conocimientos y competencias aprendidas.

 

  1. Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

 

Le corresponderá al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ejercer una serie de funciones, dentro de las cuales destacan la coordinación de la actuación de los organismos encargados de dar cumplimiento a la Ley, en el marco de las sesiones de la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal; la evaluación del sistema; la acreditación de los entrevistadores y la mantención y administración de un registro actualizado de los entrevistadores con acreditación vigente.

Ley N°21.147 que modifica la Ley de Tránsito respecto al uso de vidrios oscuros en vehículos motorizados.

Con fecha 1° de marzo de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.147 que modifica el número 1 del artículo 75 de la Ley de Tránsito (Ley N° 18.290), relativo al uso de vidrios oscuros o polarizados en vehículos motorizados, con el objetivo de perfeccionar el uso adecuado de los vidrios oscuros en este tipo de vehículos, introduciendo un cambio formal desde la regla general de prohibición. La citada disposición prohibía la utilización de vidrios oscuros o polarizados como regla general, especificando que los vehículos debían estar provistos de “vidrios de seguridad que permitan una perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo”. Sin embargo, autorizaba que un reglamento señalara aquellos casos en que se permitía su uso. Esto generaba una situación de incertidumbre jurídica, en cuanto a que las disposiciones reglamentarias autorizaban el uso de vidrios oscuros o polarizados en vehículos que los tuvieran incorporados desde su fabricación y sólo en sus ventanas traseras.

 

La idea matriz o fundamental de la nueva Ley fue modificar la Ley de Tránsito, con el propósito de dar certeza a la ciudadanía sobre el adecuado uso de vidrios oscuros o polarizados, rescatando la primera parte de la citada redacción[1] pero reemplazando lo referente a los vidrios oscuros de la siguiente forma: “Podrá contar con vidrios oscuros o polarizados que cumplan con los factores de transmisión regular de la luz u otras cualidades ópticas y las certificaciones establecidas en el reglamento”.

 

En este sentido, la historia de la Ley señala que las actuales tecnologías en uso permiten, conforme especificaciones técnicas y parámetros adecuados, la incorporación de vidrios oscuros o polarizados a diversos vehículos distintos a los de fábrica, en cuanto cumplan con las especificaciones aprobadas por los departamentos técnicos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Agrega que se cuenta con los elementos tecnológicos que permiten fiscalizar su correcto uso a través de los servicios que otorgan las plantas de revisión técnica de vehículos motorizados, lo cual asegurará su correcta implementación.

 

Sin embargo, transcurrido un mes de la publicación de la Ley, expertos buscan que la norma se revierta, pues afirman que ésta complica la fiscalización de varias reglas de tránsito al interior de vehículos, como el uso del cinturón de seguridad; si los niños van en sistema de retención infantil; o si, al conducir, los conductores van chateando o hablando por teléfono. Además la Ley enfrenta otros problemas, ya que a pesar de su publicación en el Diario Oficial, los reglamentos que la hacen operativa aún no están en elaboración, lo que ha provocado, por ejemplo, que las plantas de revisión técnica se rijan por la legislación antigua y prohíban el uso de vidrios polarizados. Como consecuencia de lo anterior, el cambio a la normativa podría darse en el Senado, ya que la comisión de Transportes discute un proyecto que busca modificar la Ley de Tránsito, en el cual se podría incluir un artículo que volviera a prohibir el uso de vidrios polarizados[2].

[1] “Vidrios de seguridad que permitan una perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo”

[2] Fuente: https://digital.elmercurio.com/2019/03/26/C/RL3ILK4J#zoom=page-width

Actualidad

Reglamento de la ley que regula entrevistas grabadas y otras medidas de resguardo a menores víctimas de delitos sexuales.

Con fecha 2 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial el Reglamento de la Ley N°21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 29 de la citada Ley.

 

Cabe recordar que con fecha 20 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.057, que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales. El principal objeto de esta Ley es prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA), para así evitar toda consecuencia negativa que éstos puedan sufrir con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos que menciona dicha Ley.

 

Por su parte, el artículo 29 de la Ley mandata al Ministerio de Justicia a dictar un reglamento para establecer las condiciones y requisitos que deberán cumplir los programas de los cursos de formación especializada en metodología y técnicas de entrevista y declaración judicial del NNA; la forma, condiciones y requisitos para la implementación del programa de formación continua, seguimiento y evaluación de las personas que efectuarán las entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones judiciales; la forma, condiciones y requisitos para el desarrollo de los procesos de acreditación de los entrevistadores y su vigencia; las especificaciones técnicas de las salas en que se desarrollen la entrevista investigativa videograbada y declaración judicial del NNA; los estándares mínimos para la producción, almacenamiento, custodia y disposición de los registros de la entrevista investigativa videograbada y declaración judicial del NNA; la forma, condiciones, plazos y requisitos para revalidar la acreditación de entrevistador y cualquier otro aspecto necesario para la correcta implementación del sistema de entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones judiciales del NNA. En este sentido, destaca en el Reglamento lo siguiente:

a) La denuncia, entrevista investigativa videograbada y de la declaración judicial.

 

  1. La denuncia efectuada por un NNA se recibirá garantizando su participación voluntaria brindándole seguridad y controlando la presencia de otras personas.
  2. La entrevista se realizará por un entrevistador designado por el fiscal con acreditación vigente en el Registro de Entrevistadores. El propósito de la entrevista será proporcionar antecedentes que puedan orientar el desarrollo de la investigación penal mediante la información que el NNA entregue de los hechos denunciados y de sus partícipes, cualquiera sea la forma en que ésta se exprese, procurando, por esta vía, evitar la exposición reiterada e injustificada del NNA a instancias que busquen establecer la ocurrencia de los hechos materia de la investigación y de la participación criminal.
  3. La entrevista se desarrollará en una Sala de Entrevistas Investigativas, en una Sala Gesell habilitada o en una Sala Especial, en la que solo estarán presentes el entrevistador y el NNA. Estas salas se encuentran definidas en el artículo 2° del Reglamento.
  4. Por su parte, la declaración judicial tendrá por objeto que el NNA preste declaración en juicio con intervención de un entrevistador que actuará como intermediario, el cual será designado por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, con acreditación vigente en el Registro de Entrevistadores. El intermediario actuará como facilitador, formulando al menos las preguntas que dirigen los intervinientes por intermedio del juez, en un lenguaje y modo adecuados a su edad, madurez y condición psíquica. Esta declaración se desarrollará en la Sala Especial del tribunal respectivo.

B) Disposiciones comunes a la entrevista investigativa videograbada y la declaración judicial:

 

  1. Los entrevistadores deberán tener formación especializada en metodología y técnicas de entrevista investigativa videograbada y declaración judicial a menores y contar con acreditación vigente otorgada por el Ministerio de Justicia.
  2. Las salas en las que se desarrollen la entrevista y declaración judicial deberán contar con condiciones que protejan la privacidad de la interacción con el NNA; resguarden la seguridad del NNA; permitan controlar la presencia de participantes; sean tecnológicamente adecuadas para videograbar el relato que preste el NNA y, en el caso de la declaración judicial, para su reproducción instantánea y su intercomunicación con la sala de audiencia.
  3. También se establecen especificaciones técnicas en cuanto a la estructura constructiva de la Sala de Entrevistas Investigativas y de la Sala Especial, su habilitación, aislamiento y adecuación.
  4. Asimismo se enumeran los estándares mínimos para la producción, almacenamiento, custodia y disposición de los registros de la entrevista y declaración judicial.

C) El curso inicial de formación especializada y el programa de formación continua.

 

  1. El Curso Inicial de Formación Especializada (CIFE) y el Programa de Formación Continua (PFC) son actividades de formación de desarrollo complementario y coordinado, cuyo objetivo es formar entrevistadores para que realicen correctamente cada una de las fases de la entrevista investigativa videograbada y/o de la declaración judicial, según corresponda al rol que deba desarrollar dentro del sistema procesal penal. Estos programas, además, deberán cumplir con el estándar técnico necesario para que los entrevistadores interactúen con el NNA, considerando su calidad de sujetos de derechos, sus particularidades y el contexto procesal chileno.
  2. Señala la Ley que la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial podrán impartir estos cursos de formación especializada.
  3. El CIFE es una actividad de formación que incorpora contenidos y actividades que permiten a los participantes desarrollar correctamente cada una de las fases de la entrevista investigativa videograbada y/o de la declaración judicial, según corresponda al rol que deba desarrollar dentro del sistema procesal penal, considerando el contexto penal chileno y las particularidades del NNA víctima de alguno de los delitos señalados en el inciso primero del artículo 1° de la Ley.
  4. Por su parte, el PFC es una instancia de capacitación, seguimiento y evaluación permanente del entrenamiento, competencias y destrezas adquiridos por el entrevistador en el CIFE, que involucra un proceso continuo de supervisión y retroalimentación del desempeño del entrevistador, de modo de lograr que se mantengan y potencien los conocimientos y competencias aprendidas.

 

  1. Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

 

Le corresponderá al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ejercer una serie de funciones, dentro de las cuales destacan la coordinación de la actuación de los organismos encargados de dar cumplimiento a la Ley, en el marco de las sesiones de la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal; la evaluación del sistema; la acreditación de los entrevistadores y la mantención y administración de un registro actualizado de los entrevistadores con acreditación vigente.

Ley N°21.147 que modifica la Ley de Tránsito respecto al uso de vidrios oscuros en vehículos motorizados.

Con fecha 1° de marzo de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.147 que modifica el número 1 del artículo 75 de la Ley de Tránsito (Ley N° 18.290), relativo al uso de vidrios oscuros o polarizados en vehículos motorizados, con el objetivo de perfeccionar el uso adecuado de los vidrios oscuros en este tipo de vehículos, introduciendo un cambio formal desde la regla general de prohibición. La citada disposición prohibía la utilización de vidrios oscuros o polarizados como regla general, especificando que los vehículos debían estar provistos de “vidrios de seguridad que permitan una perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo”. Sin embargo, autorizaba que un reglamento señalara aquellos casos en que se permitía su uso. Esto generaba una situación de incertidumbre jurídica, en cuanto a que las disposiciones reglamentarias autorizaban el uso de vidrios oscuros o polarizados en vehículos que los tuvieran incorporados desde su fabricación y sólo en sus ventanas traseras.

 

La idea matriz o fundamental de la nueva Ley fue modificar la Ley de Tránsito, con el propósito de dar certeza a la ciudadanía sobre el adecuado uso de vidrios oscuros o polarizados, rescatando la primera parte de la citada redacción[1] pero reemplazando lo referente a los vidrios oscuros de la siguiente forma: “Podrá contar con vidrios oscuros o polarizados que cumplan con los factores de transmisión regular de la luz u otras cualidades ópticas y las certificaciones establecidas en el reglamento”.

 

En este sentido, la historia de la Ley señala que las actuales tecnologías en uso permiten, conforme especificaciones técnicas y parámetros adecuados, la incorporación de vidrios oscuros o polarizados a diversos vehículos distintos a los de fábrica, en cuanto cumplan con las especificaciones aprobadas por los departamentos técnicos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Agrega que se cuenta con los elementos tecnológicos que permiten fiscalizar su correcto uso a través de los servicios que otorgan las plantas de revisión técnica de vehículos motorizados, lo cual asegurará su correcta implementación.

 

Sin embargo, transcurrido un mes de la publicación de la Ley, expertos buscan que la norma se revierta, pues afirman que ésta complica la fiscalización de varias reglas de tránsito al interior de vehículos, como el uso del cinturón de seguridad; si los niños van en sistema de retención infantil; o si, al conducir, los conductores van chateando o hablando por teléfono. Además la Ley enfrenta otros problemas, ya que a pesar de su publicación en el Diario Oficial, los reglamentos que la hacen operativa aún no están en elaboración, lo que ha provocado, por ejemplo, que las plantas de revisión técnica se rijan por la legislación antigua y prohíban el uso de vidrios polarizados. Como consecuencia de lo anterior, el cambio a la normativa podría darse en el Senado, ya que la comisión de Transportes discute un proyecto que busca modificar la Ley de Tránsito, en el cual se podría incluir un artículo que volviera a prohibir el uso de vidrios polarizados[2].

[1] “Vidrios de seguridad que permitan una perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo”

[2] Fuente: https://digital.elmercurio.com/2019/03/26/C/RL3ILK4J#zoom=page-width

Ley N°21.142, que incorpora en el Código del Trabajo el contrato de teleoperadores.

Con fecha 1° de marzo de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.144 que incorpora en el Código del Trabajo el contrato de teleoperadores, con el fin de erradicar las malas prácticas y poner fin a la precariedad laboral en el sector.

 

En los últimos años la industria del call center ha sufrido una fuerte expansión debido a su innovadora forma de trabajo. Sin embargo, esta modalidad ha planteado problemas laborales específicos. Así lo demostró un estudio encargado por la Inspección de Trabajo Británica (HSE) a la Universidad de Sheffield, que concluyó que trabajar como teleoperador es más estresante que otros trabajos, como secretario, técnico de mantenimiento, auxiliares o trabajadores manuales.

 

A nivel global, los trabajadores de los call centers han planteado inquietudes similares, a saber: remuneraciones, estrés, tiempos y cargas de trabajo, igualdad de oportunidades y condiciones de trabajo. Este último aspecto ha sido objeto de las principales quejas y denuncias por los sindicatos y la prensa.

 

En efecto, según un artículo de prensa[1], un estudio desarrollado en Alemania demuestra que el 60% del personal que trabaja en call centers denuncia que su trabajo se resiente como consecuencia de los constantes cambios que se introducen a diario en sus tareas y por la rapidez con que éstos deben ser asimilados.

 

En este sentido, en Chile la industria de los call centers ha tenido una gran expansión desde la década de los 90´, debido a que las empresas nacionales han tendido a tercerizar los servicios tecnológicos. Ello ha requerido de complejas formas de organización de trabajo ajustadas a un servicio que funcione las 24 horas del día, todos los días de la semana y los 365 días del año y ha presentado desafíos para adaptar las relaciones laborales a nuevas modalidades de contratación.

 

En la práctica este fenómeno se ha desarrollado bajo dos modalidades de contratación:

 

a) Régimen de Subcontratación: Al menos 60 empresas funcionan bajo esta modalidad, las que en su mayoría se encuentran asociadas a la ACEC[2]. Esta asociación representa a las principales empresas de la industria del call center y contact center de Chile y donde se emplean más de 30.000 personas.

 

b) Teletrabajo: La otra modalidad de desarrollo de los call centers ha sido mediante la forma de contratación denominada teletrabajo, figura introducida por la Ley N°19.759, que introdujo un nuevo inciso cuarto al artículo 22 del Código del Trabajo, incorporando la figura del teletrabajador y también del teleoperador.

 

En este contexto, el nuevo texto legal consta de un artículo único que agrega un capítulo denominado “Del contrato de teleoperadores” el cual consta de los nuevos artículos 152 quáter, 152 quáter A, 152 quáter B, 152 quáter C, 152 quáter D, 152 quáter E y 152 quáter F, que regulan las disposiciones referentes a dichos contratos, destacando lo siguiente:

 

1.  En primer lugar, establece que este tipo de contrato reglamenta la prestación de servicios para contactar o ser contactados con terceros, sea por la vía telefónica, medios telemáticos, aplicación de tecnología digital o cualquier otro medio electrónico, para la atención, información o asesoramiento de soporte técnico, comercial o administrativo, venta o promoción de productos o servicios, en un lugar habilitado por el empleador, denominado centro de contacto o de llamadas.

 

2. Además, dispone la obligación de incorporar en el contrato de trabajo respectivo, todas las operaciones por las cuales el trabajador perciba remuneraciones fijas o variables, las que deberán ser acordadas por las partes y se resguarda que deberán construirse sobre la base de parámetros individuales, objetivos y verificables, sin perjuicio de las metas colectivas que se puedan pactar, prohibiendo imponer al trabajador el cumplimiento de metas, servicios o tareas que no cumplan tales condiciones ni aún bajo promesa de la entrega de bonos o premios especiales.

 

3. Los trabajadores de un centro de contacto o de llamadas que estén sujetos a conexión continua tendrán derecho a una pausa mínima de 10 segundos entre cada atención. Asimismo, tendrán derecho a descansos por un total de 30 minutos durante el día, los que serán planificados en acuerdo con el empleador y no podrán ser de duración inferior a 10 minutos.

4. Los trabajadores que lleven 6 meses prestando servicios en forma continua, podrán realizarse exámenes médicos preventivos anuales, con el objetivo de detectar de forma temprana enfermedades profesionales asociadas a la actividad en la cual se desempeñen, disponiendo que el tiempo que se emplee en la realización de estos exámenes será considerado como trabajado para todos los efectos legales.

 

5. Con respecto a las condiciones ambientales, entrega a un reglamento su regulación, incluidas la normas de seguridad y salud en el trabajo que deberán cumplir los establecimientos destinados a prestar servicios como centros de contacto o de llamadas.

 

6. Otro Reglamento deberá dictarse para determinar las condiciones físicas y ergonómicas en que deben prestar servicios los trabajadores regidos por la nueva normativa, así como los exámenes preventivos que deberán realizarse periódicamente.

 

7. Finalmente dispone que la Ley entrará en vigor el primer día del sexto mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial, esto es, el 1° de septiembre de 2019. En la misma fecha deberán ser dictados los reglamentos señalados.

 

 

 

 

[1]  “Los empleados de call center insatisfechos con sus condiciones” ver en: https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/marketing/los-empleados-de-call-centers-insatisfechos-con-sus-condiciones-de-trabajo

[2] http://www.acec.cl/