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La aplicación del Código del Trabajo y la existencia de relación laboral en el personal contratado a honorarios en el sector público.

La calidad jurídica del personal contratado a honorarios en el sector público ha sido objeto de múltiples discusiones a nivel jurisprudencial y doctrinario, llegándose a la conclusión mayoritaria de que se trata de uno de los trabajadores más desprotegidos de la legislación chilena, pues no hay discusión de que, en muchos casos, se trata de trabajadores que prestan sus servicios personales bajo vínculo y subordinación de un empleador, el Fisco, materializado formalmente en un “contrato de prestación de servicios a honorarios” que encubre, en el fondo, un contrato individual de trabajo.

 

La Cuarta Sala de la Corte Suprema en fallo dividido de 30 de abril de 2014, determinó que los funcionarios públicos también pueden ser objeto de los procedimientos de tutela laboral, en el marco de los procesos que se siguen ante los Juzgados de Letras del Trabajo. A partir de entonces nació un intenso debate que ha generado que las últimas resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) dejen abierta la posibilidad de que los tribunales con competencia en materia laboral puedan aplicar tanto el Código del Trabajo como el Código Civil a los trabajadores a honorarios del Estado que son despedidos sin indemnización.

 

De esta forma, actualmente el TC ha sentado jurisprudencia, sincronizando su criterio con el que ya había expresado largamente la Corte Suprema y está declarando inadmisibles los requerimientos de inaplicabilidad que han interpuesto los organismos públicos en contra de las sentencias condenatorias dictadas por los tribunales ordinarios. Como bien sabemos, a este tipo de empleados no se los considera funcionarios públicos, por lo cual queda en manos de los jueces la aplicación del Código del Trabajo en aquellos casos en que se demuestre la dependencia y subordinación, lo que implica acceder a tutelas laborales, indemnizaciones, cotizaciones previsionales y vacaciones, entre otros derechos estipulados por ley. Esto, a diferencia de lo que ha dicho el TC respecto de los funcionarios a contrata, para los cuales rige un régimen especial (Estatuto Administrativo) y no el Código del Trabajo, casos en los cuales sí se han acogido requerimientos de este tipo.

 

Finalmente y sin perjuicio de lo anterior, la problemática de los trabajadores contratados a honorarios en el sector público debe ser abordada desde el derecho administrativo –con sus normas y principios- y no generando un trasplante automático de las reglas e instituciones del derecho del trabajo puesto que la relación entre el Estado y el funcionario público no es idéntica a la relación entre el Empleador y el trabajador en el sector privado. La relación de preeminencia del Estado sobre los particulares en el ámbito del derecho público administrativo encuentra su justificación en el interés general que el primero está llamado a satisfacer, en virtud de diversos mandatos constitucionales que no sólo obran como un límite al ejercicio del poder público, sino que también como mandatos de optimización de ciertos bienes o valores colectivos constitucionalmente legítimos y valiosos.

 

Así, las mejoras necesarias de introducir en el ámbito normativo de la función pública –las cuales son evidentes-, deben hacerse desde el derecho administrativo, única manera de conciliar adecuadamente los derechos individuales de los funcionarios públicos y los intereses generales, el bien común de la colectividad, que está llamado a satisfacer la Administración del Estado.

 

Ley N°21.133, que modifica las normas para la incorporación de trabajadores independientes a los regímenes de protección social.

Con fecha 2 de febrero de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.133, que modifica las normas para la incorporación de trabajadores independientes a los regímenes de protección social.

 

La nueva normativa establece un nuevo mecanismo obligatorio y gradual de cotización para incorporar a los trabajadores que emiten boletas de honorarios a los regímenes de Protección Social, contemplando incluso una alternativa de cotización inicial menor para quienes no puedan destinar el total de su devolución de impuestos a los pagos previsionales.

 

De esta manera, la cotización obligatoria para estos trabajadores, originada en la reforma de 2008, dará acceso a todos los beneficios de la seguridad social a más de 500 mil trabajadores a honorarios, asegurándoles el acceso a la misma protección con la que cuentan los trabajadores dependientes y desde el primer día. En este sentido, el texto legal establece un mecanismo que mantiene la obligatoriedad del pago de las cotizaciones a través de la Declaración Anual de Impuesto a la Renta de cada año a partir de 2019, con cargo a la retención del 10% de impuestos. Pero, a diferencia de la normativa anterior, establece un incremento gradual de la retención de impuestos en un 0,75% anual a partir del año 2020 y el noveno año se incrementará en un 1%, para llegar a 17% en 2028, como se aprecia en el siguiente listado:

 

Año 2018:10%

 

Año 2019: 10,75%

 

Año 2020: 11,5%

 

Año 2021: 12,25%

 

Año 2022: 13%

 

Año 2023: 13,75%

 

Año 2024: 14,5%

 

Año 2025: 15,25%

 

Año 2026: 16%

 

Año 2027: 17%.

 

Los obligados a cotizar son los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios por un monto bruto anual igual o mayor a 5 ingresos mínimos mensuales ($1,3 millones totales en el año). Se estima que estos sumen unos 577 mil trabajadores, la mitad de los obligados bajo la ley que estaba vigente. No estarán obligados a cotizar los hombres mayores de 55 años al 1° de enero de 2018 y las mujeres mayores de 50 años a esa misma fecha y quienes hayan percibido menos de cuatro ingresos mínimos mensuales en el año.

 

La Base Imponible sobre la cual se calcularán las cotizaciones para los distintos regímenes de Seguridad Social, será el 80% de la Renta Bruta Anual, por lo que la cotización equivale al 17% de los ingresos brutos del año calendario anterior. Así, la obligación de cotizar para todos los regímenes será anual, materializándose en la Declaración Anual de Impuestos de abril de cada año. El pago anual de estas cotizaciones dará cobertura para todos los regímenes previsionales, entre julio del año del pago de las cotizaciones y junio del año siguiente (12 meses). Así, la obligación de cotizar se iniciará en la Declaración Anual de Impuestos del 2019 por las rentas del 2018 dando cobertura desde julio de 2019 hasta junio de 2020.

 

La retención del 10% (que llegará en diez años a un 17%) permitirá pagar el 100% de las cotizaciones previsionales en un nuevo orden:

 

– Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

 

– Seguro de Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales (ATEP).

 

– Seguro de Acompañamiento de Niños y Niñas (Ley SANNA).

 

– Salud.

 

– Pensiones

 

La fórmula permite a los trabajadores independientes acceder a los subsidios monetarios (pago de licencias médicas) otorgados por estos regímenes, calculados sobre el 100% de la base imponible, lo que corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas obtenidas por el trabajador independiente en el año calendario anterior a la declaración de impuesto.

 

La cotización para pensiones está al final del orden de los pagos y se irá incrementando gradualmente. Su monto se calculará como la diferencia entre la retención y el pago realizado a los diferentes regímenes previsionales mencionados. En el año 2019 sólo se cotizará cerca de un 3% de la renta imponible anual para pensión, cotización que subirá en paralelo al alza de la retención, alcanzando en el 10° año al 10% más la comisión correspondiente a la Administradora de Fondos de Pensiones. De esta forma, estos trabajadores quedan cubiertos en un 100% desde el primer año, luego de destinar la retención del 10% a las cotizaciones de Seguridad Social, mientras que el ahorro para pensiones aumentará gradualmente.

 

Por otra parte, la nueva Ley contempla también una alternativa transitoria para quienes no estén en condiciones de destinar desde el año 2019 el total de su retención de impuestos al pago de cotizaciones previsionales. Esta consiste en la posibilidad de cotizar para pensiones y salud por un porcentaje menor de la Renta Imponible, el que subirá anualmente, partiendo con cotizaciones sobre el 5% de la renta imponible el primer año, 17% el segundo, e incrementándose paulatinamente hasta llegar a 100% el décimo año, contados desde la publicación de la Ley.  De esta manera, el primer año se retendrá para pagos de seguridad social el 2,69%, devolviendo el 7,31% al trabajador. Cada año aumentará la cotización conforme aumente la retención y el porcentaje devuelto irá bajando. En este caso, para la determinación de los subsidios de salud y ATEP a los que tenga derecho, se calcularán  sobre la base de la renta que efectivamente cotizó.

 

 

 

Ley 21.140 perfecciona el Sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboladores del SENAME y que aumenta su régimen de subvención.

Con fecha 31 de enero se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 21.140 que  “Modifica la Ley N° 20.032, que establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename, y su régimen de subvención y el decreto ley Nº 2.465, del año 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica”.

En general, la nueva normativa duplica el monto de la subvención para las instituciones colaboradoras en un plazo de tres años, comenzando el primer año con un aumento de 35%, es decir, en la primera etapa, se suben los actuales 388 mil pesos promedio por cada niño a 523 mil pesos en promedio además de imponer nuevas exigencias e inhabilidades para estos organismos, así como obligaciones y responsabilidades adicionales para el Sename.

 

En particular, la ley establece  que la acción del Sename y sus colaboradores deberán contemplar entre sus principios rectores: el respeto, la promoción, la reparación y la protección de los derechos humanos de las personas menores de dieciocho años contenidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, los demás tratados internacionales en la materia ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y las leyes dictadas conforme a ellos, asegurando las condiciones que otorguen el necesario bienestar biopsicosocial, así como la efectividad de sus derechos y las condiciones ambientales y oportunidades que los niños, niñas y adolescentes requieren según su etapa de desarrollo, mediante una intervención oportuna y de calidad.

 

En este sentido, el Servicio deberá supervigilar, fiscalizar y evaluar periódicamente la ejecución y resultado de las diversas líneas de acción que desarrollen los colaboradores acreditados, en los ámbitos técnicos y financieros, y en otros que resulten relevantes para su adecuado desempeño, basándose en nuevos principios como la probidad en el ejercicio de las funciones que ejecutan los directivos y personal de las instituciones colaboradoras; la responsabilidad en el ejercicio del rol público que desarrollan; obligación de trato digno, no discriminativo; objetividad, calidad, idoneidad y especialización del trabajo; y deber de participación e información en cada etapa de la intervención. Así, agrega que la línea de acción de diagnóstico será de ejecución exclusiva, no pudiendo los organismos colaboradores acreditados que la desarrollen ejecutar ninguna otra, con el objeto de resguardar la independencia e imparcialidad de los mismos respecto de las demás líneas de acción.

 

Por otra parte, la ley precisa ciertas definiciones como las de colaboradores acreditados; Registro público de colaboradores acreditados y proyectos; líneas de acción subvencionables y  Unidad de subvención SENAME entre otros.

 

Al mismo tiempo, se perfeccionan las normas que inhabilitan a determinadas personas a prestar servicios a estas entidades, como por ejemplo personas que figuren en el registro de personas con prohibición para trabajar con menores de edad; las que figuren en el registro de condenados por actos de violencia intrafamiliar, funcionarios públicos que ejerzan funciones de fiscalización o control sobre los colaboradores acreditados. Prescribe que el reconocimiento de colaborador acreditado podrá revocarse a través de una resolución fundada del Director Nacional del Servicio, cuando el SENAME en más de una ocasión haya puesto término anticipado a un convenio respecto de un mismo colaborador acreditado, además de señalar que son inhábiles para desempeñar labores de trato directo, los que tuvieren dependencia grave de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico o sea consumidor problemático de alcohol.

 

Finalmente, se condicionan a determinados elementos las bases para ponderar a las instituciones como la idoneidad, oportunidad, la calidad de la propuesta técnica de intervención orientada a la reparación y restitución de derechos, gestión de redes, acciones de revinculación familiar, entre otros. Se especifica que la evaluación de los convenios se dirigirá a verificar principios como el respeto, la promoción y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de sus familias; el cumplimiento de los objetivos del convenio; el logro de los resultados esperados; y la calidad de la atención que reciben los menores de edad y sus familias, describiendo para ello, criterios objetivos a seguir.

 

La ley ordena que, dentro del plazo de seis meses de dictada la ley, el Sename confeccione el registro de las entidades coadyuvantes y define la entrada en vigencia de determinadas incompatibilidades.

Actualidad

Ley N°21.133, que modifica las normas para la incorporación de trabajadores independientes a los regímenes de protección social.

Con fecha 2 de febrero de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.133, que modifica las normas para la incorporación de trabajadores independientes a los regímenes de protección social.

 

La nueva normativa establece un nuevo mecanismo obligatorio y gradual de cotización para incorporar a los trabajadores que emiten boletas de honorarios a los regímenes de Protección Social, contemplando incluso una alternativa de cotización inicial menor para quienes no puedan destinar el total de su devolución de impuestos a los pagos previsionales.

 

De esta manera, la cotización obligatoria para estos trabajadores, originada en la reforma de 2008, dará acceso a todos los beneficios de la seguridad social a más de 500 mil trabajadores a honorarios, asegurándoles el acceso a la misma protección con la que cuentan los trabajadores dependientes y desde el primer día. En este sentido, el texto legal establece un mecanismo que mantiene la obligatoriedad del pago de las cotizaciones a través de la Declaración Anual de Impuesto a la Renta de cada año a partir de 2019, con cargo a la retención del 10% de impuestos. Pero, a diferencia de la normativa anterior, establece un incremento gradual de la retención de impuestos en un 0,75% anual a partir del año 2020 y el noveno año se incrementará en un 1%, para llegar a 17% en 2028, como se aprecia en el siguiente listado:

 

Año 2018:10%

 

Año 2019: 10,75%

 

Año 2020: 11,5%

 

Año 2021: 12,25%

 

Año 2022: 13%

 

Año 2023: 13,75%

 

Año 2024: 14,5%

 

Año 2025: 15,25%

 

Año 2026: 16%

 

Año 2027: 17%.

 

Los obligados a cotizar son los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios por un monto bruto anual igual o mayor a 5 ingresos mínimos mensuales ($1,3 millones totales en el año). Se estima que estos sumen unos 577 mil trabajadores, la mitad de los obligados bajo la ley que estaba vigente. No estarán obligados a cotizar los hombres mayores de 55 años al 1° de enero de 2018 y las mujeres mayores de 50 años a esa misma fecha y quienes hayan percibido menos de cuatro ingresos mínimos mensuales en el año.

 

La Base Imponible sobre la cual se calcularán las cotizaciones para los distintos regímenes de Seguridad Social, será el 80% de la Renta Bruta Anual, por lo que la cotización equivale al 17% de los ingresos brutos del año calendario anterior. Así, la obligación de cotizar para todos los regímenes será anual, materializándose en la Declaración Anual de Impuestos de abril de cada año. El pago anual de estas cotizaciones dará cobertura para todos los regímenes previsionales, entre julio del año del pago de las cotizaciones y junio del año siguiente (12 meses). Así, la obligación de cotizar se iniciará en la Declaración Anual de Impuestos del 2019 por las rentas del 2018 dando cobertura desde julio de 2019 hasta junio de 2020.

 

La retención del 10% (que llegará en diez años a un 17%) permitirá pagar el 100% de las cotizaciones previsionales en un nuevo orden:

 

– Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

 

– Seguro de Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales (ATEP).

 

– Seguro de Acompañamiento de Niños y Niñas (Ley SANNA).

 

– Salud.

 

– Pensiones

 

La fórmula permite a los trabajadores independientes acceder a los subsidios monetarios (pago de licencias médicas) otorgados por estos regímenes, calculados sobre el 100% de la base imponible, lo que corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas obtenidas por el trabajador independiente en el año calendario anterior a la declaración de impuesto.

 

La cotización para pensiones está al final del orden de los pagos y se irá incrementando gradualmente. Su monto se calculará como la diferencia entre la retención y el pago realizado a los diferentes regímenes previsionales mencionados. En el año 2019 sólo se cotizará cerca de un 3% de la renta imponible anual para pensión, cotización que subirá en paralelo al alza de la retención, alcanzando en el 10° año al 10% más la comisión correspondiente a la Administradora de Fondos de Pensiones. De esta forma, estos trabajadores quedan cubiertos en un 100% desde el primer año, luego de destinar la retención del 10% a las cotizaciones de Seguridad Social, mientras que el ahorro para pensiones aumentará gradualmente.

 

Por otra parte, la nueva Ley contempla también una alternativa transitoria para quienes no estén en condiciones de destinar desde el año 2019 el total de su retención de impuestos al pago de cotizaciones previsionales. Esta consiste en la posibilidad de cotizar para pensiones y salud por un porcentaje menor de la Renta Imponible, el que subirá anualmente, partiendo con cotizaciones sobre el 5% de la renta imponible el primer año, 17% el segundo, e incrementándose paulatinamente hasta llegar a 100% el décimo año, contados desde la publicación de la Ley.  De esta manera, el primer año se retendrá para pagos de seguridad social el 2,69%, devolviendo el 7,31% al trabajador. Cada año aumentará la cotización conforme aumente la retención y el porcentaje devuelto irá bajando. En este caso, para la determinación de los subsidios de salud y ATEP a los que tenga derecho, se calcularán  sobre la base de la renta que efectivamente cotizó.

 

 

 

Ley 21.140 perfecciona el Sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboladores del SENAME y que aumenta su régimen de subvención.

Con fecha 31 de enero se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 21.140 que  “Modifica la Ley N° 20.032, que establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename, y su régimen de subvención y el decreto ley Nº 2.465, del año 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica”.

En general, la nueva normativa duplica el monto de la subvención para las instituciones colaboradoras en un plazo de tres años, comenzando el primer año con un aumento de 35%, es decir, en la primera etapa, se suben los actuales 388 mil pesos promedio por cada niño a 523 mil pesos en promedio además de imponer nuevas exigencias e inhabilidades para estos organismos, así como obligaciones y responsabilidades adicionales para el Sename.

 

En particular, la ley establece  que la acción del Sename y sus colaboradores deberán contemplar entre sus principios rectores: el respeto, la promoción, la reparación y la protección de los derechos humanos de las personas menores de dieciocho años contenidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, los demás tratados internacionales en la materia ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y las leyes dictadas conforme a ellos, asegurando las condiciones que otorguen el necesario bienestar biopsicosocial, así como la efectividad de sus derechos y las condiciones ambientales y oportunidades que los niños, niñas y adolescentes requieren según su etapa de desarrollo, mediante una intervención oportuna y de calidad.

 

En este sentido, el Servicio deberá supervigilar, fiscalizar y evaluar periódicamente la ejecución y resultado de las diversas líneas de acción que desarrollen los colaboradores acreditados, en los ámbitos técnicos y financieros, y en otros que resulten relevantes para su adecuado desempeño, basándose en nuevos principios como la probidad en el ejercicio de las funciones que ejecutan los directivos y personal de las instituciones colaboradoras; la responsabilidad en el ejercicio del rol público que desarrollan; obligación de trato digno, no discriminativo; objetividad, calidad, idoneidad y especialización del trabajo; y deber de participación e información en cada etapa de la intervención. Así, agrega que la línea de acción de diagnóstico será de ejecución exclusiva, no pudiendo los organismos colaboradores acreditados que la desarrollen ejecutar ninguna otra, con el objeto de resguardar la independencia e imparcialidad de los mismos respecto de las demás líneas de acción.

 

Por otra parte, la ley precisa ciertas definiciones como las de colaboradores acreditados; Registro público de colaboradores acreditados y proyectos; líneas de acción subvencionables y  Unidad de subvención SENAME entre otros.

 

Al mismo tiempo, se perfeccionan las normas que inhabilitan a determinadas personas a prestar servicios a estas entidades, como por ejemplo personas que figuren en el registro de personas con prohibición para trabajar con menores de edad; las que figuren en el registro de condenados por actos de violencia intrafamiliar, funcionarios públicos que ejerzan funciones de fiscalización o control sobre los colaboradores acreditados. Prescribe que el reconocimiento de colaborador acreditado podrá revocarse a través de una resolución fundada del Director Nacional del Servicio, cuando el SENAME en más de una ocasión haya puesto término anticipado a un convenio respecto de un mismo colaborador acreditado, además de señalar que son inhábiles para desempeñar labores de trato directo, los que tuvieren dependencia grave de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico o sea consumidor problemático de alcohol.

 

Finalmente, se condicionan a determinados elementos las bases para ponderar a las instituciones como la idoneidad, oportunidad, la calidad de la propuesta técnica de intervención orientada a la reparación y restitución de derechos, gestión de redes, acciones de revinculación familiar, entre otros. Se especifica que la evaluación de los convenios se dirigirá a verificar principios como el respeto, la promoción y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de sus familias; el cumplimiento de los objetivos del convenio; el logro de los resultados esperados; y la calidad de la atención que reciben los menores de edad y sus familias, describiendo para ello, criterios objetivos a seguir.

 

La ley ordena que, dentro del plazo de seis meses de dictada la ley, el Sename confeccione el registro de las entidades coadyuvantes y define la entrada en vigencia de determinadas incompatibilidades.

Ley “Aula Segura”: Fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos de violencia.

Con fecha 27 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.128 denominada “Aula Segura”, con el objetivo de fortalecer las facultades de los directores de los establecimientos educacionales, incorporando un procedimiento más expedito de expulsión o cancelación de matrículas en aquellos casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa.

 

En esta modificación legal es posible distinguir las siguientes cuestiones importantes:

 

  1. De acuerdo a lo establecido en el texto, se entiende que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, entre los cuales se cuentan agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.

 

  1. Previo a la modificación legal, estas conductas no requerían necesariamente estar descritas en el reglamento interno del establecimiento. En este sentido, las sanciones podían aplicarse en caso de que las causales contempladas estuvieran claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o no estando descritas en él, cuando “afectaren gravemente la convivencia escolar”, en cuyo caso la calificación correspondía, discrecionalmente, al establecimiento educacional.

 

  1. La nueva Ley, en cambio, regula esta discrecionalidad colocando indirectamente parámetros mínimos para la determinación de una conducta grave o gravísima. Así, las conductas graves que señale un reglamento interno no pueden ser de menor envergadura que las mencionadas anteriormente (agresiones sexuales, físicas que produzcan lesiones, etc.) a riesgo de vulnerar la proporcionalidad que debe existir entre las conductas y sanciones. Por lo anterior, el primer efecto de la nueva normativa en los reglamentos internos de los establecimientos debe ser la adecuación de las infracciones y su sanción correlativa. De esta forma, parece desproporcionado que el plagio en una prueba tenga asociada la medida de expulsión, idéntica sanción que una agresión sexual o el porte de un artefacto incendiario.

 

  1. Además, se produce un segundo efecto de especial relevancia para los establecimientos educacionales: no resultan legal ni constitucionalmente admisibles reglamentos internos que califican como graves o gravísimas la sumatoria de infracciones leves y graves durante un año escolar para, de esta forma, proceder a la cancelación de la matrícula o expulsión. Lo anterior, porque esto significaría la vulneración de principios básicos del derecho como el “non bis in ídem” que implica no sancionar dos veces el mismo hecho y, nuevamente, el de la proporcionalidad. Así, no resulta ajustado a derecho que un plagio reiterado —para seguir con el ejemplo anterior— tenga la misma sanción de expulsión que el uso de armas o provocar lesiones a miembros de la comunidad escolar.

 

  1. La nueva Ley contiene los procedimientos que se aplicarán, comenzando con la apertura de un expediente sancionatorio, en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento o que incurriere en alguna conducta que afecte gravemente la convivencia escolar, según la definición legal. En estos casos, el director tendrá la facultad de suspender a aquella persona, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento y contará con un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. El afectado, dentro de los 5 días posteriores a la aplicación de la medida podrá pedir su reconsideración ante el director, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito.

 

  1. Por otra parte, el director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. Cabe destacar que en dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.

 

  1. Se establece la obligación del Ministerio de Educación, través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, de velar por la reubicación del estudiante en otro establecimiento educacional que cuente con profesionales que presten apoyo psicosocial, de adoptar las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar y de informar de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad.

 

  1. La nueva Ley extiende el ámbito de su aplicación a los establecimientos que no reciben recursos del Estado, reconocidos por el Ministerio de Educación.

 

  1. Finalmente, se señala que los establecimientos educacionales que reciben recursos del Estado (subvencionados) deberán actualizar sus reglamentos internos en un plazo de 90 días contados desde la publicación de la Ley, esto es, hasta el 27 de marzo de 2019.