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LEY DE CONVIVENCIA VIAL

La actual Ley de Tránsito fue pensada para regular fundamentalmente el flujo de vehículos motorizados y no considera adecuadamente a otros medios de transporte que han tenido un crecimiento importante en los últimos años. Tampoco promueve de manera efectiva una cultura de convivencia vial y el uso compartido de las vías. En este sentido, no se reconocen ciertas especificidades de algunos modos de transporte, como por ejemplo, la necesidad de ciclistas y motociclistas de detenerse delante de los automóviles con el fin de hacerse visibles al resto de los conductores. 

 

Este domingo 11 de noviembre entrará en vigor la Ley de Convivencia Vial, la cual se configura como una de las primeras leyes de origen ciudadano, es decir, propuesta desde la ciudadanía y acogida como proyecto de ley por parte del Ejecutivo, quien lo presentó al Congreso Nacional en el mes de agosto del año 2015.

 

La Ley de Convivencia Vial o también llamada Ley de Convivencia de Modos, contiene importantes modificaciones a la normativa de tránsito, afectando no sólo a automovilistas, sino también a peatones, ciclistas y a todos quienes ocupen la vía pública, velando por la democratización del espacio público, asegurando el derecho a la movilidad de los chilenos, cualquiera sea su opción y, al mismo tiempo, ayudando a bajar la siniestralidad, disminuyendo los accidentes y su severidad.

 

La Ley establece de manera obligatoria que las bicicletas circulen por ciclovías, salvo ciertas excepciones que involucren a niños. En el caso de que no existan ciclovías, las bicicletas deberán utilizar el lado derecho de la calzada. Quienes ocupen patinetas, scooters o cualquier vehículo no motorizado de una o más ruedas también deberán cumplir este mandato. Asimismo, los vehículos motorizados deberán mantener una distancia de 1,5 metros para adelantar a los ciclistas cuando estén circulando por la huella en zonas sin ciclovía.

 

Entre las modificaciones más relevantes destaca que se agregan nuevas definiciones como bicicleta, ciclo, triciclo motorizado de carga,  línea de detención adelantada la cual determina el inicio de la zona de espera especial para conductores de ciclos o motocicletas, zona de espera especial, la cual permite a los conductores de ciclos o motocicletas detenerse y reiniciar su marcha delante de otros motorizados en un cruce con semáforo y zona de tránsito calmado donde las velocidades máximas son de 40 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora o 20 kilómetros por hora.

 

El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones deberá dictar un reglamento que regule las condiciones de gestión y seguridad de tránsito que deberán cumplir las ciclovías para su correcta operación, entendiéndose por condiciones de gestión y seguridad de tránsito, los requisitos de diseño y características técnicas con las que deberán planificarse, implementarse y mantenerse las ciclovías. También establecerá los elementos de seguridad para ocupantes de ciclos tales como casco, elementos reflectantes, frenos, luces y otros accesorios de seguridad de los ciclos. Asimismo, podrá prohibir la circulación en ciclovías de algunos tipos de ciclos que por sus dimensiones o características no correspondan.

 

Si bien tanto Carabineros como fiscalizadores del Ministerio de Transportes e inspectores municipales están facultados para fiscalizar y sancionar cualquier infracción a las normas del tránsito, incluyendo la Ley de Convivencia Vial, esta normativa no ha estado exenta de críticas. Se visualiza como punto crítico y quizás el más problemático de la nueva ley, la dificultad en la fiscalización de la distancia que deben mantener los vehículos motorizados al momento de adelantar a las bicicletas u otros ciclos que circulen por la calzada. En este sentido se ha pronunciado Alejandro Tirachini, académico de Ingeniería Civil en Transportes de la U. de Chile quien señala que esta distancia “no es fiscalizable” y más bien lo ve como “un mensaje para que el conductor del vehículo motorizado respete al ciclista y éste no se sienta intimidado”.

 

Otro de los puntos problemáticos es intentar erradicar a los ciclistas de las veredas. Según el investigador Ricardo Hurtubia, del Centro de Desarrollo Sustentable (Cedeus), esto se puede transformar en un arma de doble filo, ya que “muchos de los ciclistas que andan por la vereda lo hacen porque tienen temor de usar la calle y si los castigas, corren el riesgo de perder usuarios de la bicicleta”.

 

No obstante lo anterior y con especial atención a la opinión pública, esta Ley se proyecta como un cambio cultural que modificará los hábitos y comportamiento de los vehículos en la calle, quienes deberán compartir el espacio de una manera más equitativa, quitando privilegios a los autos y otorgando mayor seguridad a los más vulnerables de las vías, especialmente peatones y ciclistas. Por otra parte, la Ley de Convivencia Vial se constituye como incentivo al uso de vehículos no motorizados, lo que tiene efectos significativos en la disminución de la contaminación y de la congestión vehicular, debido al mejor aprovechamiento del espacio público.

 

Fuente:

www.vlex.cl

www.latercera.com

www.cnnchile.com

 

Ley de Inclusión Laboral (Ley N°21.015, publicada en el Diario Oficial de 29 de mayo de 2017)

 

La nueva Ley de Inclusión Laboral, que entró en vigencia el 1 de abril del 2018, tiene por finalidad promover una inclusión laboral eficaz de las personas en situación de discapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado.

La ley exige que las empresas o servicios públicos que cuenten con más de 100 trabajadores o funcionarios contraten al menos un 1% de personas con discapacidad del total de su dotación. Sin embargo, este primer año habrá ciertas facilidades, ya que la normativa regirá solamente para las entidades que tengan más de 200 trabajadores y a partir del año 2019 para las que cuenten con más de 100.

Si una empresa no puede cumplir con esta exigencia podrá exceptuarse sólo en razones fundadas en la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o institución, en no contar con cupos disponibles en la dotación de personal o en la falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos. En tales casos, estas empresas podrán cumplir en forma alternativa si celebran contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad o si efectúan donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones relacionadas con la materia.

Para las empresas que no puedan cumplir con la exigencia de inmediato y que deban hacer ajustes, habrá facilidades. En ese sentido, el primer año se identificará como cumplimiento, sin necesidad de recurrir a razones justificadas, si las empresas contratan la prestación de servicios a empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad o si efectúan donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones relacionadas con la materia.

Entre los principales temas que la Ley aborda, se encuentran:

  1. Los organismos públicos y las empresas con 100 o más trabajadores y trabajadoras deberán contratar al menos el 1% de personas con discapacidad.
  2. Respeta la dignidad de las personas con discapacidad mental eliminando la discriminación salarial al derogarse el artículo 16 de la Ley 18.600, que permitía pagarle menos del sueldo mínimo a una persona con alguna discapacidad mental o intelectual.
  3. Fija en 26 años la edad límite para suscribir el Contrato de Aprendizaje con personas con discapacidad mental.
  4. Se prohíbe toda discriminación hacia personas con discapacidad.
  5. Las personas con discapacidad contarán con garantías en los procesos de selección laboral del Estado.

Para acceder a estos cupos, las personas en situación de discapacidad deben estar inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad o tener pensión de invalidez. Son las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud, las encargadas de calificar y certificar la discapacidad de una persona.

Por otra parte, la Dirección del Trabajo será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de la Ley y que las empresas privadas suban a una plataforma web las contrataciones, mientras que los organismos públicos deberán informarlas al Servicio Civil y a SENADIS. Los incumplimientos en el sector público podrán ser sancionados por la Contraloría General de la República.

Ley Nº 21.073 regula la elección de gobernadores regionales y realiza adecuaciones a diversos cuerpos legales.

Con fecha de  22 de febrero se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.073 que regula la elección de gobernadores regionales y realiza adecuaciones a diversos cuerpos legales, y que entró en vigencia el día 1° de marzo recién pasado.

La ley se fundamenta en materializar el compromiso de que cada región pueda elegir en votación popular  a las autoridades que representan mejor los proyectos de la comunidad, tal como hoy se eligen los concejales, alcaldes, consejeros regionales, parlamentarios y Presidente de la República, ahora, mediante la reforma constitucional plasmada en la ley N° 20.990, se ha establecido el mandato constitucional de que el órgano ejecutivo del Gobierno Regional, esto es, el nuevo Gobernador Regional, sea electo por los ciudadanos de cada una de las regiones de nuestro país.

La reforma constitucional señalada estableció los pilares de la iniciativa así, el nuevo artículo 111 de la Constitución prescribe que el Gobernador Regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, correspondiéndole presidir el consejo y ejercer las funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional determine, en coordinación con los demás órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Enseguida, esta autoridad será elegida por sufragio universal en votación directa. La elección de Gobernadores Regionales será conjuntamente con la elección de consejeros regionales, en cédula separada.

La Ley señala que   será electo el candidato a gobernador regional que obtuviere la mayoría de los sufragios válidamente emitidos y siempre que dicha mayoría sea equivalente, al menos, al 40% de los votos. Si ningún candidato alcanza dicha votación, se procederá a una segunda votación, el cuarto domingo siguiente a la fecha de la elección, entre los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías, resultando electo quien obtenga el mayor número de sufragios.

  El Gobernador Regional durará en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años, pudiendo ser reelegido consecutivamente sólo para el período siguiente.

La ley a demás incorpora normas que adecuan las denominaciones de los actuales Intendentes y Gobernadores, pasando a llamarse Delegados Presidenciales Regionales y Delegados Presidenciales Provinciales respectivamente.

Actualidad

LEY DE CONVIVENCIA VIAL

La actual Ley de Tránsito fue pensada para regular fundamentalmente el flujo de vehículos motorizados y no considera adecuadamente a otros medios de transporte que han tenido un crecimiento importante en los últimos años. Tampoco promueve de manera efectiva una cultura de convivencia vial y el uso compartido de las vías. En este sentido, no se reconocen ciertas especificidades de algunos modos de transporte, como por ejemplo, la necesidad de ciclistas y motociclistas de detenerse delante de los automóviles con el fin de hacerse visibles al resto de los conductores. 

 

Este domingo 11 de noviembre entrará en vigor la Ley de Convivencia Vial, la cual se configura como una de las primeras leyes de origen ciudadano, es decir, propuesta desde la ciudadanía y acogida como proyecto de ley por parte del Ejecutivo, quien lo presentó al Congreso Nacional en el mes de agosto del año 2015.

 

La Ley de Convivencia Vial o también llamada Ley de Convivencia de Modos, contiene importantes modificaciones a la normativa de tránsito, afectando no sólo a automovilistas, sino también a peatones, ciclistas y a todos quienes ocupen la vía pública, velando por la democratización del espacio público, asegurando el derecho a la movilidad de los chilenos, cualquiera sea su opción y, al mismo tiempo, ayudando a bajar la siniestralidad, disminuyendo los accidentes y su severidad.

 

La Ley establece de manera obligatoria que las bicicletas circulen por ciclovías, salvo ciertas excepciones que involucren a niños. En el caso de que no existan ciclovías, las bicicletas deberán utilizar el lado derecho de la calzada. Quienes ocupen patinetas, scooters o cualquier vehículo no motorizado de una o más ruedas también deberán cumplir este mandato. Asimismo, los vehículos motorizados deberán mantener una distancia de 1,5 metros para adelantar a los ciclistas cuando estén circulando por la huella en zonas sin ciclovía.

 

Entre las modificaciones más relevantes destaca que se agregan nuevas definiciones como bicicleta, ciclo, triciclo motorizado de carga,  línea de detención adelantada la cual determina el inicio de la zona de espera especial para conductores de ciclos o motocicletas, zona de espera especial, la cual permite a los conductores de ciclos o motocicletas detenerse y reiniciar su marcha delante de otros motorizados en un cruce con semáforo y zona de tránsito calmado donde las velocidades máximas son de 40 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora o 20 kilómetros por hora.

 

El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones deberá dictar un reglamento que regule las condiciones de gestión y seguridad de tránsito que deberán cumplir las ciclovías para su correcta operación, entendiéndose por condiciones de gestión y seguridad de tránsito, los requisitos de diseño y características técnicas con las que deberán planificarse, implementarse y mantenerse las ciclovías. También establecerá los elementos de seguridad para ocupantes de ciclos tales como casco, elementos reflectantes, frenos, luces y otros accesorios de seguridad de los ciclos. Asimismo, podrá prohibir la circulación en ciclovías de algunos tipos de ciclos que por sus dimensiones o características no correspondan.

 

Si bien tanto Carabineros como fiscalizadores del Ministerio de Transportes e inspectores municipales están facultados para fiscalizar y sancionar cualquier infracción a las normas del tránsito, incluyendo la Ley de Convivencia Vial, esta normativa no ha estado exenta de críticas. Se visualiza como punto crítico y quizás el más problemático de la nueva ley, la dificultad en la fiscalización de la distancia que deben mantener los vehículos motorizados al momento de adelantar a las bicicletas u otros ciclos que circulen por la calzada. En este sentido se ha pronunciado Alejandro Tirachini, académico de Ingeniería Civil en Transportes de la U. de Chile quien señala que esta distancia “no es fiscalizable” y más bien lo ve como “un mensaje para que el conductor del vehículo motorizado respete al ciclista y éste no se sienta intimidado”.

 

Otro de los puntos problemáticos es intentar erradicar a los ciclistas de las veredas. Según el investigador Ricardo Hurtubia, del Centro de Desarrollo Sustentable (Cedeus), esto se puede transformar en un arma de doble filo, ya que “muchos de los ciclistas que andan por la vereda lo hacen porque tienen temor de usar la calle y si los castigas, corren el riesgo de perder usuarios de la bicicleta”.

 

No obstante lo anterior y con especial atención a la opinión pública, esta Ley se proyecta como un cambio cultural que modificará los hábitos y comportamiento de los vehículos en la calle, quienes deberán compartir el espacio de una manera más equitativa, quitando privilegios a los autos y otorgando mayor seguridad a los más vulnerables de las vías, especialmente peatones y ciclistas. Por otra parte, la Ley de Convivencia Vial se constituye como incentivo al uso de vehículos no motorizados, lo que tiene efectos significativos en la disminución de la contaminación y de la congestión vehicular, debido al mejor aprovechamiento del espacio público.

 

Fuente:

www.vlex.cl

www.latercera.com

www.cnnchile.com

 

Promulgación del Nuevo Sistema de Educación Superior

Con fecha 29 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.091 que crea un Nuevo Sistema de Educación Superior.

 

Señala el artículo 1° que “La educación superior es un derecho, cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, sin discriminaciones arbitrarias, para que puedan desarrollar sus talentos; asimismo, debe servir al interés general de la sociedad y se ejerce conforme a la Constitución, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes […]”.

El Nuevo Sistema es de provisión mixta y se compone por dos subsistemas: el Universitario y el Técnico Profesional.

  1. El subsistema Universitario lo integran las universidades estatales creadas por ley, las universidades no estatales pertenecientes al Consejo de Rectores y las universidades privadas reconocidas por el Estado.
  2. El subsistema Técnico Profesional lo integran los centros de formación técnica estatales, y los institutos profesionales y centros de formación técnica privados reconocidos por el Estado.

 

Con el fin de propender al fortalecimiento del Nuevo Sistema de Educación Superior, la Ley crea la Subsecretaría de Educación Superior y la Superintendencia de Educación Superior.

 

  1. La Subsecretaría de Educación Superior estará a cargo del Subsecretario de Educación Superior quien tendrá el carácter de colaborador directo del Ministro de Educación en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas y programas para la educación superior, especialmente en materias destinadas a su desarrollo, promoción, internacionalización y mejoramiento continuo, tanto en el subsistema universitario como en el técnico profesional.
  2. La Superintendencia de Educación Superior es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Educación. Tendrá facultades para fiscalizar e instruir el procedimiento administrativo sancionatorio de instituciones de educación superior.

 

Entre otras materias, la Ley fortalece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y determina los requisitos que deben cumplir las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica para acceder al financiamiento institucional para la gratuidad. En este contexto, la Comisión Nacional de Acreditación presenta una nueva conformación en cuanto a la integración de sus consejeros y modalidad de designación, así como importantes cambios en materia de acreditación, tales como:

  1. Establecer la obligatoriedad de la acreditación institucional. La cual, además, verá de manera conjunta la examinación de programas académicos de postgrado y pregrado seleccionados de manera aleatoria.
  2. Integrar como nueva dimensión de acreditación institucional obligatoria el Aseguramiento Interno de la Calidad.
  3. Determinar la acreditación voluntaria de los programas de magíster y Especialidades Médicas y Odontológicas. Sin embargo, señala que de no estar acreditados dichos programas, no accederán a beneficios o asignaciones del Estado.
  4. Determinar la acreditación obligatoria sólo para las carreras de Educación, Medicina y Odontología.
  5. Señalar la definición de nuevos criterios y estándares de acreditación.
  6. Eliminar la gestión de las Agencias acreditadoras desde la fecha de promulgación de la Ley.
  7. Establecer como única instancia acreditadora a la Comisión Nacional de Acreditación de Chile.

 

En cuanto a las condiciones que se exigen para que las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica accedan a la gratuidad, la Ley señala que deberán:

  1. Contar con acreditación institucional avanzada o de excelencia.
  2. Estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones de derecho público o cuya personalidad derive de estas u otras entidades de derecho público reconocidas por ley.
  3. Estar adscritas, al menos un año antes de la solicitud respectiva, al Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación Superior.
  4. Aplicar políticas, previamente informadas a la Subsecretaría de Educación Superior, al menos un año antes de la solicitud respectiva, que permitan el acceso equitativo de estudiantes; y contar con programas de apoyo a estudiantes vulnerables que promuevan su retención. Deben fomentar que al menos el 20% de la matrícula total de la institución corresponda a estudiantes de hogares pertenecientes a los cuatro primeros deciles de menores ingresos del país (40% más vulnerables).

 

Las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional deberán otorgar estudios gratuitos a los estudiantes que, de acuerdo con la condición socioeconómica que la Ley disponga, cumplan los siguientes requisitos:

  1. Ser chileno, extranjero con permanencia definitiva, o extranjero con residencia, y respecto a este último caso, que haya cursado la enseñanza media completa en Chile.
  2. No tener un título técnico de nivel superior ni un título profesional o una licenciatura; ni un título o grado académico reconocido o revalidado en Chile. Sin embargo, quienes tengan un título técnico de nivel superior podrán tener gratuidad si cursan una segunda carrera para obtener un título profesional o grado académico de licenciado.
  3. Se entenderá que cumplen este requisito los que tengan título de técnico nivel superior si estudian una licenciatura o programa de estudio conducente a un título profesional.
  4. Estar matriculado en alguna de las carreras o programas de estudio de pre grado en universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y las otras instituciones que la ley considera.

 

Finalmente, la Ley Nº 21.091 deroga la Ley N°20.027 que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior (CAE) a contar del 1° de enero de 2019. Dicha derogación entrará en vigencia siempre que comience a regir otro mecanismo de financiamiento de estudios de educación superior que lo reemplace, el cual será administrado por el Estado y será propuesto por el presidente de la República a través de un proyecto de ley que presentará durante el año 2018.

La objeción de Conciencia Institucional. Alcances al debate nacional.

A propósito del Protocolo de Objeción de Conciencia de la Ley que Despenaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Casuales, se han generado una serie de debates en cuanto al alcance, extensión y límites de dicho protocolo y a las dificultades que genera su implementación.

 

La objeción de conciencia es posible entenderla como la negativa al cumplimiento de un deber jurídico, derivado de un imperativo heterónomo considerado injusto. Es un acto pacífico, personal y privado, invocado para resguardar la conciencia moral del objetor. También es considerada una exención frente a una obligación personal para el cumplimiento de una obligación jurídica, derivada de las relaciones laborales o funcionarias, dirigida a los poderes públicos y a los particulares.

 

Parte del debate jurídico internacional se centra en si la objeción de conciencia se encuentra dirigida sólo a personas naturales o si, por el contrario, las personas jurídicas tienen derecho invocarla con el fin de resguardar sus concepciones éticas y morales, instaurando la idea de “objeción de conciencia institucional”, la cual ha sido foco de múltiples cuestionamientos desde la perspectiva de los derechos humanos.

 

En Chile, el proyecto original que regula la despenalización del aborto en tres causales, señalaba la objeción de conciencia sería siempre personal y en ningún caso podía ser invocada por instituciones. Sin embargo, esto fue modificado por el Tribunal Constitucional (TC) en revisión a la constitucionalidad del proyecto de ley. El fallo de fecha 28 de agosto de 2017 eliminó la frase “en ningún caso”, indicando a su vez que “la objeción de conciencia es de carácter personal y podrá ser invocada por una institución”. Sostiene el TC que la objeción de conciencia puede ser planteada legítimamente por sujetos jurídicos o asociaciones privadas y que “pueden hacerla valer las instituciones religiosas, personas jurídicas o entidades con idearios confesionales que se proyectan hacia el ámbito de la salud”.

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 119 ter del Código Sanitario, en enero de 2018, el Ministerio de Salud dictó la Resolución Exenta N°61, que aprobó el Protocolo para la Manifestación de Objeción de Conciencia Personal y para la Objeción de Conciencia Invocada por Instituciones, estableciéndose una serie de requisitos formales para el ejercicio de este derecho. Dicho protocolo establecía entre otras cosas, que las instituciones públicas y privadas que recibieran fondos públicos para la prestación de servicios ginecológicos no podían declararse objetoras.

 

Posteriormente el 22 de marzo de 2018, dicha Resolución fue dejada sin efecto por el Gobierno, que aprobó un nuevo protocolo, alterando algunos de los aspectos regulados por su antecesor, entre los que se incluye la posibilidad de que los centros de salud que tengan convenio vigente con el Estado puedan apelar a la objeción de conciencia.

 

En este contexto, la Contraloría General de la República, mediante dictamen de fecha 9 de mayo de 2018, informó que dicha Resolución, en cuanto a su naturaleza jurídica, no se ajusta a derecho, pues además de aprobar meras instrucciones operativas, aprueba un instrumento que reviste las características propias de un Reglamento, sin cumplir con las formalidades del artículo 35 de la Constitución Política de la República y sin haber sido remitido a la Contraloría General para su control preventivo de legalidad. Añade, además, que los establecimientos públicos de salud no pueden invocar la objeción de conciencia, pues se encuentran en el imperativo de cumplir la obligación del Estado de otorgar las acciones de salud definidas por el legislador.

 

En consecuencia, sólo las entidades privadas pueden invocar la objeción de conciencia institucional, como por lo demás lo reconoce el protocolo cuya legalidad se examina. Por su parte, en el caso de las instituciones privadas que tengan convenio con el Estado, tampoco podrán acogerse como objetores, debido a que, al recibir financiamiento público, se entienden como establecimientos sustituyentes del servicio público y que forman parte de la Red Pública de Salud.

 

Señala la Contraloría que “si bien se trata de una entidad de carácter privado, tiene el deber de dar cumplimiento a una función pública -a la que voluntariamente se ha comprometido- y para cuyos efectos le han sido entregados recursos públicos. Una conclusión contraria implicaría que el Estado dejaría de garantizar el otorgamiento de las prestaciones de salud -incidiendo ello en el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud- y, en definitiva, se configuraría una infracción al artículo 19, N°9, de la Constitución Política”

 

Concluye el dictamen señalando que la objeción de conciencia constituye una figura jurídica de carácter excepcional, tanto a nivel nacional como en el derecho comparado, puesto que se trata de un mecanismo establecido para justificar que determinadas personas puedan dejar de cumplir una obligación legal. Siendo así, la regulación de la objeción de conciencia debe respetar, en todo caso, dicha excepcionalidad, de manera que -salvo que el legislador disponga expresamente lo contrario- la autoridad administrativa no puede dispensar del cumplimiento de requisitos, condiciones, o establecer presunciones o cualquier elemento que signifique alterar ese carácter de excepción.

 

Es decir, la objeción de conciencia no debe, en ningún caso, transformarse en un instrumento que actúe como barrera para acceder a las prestaciones garantizadas por ley, pues debe evitarse que su fundamento moral vulnere los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, correspondiendo al Estado el deber proteger y cautelar el libre ejercicio de los mismos.