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Ley N°21.155 que reconoce el derecho a la lactancia materna su protección y ejercicio.

¿Sabías que se acaba de publicar una Ley que reconoce el derecho a la lactancia materna su protección y ejercicio?

 

En efecto, con fecha 2 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.155, que “Establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio” con el fin de reconocer el valor fundamental de la maternidad, consagrar como derecho de la niñez el libre acceso a la leche humana a través de la lactancia materna y garantizar la libertad para realizar el amamantamiento.

 

¿Qué motivó la dictación de la nueva Ley?

 

A través de distintos estudios se ha podido constatar que la lactancia materna no sólo genera beneficios nutritivos, sino que además estimula el surgimiento de lazos afectivos estrechos y duraderos entre la madre y su hijo, forjados en la conexión sensorial que se establece entre ambos (a través del recíproco contacto visual, táctil, olfativo, gustativo y auditivo) y que se traduce en un factor determinante en la generación de vínculos de apego seguro para los bebés, que condicionan la estabilidad en las relaciones interpersonales que establezcan durante su crecimiento.

 

En base a estos antecedentes distintas organizaciones internacionales han establecido que la lactancia materna es un derecho humano para la infancia y un derecho para las madres y la sociedad en general, promoviéndose hoy la lactancia materna a “libre demanda”, esto es, cada vez que el lactante lo requiera; en forma exclusiva hasta los 6 meses y complementada con alimentos sólidos al menos hasta los 2 años. En este orden de ideas encontramos variada normativa internacional que exige a los Estados, políticas y legislación para el fomento de la lactancia materna y la protección a madre y lactantes contra todo impedimento a la lactancia natural.

 

Cabe resaltar en este sentido la importancia que reviste la protección del ejercicio libre y sin restricciones de la lactancia materna en público, puesto que cumple con un objetivo social de psico-educación a la población, que normaliza el acto del amamantamiento y lo incluye como un hecho natural dentro del inconsciente colectivo exento de consideraciones valóricas relacionadas con la moral o buenas costumbres, favoreciendo así su incentivo al ser un acto que se aprende y asimila por imitación.

 

A este respecto, nuestra legislación estaba en deuda ya que abordaba sólo en parte los requerimientos internacionales indicados al centrarse básicamente en la promoción y fomento de la lactancia materna en el ámbito de las redes de salud pública y en el campo laboral de las madres trabajadoras, dejando de lado el tratamiento integral que se requiere dar a la lactancia materna para conseguir el objetivo de otorgar su protección real y efectiva, en resguardo de los derechos de niños, niñas, madres y sociedad en general.

 

¿Qué objetivos tiene la Ley?

 

  1. Reconocer el valor fundamental de la maternidad y del derecho a la lactancia materna, como un derecho de la niñez.
  2. Consagrar el derecho de la niñez al acceso a la leche humana y el derecho de las madres a amamantar libremente a sus hijos e hijas.
  3. Garantizar el libre ejercicio de la lactancia materna y del amamantamiento libre y sancionar cualquier discriminación arbitraria que cause privación, perturbación o amenaza a estos derechos.

 

¿Qué significa el derecho al amamantamiento libre?

 

Toda madre tiene el derecho a amamantar a sus hijos libremente en toda clase de lugares o recintos en que se encuentre o por el que transite legítimamente, conforme sea el interés superior del lactante. En esa actividad, puede contar con el apoyo y colaboración del padre cuando fuera posible.

 

Señala la Ley que no se podrán imponer condiciones o requisitos que exijan ocultar el amamantamiento o restringirlo. En ningún caso los recintos podrán imponer cobros a las mujeres que deseen ejercer libremente el derecho a amamantar. El derecho también se extenderá a los procesos de obtención de leche materna distintos del amamantamiento directo.

 

¿Puede haber salas especiales para amamantar en los recintos?

 

Sí, pero su uso será siempre voluntario para las madres. Dichas salas deberán presentar condiciones adecuadas de higiene, comodidad y seguridad.

 

¿Hay obligaciones para los empleadores?

 

Las madres trabajadoras ejercerán el derecho a amamantar de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código del Trabajo, que otorga a lo menos, una hora al día, para dar alimentos a sus hijos o hijas menores de dos años, entre otras reglamentaciones.

 

Esta Ley impone la obligación del empleador de otorgar las facilidades a la madre para que extraiga y almacene su leche.

 

¿Se establecen sanciones?

 

Sí, se sancionará a quien arbitrariamente prive a una madre del ejercicio del derecho de amamantar. El castigo será una multa de 1 a 4 unidades tributarias mensuales y su aplicación será competencia del juzgado de policía local correspondiente al lugar en que se cometió la infracción.

 

¿Qué otro derecho consagra la nueva Ley?

 

Todas las personas, especialmente las mujeres embarazadas, las madres y los padres, tienen derecho a recibir información oportuna, veraz y comprensible sobre el inicio, mantenimiento y beneficios de la lactancia materna y del amamantamiento.

 

¿Qué ocurre con los prestadores institucionales de salud en cuanto a su deber de información?

 

Los prestadores institucionales de salud que entreguen atención ginecológica, gineco-obstétrica, neonatológica, pediátrica o cualquier otra, a mujeres embarazadas o madres de niños menores de dos años, deberán mantener en un lugar público y visible una carta o infografía con los contenidos de la Ley de protección de la lactancia materna. Además, deberán exhibir el material de promoción de la lactancia materna y del amamantamiento, cuyo contenido al menos deberá contemplar el inicio, mantenimiento y beneficios de la lactancia materna y del amamantamiento. El Ministerio de Salud deberá emitir un documento en el que establezca el contenido de ese material.

 

¿Qué ocurre con la participación y corresponsabilidad social?

 

Señala la Ley que toda persona tiene derecho a participar en la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna. Este derecho tiene como limitación el derecho al libre amamantamiento por parte de la madre. En consecuencia, tiene derecho a exigir el cumplimiento de esta Ley y a denunciar su infracción ante las autoridades competentes, cuando corresponda.

 

 ¿Qué significa el derecho del lactante a ser amamantado por su madre?

 

El Código Sanitario establece que es un derecho preferente del hijo, salvo que por indicación médica o decisión de la madre se resuelva lo contrario. La leche materna tiene como uso prioritario la alimentación en beneficio del o de los lactantes que sean hijos biológicos de la madre.

 

¿Una madre puede donar su leche a otro lactante?

 

Si, el Código Sanitario señala que todas las madres podrán donar voluntariamente su leche para el uso o beneficio de los recién nacidos que no tengan posibilidad de ser alimentados por su propia madre. También lo podrán hacer si la leche producida por la madre biológica constituyera un riesgo para la salud del bebé. Pero no podrá ser donante de leche la madre cuya condición ponga en riesgo la integridad y sanidad de la leche donada.

 

En ningún caso la donación de leche materna se realizará de forma directa del pecho de la mujer donante a la boca del lactante.

 

Además, las madres podrán donar su leche materna para uso en programas de estudio, docencia e investigación en universidades, instituciones educacionales e instituciones públicas, las que no podrán hacer uso comercial de sus resultados.

 

La donación de leche materna debe ser gratuita y no podrá causar detrimento alguno al hijo biológico de la madre donante.

 

¿Qué otras medidas se adoptan?

  1. Se incorpora la lactancia materna al programa “Elige Vivir Sano”, como el medio óptimo e ideal para asegurar la alimentación saludable de lactantes, hasta los 6 meses de manera exclusiva y hasta los 2 años en forma complementaria.
  2. En el Subsistema de Protección Integral a la Infancia del programa “Chile Crece Contigo” se promoverá la lactancia materna exclusiva, idealmente hasta los 6 meses de infantes lactantes y su continuación a lo menos hasta los 2 años complementada con otros alimentos.
  3. Se extiende la protección a los procesos de obtención de leche materna distintos del amamantamiento directo, especialmente en lo que respecta a la higiene, inocuidad y seguridad en su extracción, manipulación, conservación y entrega a los lactantes.
  4. Se incorpora a la Ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación, aquella basada en la maternidad, lactancia materna y amamantamiento.

Ley N°21.153, que tipifica el delito de acoso sexual en espacios públicos.

¿Sabías que se acaba de publicar una ley que tipifica el delito de acoso sexual callejero?

Efectivamente, con fecha 3 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial, la Ley N°21.153 que “Modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos”.

 

¿Qué motivó la dictación de esta nueva ley?

 

Hoy en día es una realidad que el acoso sexual en lugares de alta afluencia de público como medios de transporte, calles y eventos masivos se está convirtiendo en un grave problema en nuestro país. Sin embargo, nuestro Código Penal si bien contempla diversos delitos relacionados con acciones y conductas de carácter sexual, no contemplaba ninguna figura de carácter residual que permitiera sancionar este tipo de actos en forma clara y tajante, por lo que urgía establecer una normativa específica para sancionar a los acosadores.

 

¿Cuál es el propósito de  esta nueva norma?

 

La nueva Ley tiene como propósitos:

 

  1. Contribuir a erradicar las prácticas de acoso sexual callejero que experimentan mujeres, hombres, niñas y niños en Chile.
  2. Reconocer el acoso sexual callejero como un tipo de violencia, por lo que es deber del Estado tomar las medidas necesarias para combatirlo y educar a la población para que la sociedad rechace este tipo de conductas.
  3. Se espera que se comiencen a desarrollar campañas destinadas a erradicar estas conductas y que impulsen la participación de todos a través del slogan “Si vez algo, haz algo” que tan beneficiosos resultados ha tenido en otros países.

 

¿Cómo define la Ley el acoso sexual callejero?

 

La Ley señala que comete acoso sexual callejero el que realizare, en lugares públicos o de libre acceso público y sin mediar el consentimiento de la víctima, un acto de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante y que no constituya una falta o delito al que se imponga una pena más grave.

 

¿Qué tipo de actos comprende la definición y que sanciones se les aplica?

 

  1. Actos de carácter verbal o ejecutados por medio de gestos. La pena asociada es de multa de 1 a 3 UTM (unidades tributarias mensuales).
  2. Conductas consistentes en acercamientos o persecuciones o actos de exhibicionismo obsceno o de contenido sexual explícito. La pena impuesta es de prisión en su grado medio a máximo (21 a 60 días de prisión) y multa de 5 a 10 UTM.

 

¿Qué sanción se establece por fotografiar o grabar en espacios públicos imágenes de partes íntimas del cuerpo?

La Ley dispone que se aplicará una pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y multa de 5 a 10 UTM al que, en lugares públicos o de libre acceso público, por cualquier medio, capte, grabe, filme o fotografíe imágenes, videos o cualquier registro audiovisual de los genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento.

 

¿Hay sanción para alguien que difunde esas imágenes?

 

Sí, se aplicará la misma pena de presidio (61 a 540 días), además de una multa de 10 a 20 UTM al que difunda dichas imágenes, videos o registro audiovisual.

 

¿Qué pasa si es la misma persona la que capta las imágenes y la que las difunde?

 

La pena en este caso es de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años) y multa de 20 a 30 UTM.

 

¿Qué ocurre con los abusos sexuales en que el autor del delito se vale de la sorpresa para realizar la acción sexual?

 

Si la víctima es mayor de 14 años, se sanciona al que abusivamente realiza una acción sexual distinta del acceso carnal y lo haga empleando la sorpresa u otra maniobra que no suponga consentimiento de la víctima. La pena es de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años).

 

La Ley mantiene las sanciones mayores para las acciones sexuales contra menores de 14 años y los abusos cometidos con intimidación, violencia, contra víctimas privadas de sentido o que tienen incapacidad para oponerse, contra las que tienen enajenación o trastorno mental y cuando el autor se vale de la dependencia, desamparo de las víctimas o éstas son engañadas por su ignorancia sexual.

Ley N°21.154, que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura y tratos o penas inhumanos.

Con fecha 25 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.154 que “Designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

 

 

La nueva norma se sitúa en un contexto mundial orientado a establecer mecanismos efectivos de prevención y protección frente a situaciones de tortura, en lugares donde se pudieran encontrar personas privadas de su libertad, reservadas a la vigilancia del Estado o con su consentimiento expreso o tácito.

 

Chile no ha estado ajeno a la evolución que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho comparado han tenido en la materia. En este sentido, nuestro país ratificó los instrumentos internacionales que reconocen la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; primero, la Convención contra la Tortura, el 30 de septiembre de 1988, y luego el Protocolo Facultativo, el 12 de diciembre de 2008, que en su artículo 3° dispone la obligación de cada Estado Parte de establecer, designar o mantener, a nivel nacional, uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

 

Según la nueva Ley, se entiende por tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información, declaración o confesión; de castigarla por un acto que haya cometido o se le impute haber cometido; o de intimidarla o coaccionarla; o en razón de discriminación fundada en motivos como la ideología, la opinión política, la religión o creencias de la víctima; la nación, la raza, la etnia o el grupo social al que pertenezca; el sexo, la orientación sexual, la identidad de género; la edad, la filiación, la apariencia personal, el estado de salud, la situación de discapacidad o con cualquier otro fin. Se entenderá también por tortura la aplicación intencional de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su voluntad o su capacidad de discernimiento o decisión con alguno de los medios referidos precedentemente.

 

A su vez, se entiende por trato o pena cruel, inhumano o degradante todo acto que, sin constituir tortura, vulnere el derecho a la integridad o dignidad de las personas privadas de libertad; por privación de libertad, cualquier forma de arresto, detención, prisión preventiva, cumplimiento de penas privativas de libertad, custodia o cualquier otra medida que impida el libre desplazamiento físico de una persona, ya sea por orden de una autoridad pública o con su consentimiento expreso o tácito, en una institución pública o privada; y por lugar de privación de libertad, todo lugar, inmueble o mueble, incluidos los medios de transporte, administrados o dirigidos por el Estado o por particulares que cumplan una función pública, en que se encuentren o pudieren encontrarse personas privadas de libertad, sea por orden de autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito, como resultado de una orden de arresto, detención, en tránsito, prisión preventiva, cumplimiento de penas privativas de libertad, internación voluntaria o forzosa, sea administrativa o judicial, como medida de protección, custodia o cualquier otra medida que impida su libre desplazamiento físico o que no se le permita abandonar libremente.

 

De acuerdo con el Derecho Internacional, la tortura es un grave crimen y bajo ciertas circunstancias, constituye un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra. Además, tiene carácter absoluto, ya que su utilización no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. En consecuencia, si hay algo sobre lo que existe unanimidad en tanto debe ser considerado un derecho humano, es el derecho de toda persona a no ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Lo anterior se ve reflejado desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, hasta instrumentos específicos referidos a esta temática, como la Convención contra la Tortura, que cuenta con más de 160 Estados Partes, entre los que se cuenta nuestro país.

 

El énfasis que le asigna el marco jurídico internacional a la prevención de la tortura se extiende a los otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tales conductas son indivisibles, interdependientes e interrelacionadas. La práctica indica que al no encontrar un límite conceptual suficientemente claro entre ambas, las condiciones que dan lugar a esta última figura suelen facilitar la tortura y, por consiguiente, las medidas para impedir la tortura han de aplicarse a ésta. Por ende, la prohibición de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes tiene también carácter absoluto y su prevención debe ser efectiva e imperativa.

 

En definitiva, a objeto de dar cumplimiento a su compromiso internacional en esta materia, el Estado de Chile ha ido adecuando su ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales, proscribiendo la tortura y estableciendo mecanismos para su prevención. En un paso decisivo para la prevención y erradicación de la tortura, el 22 de noviembre de 2016, fue publicada la Ley N°20.968, que tipifica el delito de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes, en conformidad a las definiciones y requisitos consagrados en las Convenciones Internacionales sobre la materia.

 

En este orden de ideas y para el cumplimiento de su mandato, el Instituto Nacional de Derechos Humanos actuará exclusivamente a través del Comité de Prevención contra la Tortura, el que dará aplicación a lo dispuesto en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, su Protocolo Facultativo, los tratados internacionales en la materia ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, la Constitución Política de la República y la demás normativa vigentes.

 

Dentro de las funciones que ejercerá el Comité de Prevención contra la Tortura se destacan las siguientes:

 

  1. a) Examinar periódicamente las condiciones de las personas privadas de libertad y el trato que reciben.
  2. b) Realizar visitas periódicas preventivas no programadas y de monitoreo a los lugares de privación de libertad.
  3. c) Realizar visitas ad hoc, sin previo aviso, ante denuncias específicas de hechos que pudieran constituir tortura o tratos o penas crueles o ante denuncia por represalias que pudieren sufrir las personas privadas de libertad como consecuencia de las visitas realizadas.
  4. d) Reunirse con las personas que se encuentren en el lugar objeto de su visita y efectuar las entrevistas personales o grupales que estime pertinente, en condiciones que garanticen la confidencialidad.
  5. f) Solicitar a las autoridades correspondientes toda la información necesaria para el cumplimiento de su mandato.
  6. g) Realizar las recomendaciones pertinentes a las autoridades competentes del servicio responsable del lugar de privación de libertad.
  7. h) Mantener contacto y colaborar con el Subcomité para la Prevención de la Tortura y con los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura que establezcan los Estados Parte del Protocolo Facultativo.
  8. i) Proponer al Consejo del Instituto modificaciones legales o reglamentarias en materia de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
  9. k) Confeccionar un informe anual y de carácter público que contenga el trabajo realizado por el Comité y las recomendaciones específicas destinadas a prevenir y erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles.
  10. l) Realizar a través del Instituto acciones de capacitación, información y sensibilización en materia de prevención de la tortura.
  11. m) Proponer al Instituto la celebración de convenios de colaboración y cooperación con organismos públicos y privados nacionales o internacionales.

 

El Comité estará integrado por 7 miembros, que tendrán la calidad de expertos, los que llevarán a cabo las tareas establecidas en la Ley, tendrán dedicación exclusiva y, para ejercer el cargo, requerirán cumplir las exigencias impuestas por el artículo 12 de la Ley N°20.405, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

 

En el desarrollo de sus visitas preventivas y con el propósito de resguardar los fines del Comité de Prevención contra la Tortura, los expertos y su personal de apoyo no estarán obligados a denunciar los crímenes o simples delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, los expertos y el personal de apoyo deberán denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que revistan riesgo vital para las personas privadas de libertad o sean víctimas de algunos de los actos definidos como tortura.

 

La información que recojan los expertos del Comité de Prevención contra la Tortura y el personal de apoyo, ya sea con ocasión de las visitas periódicas o de las entrevistas que sostengan, tendrá carácter reservado, incluso respecto de los demás funcionarios del Instituto que no participan de las funciones de éste.

 

Finalmente, según lo dispuesto en el artículo primero transitorio, la Ley entrará en vigor al cumplirse el 6° mes desde su publicación en el Diario Oficial, esto es, el 26 de octubre de 2019.

 

Asimismo la integración del Comité de Prevención contra la Tortura, se realizará de manera progresiva en conformidad a las siguientes reglas:

 

  1. a) Dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos designará a los 4 primeros expertos que integrarán el Comité de Prevención contra la Tortura.
  2. b) A partir del 18° mes de la entrada en vigor de la Ley -esto es el 26 de octubre de 2020- el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos designará a 3 expertos más que integrarán el Comité de Prevención contra la Tortura.

 

Actualidad

Ley N°21.153, que tipifica el delito de acoso sexual en espacios públicos.

¿Sabías que se acaba de publicar una ley que tipifica el delito de acoso sexual callejero?

Efectivamente, con fecha 3 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial, la Ley N°21.153 que “Modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos”.

 

¿Qué motivó la dictación de esta nueva ley?

 

Hoy en día es una realidad que el acoso sexual en lugares de alta afluencia de público como medios de transporte, calles y eventos masivos se está convirtiendo en un grave problema en nuestro país. Sin embargo, nuestro Código Penal si bien contempla diversos delitos relacionados con acciones y conductas de carácter sexual, no contemplaba ninguna figura de carácter residual que permitiera sancionar este tipo de actos en forma clara y tajante, por lo que urgía establecer una normativa específica para sancionar a los acosadores.

 

¿Cuál es el propósito de  esta nueva norma?

 

La nueva Ley tiene como propósitos:

 

  1. Contribuir a erradicar las prácticas de acoso sexual callejero que experimentan mujeres, hombres, niñas y niños en Chile.
  2. Reconocer el acoso sexual callejero como un tipo de violencia, por lo que es deber del Estado tomar las medidas necesarias para combatirlo y educar a la población para que la sociedad rechace este tipo de conductas.
  3. Se espera que se comiencen a desarrollar campañas destinadas a erradicar estas conductas y que impulsen la participación de todos a través del slogan “Si vez algo, haz algo” que tan beneficiosos resultados ha tenido en otros países.

 

¿Cómo define la Ley el acoso sexual callejero?

 

La Ley señala que comete acoso sexual callejero el que realizare, en lugares públicos o de libre acceso público y sin mediar el consentimiento de la víctima, un acto de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante y que no constituya una falta o delito al que se imponga una pena más grave.

 

¿Qué tipo de actos comprende la definición y que sanciones se les aplica?

 

  1. Actos de carácter verbal o ejecutados por medio de gestos. La pena asociada es de multa de 1 a 3 UTM (unidades tributarias mensuales).
  2. Conductas consistentes en acercamientos o persecuciones o actos de exhibicionismo obsceno o de contenido sexual explícito. La pena impuesta es de prisión en su grado medio a máximo (21 a 60 días de prisión) y multa de 5 a 10 UTM.

 

¿Qué sanción se establece por fotografiar o grabar en espacios públicos imágenes de partes íntimas del cuerpo?

La Ley dispone que se aplicará una pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y multa de 5 a 10 UTM al que, en lugares públicos o de libre acceso público, por cualquier medio, capte, grabe, filme o fotografíe imágenes, videos o cualquier registro audiovisual de los genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento.

 

¿Hay sanción para alguien que difunde esas imágenes?

 

Sí, se aplicará la misma pena de presidio (61 a 540 días), además de una multa de 10 a 20 UTM al que difunda dichas imágenes, videos o registro audiovisual.

 

¿Qué pasa si es la misma persona la que capta las imágenes y la que las difunde?

 

La pena en este caso es de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años) y multa de 20 a 30 UTM.

 

¿Qué ocurre con los abusos sexuales en que el autor del delito se vale de la sorpresa para realizar la acción sexual?

 

Si la víctima es mayor de 14 años, se sanciona al que abusivamente realiza una acción sexual distinta del acceso carnal y lo haga empleando la sorpresa u otra maniobra que no suponga consentimiento de la víctima. La pena es de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años).

 

La Ley mantiene las sanciones mayores para las acciones sexuales contra menores de 14 años y los abusos cometidos con intimidación, violencia, contra víctimas privadas de sentido o que tienen incapacidad para oponerse, contra las que tienen enajenación o trastorno mental y cuando el autor se vale de la dependencia, desamparo de las víctimas o éstas son engañadas por su ignorancia sexual.

Reglamento de la ley que regula entrevistas grabadas y otras medidas de resguardo a menores víctimas de delitos sexuales.

Con fecha 2 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial el Reglamento de la Ley N°21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 29 de la citada Ley.

 

Cabe recordar que con fecha 20 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.057, que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales. El principal objeto de esta Ley es prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA), para así evitar toda consecuencia negativa que éstos puedan sufrir con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos que menciona dicha Ley.

 

Por su parte, el artículo 29 de la Ley mandata al Ministerio de Justicia a dictar un reglamento para establecer las condiciones y requisitos que deberán cumplir los programas de los cursos de formación especializada en metodología y técnicas de entrevista y declaración judicial del NNA; la forma, condiciones y requisitos para la implementación del programa de formación continua, seguimiento y evaluación de las personas que efectuarán las entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones judiciales; la forma, condiciones y requisitos para el desarrollo de los procesos de acreditación de los entrevistadores y su vigencia; las especificaciones técnicas de las salas en que se desarrollen la entrevista investigativa videograbada y declaración judicial del NNA; los estándares mínimos para la producción, almacenamiento, custodia y disposición de los registros de la entrevista investigativa videograbada y declaración judicial del NNA; la forma, condiciones, plazos y requisitos para revalidar la acreditación de entrevistador y cualquier otro aspecto necesario para la correcta implementación del sistema de entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones judiciales del NNA. En este sentido, destaca en el Reglamento lo siguiente:

a) La denuncia, entrevista investigativa videograbada y de la declaración judicial.

 

  1. La denuncia efectuada por un NNA se recibirá garantizando su participación voluntaria brindándole seguridad y controlando la presencia de otras personas.
  2. La entrevista se realizará por un entrevistador designado por el fiscal con acreditación vigente en el Registro de Entrevistadores. El propósito de la entrevista será proporcionar antecedentes que puedan orientar el desarrollo de la investigación penal mediante la información que el NNA entregue de los hechos denunciados y de sus partícipes, cualquiera sea la forma en que ésta se exprese, procurando, por esta vía, evitar la exposición reiterada e injustificada del NNA a instancias que busquen establecer la ocurrencia de los hechos materia de la investigación y de la participación criminal.
  3. La entrevista se desarrollará en una Sala de Entrevistas Investigativas, en una Sala Gesell habilitada o en una Sala Especial, en la que solo estarán presentes el entrevistador y el NNA. Estas salas se encuentran definidas en el artículo 2° del Reglamento.
  4. Por su parte, la declaración judicial tendrá por objeto que el NNA preste declaración en juicio con intervención de un entrevistador que actuará como intermediario, el cual será designado por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, con acreditación vigente en el Registro de Entrevistadores. El intermediario actuará como facilitador, formulando al menos las preguntas que dirigen los intervinientes por intermedio del juez, en un lenguaje y modo adecuados a su edad, madurez y condición psíquica. Esta declaración se desarrollará en la Sala Especial del tribunal respectivo.

B) Disposiciones comunes a la entrevista investigativa videograbada y la declaración judicial:

 

  1. Los entrevistadores deberán tener formación especializada en metodología y técnicas de entrevista investigativa videograbada y declaración judicial a menores y contar con acreditación vigente otorgada por el Ministerio de Justicia.
  2. Las salas en las que se desarrollen la entrevista y declaración judicial deberán contar con condiciones que protejan la privacidad de la interacción con el NNA; resguarden la seguridad del NNA; permitan controlar la presencia de participantes; sean tecnológicamente adecuadas para videograbar el relato que preste el NNA y, en el caso de la declaración judicial, para su reproducción instantánea y su intercomunicación con la sala de audiencia.
  3. También se establecen especificaciones técnicas en cuanto a la estructura constructiva de la Sala de Entrevistas Investigativas y de la Sala Especial, su habilitación, aislamiento y adecuación.
  4. Asimismo se enumeran los estándares mínimos para la producción, almacenamiento, custodia y disposición de los registros de la entrevista y declaración judicial.

C) El curso inicial de formación especializada y el programa de formación continua.

 

  1. El Curso Inicial de Formación Especializada (CIFE) y el Programa de Formación Continua (PFC) son actividades de formación de desarrollo complementario y coordinado, cuyo objetivo es formar entrevistadores para que realicen correctamente cada una de las fases de la entrevista investigativa videograbada y/o de la declaración judicial, según corresponda al rol que deba desarrollar dentro del sistema procesal penal. Estos programas, además, deberán cumplir con el estándar técnico necesario para que los entrevistadores interactúen con el NNA, considerando su calidad de sujetos de derechos, sus particularidades y el contexto procesal chileno.
  2. Señala la Ley que la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial podrán impartir estos cursos de formación especializada.
  3. El CIFE es una actividad de formación que incorpora contenidos y actividades que permiten a los participantes desarrollar correctamente cada una de las fases de la entrevista investigativa videograbada y/o de la declaración judicial, según corresponda al rol que deba desarrollar dentro del sistema procesal penal, considerando el contexto penal chileno y las particularidades del NNA víctima de alguno de los delitos señalados en el inciso primero del artículo 1° de la Ley.
  4. Por su parte, el PFC es una instancia de capacitación, seguimiento y evaluación permanente del entrenamiento, competencias y destrezas adquiridos por el entrevistador en el CIFE, que involucra un proceso continuo de supervisión y retroalimentación del desempeño del entrevistador, de modo de lograr que se mantengan y potencien los conocimientos y competencias aprendidas.

 

  1. Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

 

Le corresponderá al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ejercer una serie de funciones, dentro de las cuales destacan la coordinación de la actuación de los organismos encargados de dar cumplimiento a la Ley, en el marco de las sesiones de la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal; la evaluación del sistema; la acreditación de los entrevistadores y la mantención y administración de un registro actualizado de los entrevistadores con acreditación vigente.

Ley N°21.147 que modifica la Ley de Tránsito respecto al uso de vidrios oscuros en vehículos motorizados.

Con fecha 1° de marzo de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.147 que modifica el número 1 del artículo 75 de la Ley de Tránsito (Ley N° 18.290), relativo al uso de vidrios oscuros o polarizados en vehículos motorizados, con el objetivo de perfeccionar el uso adecuado de los vidrios oscuros en este tipo de vehículos, introduciendo un cambio formal desde la regla general de prohibición. La citada disposición prohibía la utilización de vidrios oscuros o polarizados como regla general, especificando que los vehículos debían estar provistos de “vidrios de seguridad que permitan una perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo”. Sin embargo, autorizaba que un reglamento señalara aquellos casos en que se permitía su uso. Esto generaba una situación de incertidumbre jurídica, en cuanto a que las disposiciones reglamentarias autorizaban el uso de vidrios oscuros o polarizados en vehículos que los tuvieran incorporados desde su fabricación y sólo en sus ventanas traseras.

 

La idea matriz o fundamental de la nueva Ley fue modificar la Ley de Tránsito, con el propósito de dar certeza a la ciudadanía sobre el adecuado uso de vidrios oscuros o polarizados, rescatando la primera parte de la citada redacción[1] pero reemplazando lo referente a los vidrios oscuros de la siguiente forma: “Podrá contar con vidrios oscuros o polarizados que cumplan con los factores de transmisión regular de la luz u otras cualidades ópticas y las certificaciones establecidas en el reglamento”.

 

En este sentido, la historia de la Ley señala que las actuales tecnologías en uso permiten, conforme especificaciones técnicas y parámetros adecuados, la incorporación de vidrios oscuros o polarizados a diversos vehículos distintos a los de fábrica, en cuanto cumplan con las especificaciones aprobadas por los departamentos técnicos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Agrega que se cuenta con los elementos tecnológicos que permiten fiscalizar su correcto uso a través de los servicios que otorgan las plantas de revisión técnica de vehículos motorizados, lo cual asegurará su correcta implementación.

 

Sin embargo, transcurrido un mes de la publicación de la Ley, expertos buscan que la norma se revierta, pues afirman que ésta complica la fiscalización de varias reglas de tránsito al interior de vehículos, como el uso del cinturón de seguridad; si los niños van en sistema de retención infantil; o si, al conducir, los conductores van chateando o hablando por teléfono. Además la Ley enfrenta otros problemas, ya que a pesar de su publicación en el Diario Oficial, los reglamentos que la hacen operativa aún no están en elaboración, lo que ha provocado, por ejemplo, que las plantas de revisión técnica se rijan por la legislación antigua y prohíban el uso de vidrios polarizados. Como consecuencia de lo anterior, el cambio a la normativa podría darse en el Senado, ya que la comisión de Transportes discute un proyecto que busca modificar la Ley de Tránsito, en el cual se podría incluir un artículo que volviera a prohibir el uso de vidrios polarizados[2].

[1] “Vidrios de seguridad que permitan una perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo”

[2] Fuente: https://digital.elmercurio.com/2019/03/26/C/RL3ILK4J#zoom=page-width