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Protocolo para ejercer la objeción de conciencia en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo.

Con fecha 7 de noviembre de 2018 comenzó a regir el Reglamento que regula la objeción de conciencia y que tiene por finalidad asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción voluntaria de su embarazo en el marco de las causales que contempla el artículo 119 del Código Sanitario, esto es, cuando la mujer se encuentre en riesgo vital de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida; cuando el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal o cuando el embarazo sea resultado de una violación, dentro de los plazos establecidos en el artículo 119 N°3 del Código Sanitario.

 

Cabe recordar que a principios de mayo del presente año, la Contraloría General de República determinó en su dictamen N°11.781, que el Protocolo de Objeción de Conciencia, publicado mediante la Resolución Exenta N°432 del Ministerio de Salud, no se ajustaba a derecho, señalando que la autoridad administrativa incurrió en una serie de irregularidades afectando la naturaleza jurídica del protocolo. Asimismo señaló que los establecimientos públicos de salud y las instituciones privadas que hayan suscrito un convenio con el Estado para la ejecución de acciones de salud no pueden invocar la objeción de conciencia. ( Más información en http://www.gonzalezronycia.cl/2018/05/29/la-objecion-de-conciencia-institucional-alcances-al-debate-nacional/)

 

Entre las principales materias que regula el nuevo protocolo destaca:

 

1. OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD. 

 

a) El establecimiento de salud está obligado a asegurar atención médica oportuna a la mujer –adolescente o adulta– que se encuentren en algunas de las tres causales de interrupción voluntaria del embarazo previstas en el artículo 119 del Código Sanitario.

 

b) El establecimiento de salud debe contar con al menos un equipo de salud disponible para realizar interrupción voluntaria del embarazo. Si, por una situación excepcional, el establecimiento no cuenta con personal que otorgue la atención solicitada, será responsable de asegurar la derivación inmediata de la paciente a otro establecimiento de salud para que el procedimiento le sea realizado de manera que el acceso a la atención y la calidad asistencial del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no sufran menoscabo. Sin embargo, esta circunstancia no libera al establecimiento de salud de su obligación de dar atención a la mujer en cualquiera de las tres causales de interrupción voluntaria del embarazo, para cuyo efecto, debe siempre procurar los medios para salir de la imposibilidad y quedar en condiciones de asignar o reasignar en forma inmediata otro profesional disponible para otorgar la prestación a la paciente, salvo en lo relativo a la objeción de conciencia invocada por instituciones. Todo mayor costo que se produzca por la derivación o se derive de ésta será de cargo del establecimiento de salud.

 

c) Establecer un procedimiento específico para la coordinación expedita y oportuna para la reasignación o derivación de las mujeres que solicitan interrupción voluntaria del embarazo, en caso de que no cuente con facultativos que puedan entregar la prestación en su establecimiento. Para ello, adoptará todas las medidas que sean necesarias para que el ejercicio de la objeción de conciencia no afecte de modo alguno el acceso, la calidad y la oportunidad de la prestación médica de interrupción del embarazo.

 

d) Difundir y capacitar a sus equipos tratantes, en el manejo del procedimiento de reasignación o derivación respectivo.

 

2. OBJECIÓN DE CONCIENCIA INVOCADA POR PERSONAS NATURALES.

 

Podrán ser objetores de conciencia el médico cirujano requerido para interrumpir el embarazo por alguna de las causales contempladas en la Ley y el resto del personal al que corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención, tales como matrones, enfermeros, arsenaleros que deben prestar asistencia, los técnicos de enfermería responsables de ejecutar un procedimiento directamente vinculado con la interrupción del embarazo.

 

La objeción de conciencia debe manifestarse al director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa a la recepción de una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo. Se realizará a través de un formulario tipo aprobado por resolución del Ministro de Salud.

 

Dicha objeción no procede respecto de actos de información, diagnóstico, toma e informe de exámenes, reasignación, derivación, así como tampoco respecto de los demás actos de preparación o cuidados posteriores al procedimiento de interrupción del embarazo, sea que estos últimos se requieran regularmente en el procedimiento, o bien, su necesidad de entregarlos surja de complicaciones en la condición de salud de la mujer.

 

No podrá discriminarse arbitrariamente a ninguna persona que haya manifestado su condición de objetor de conciencia o se haya abstenido de hacerlo. Tampoco se podrán imponer exigencias o consecuencias ni generar ninguna clase de incentivos que busquen alterar la condición de objetor o no objetor de conciencia.

 

3. OBJECIÓN DE CONCIENCIA INVOCADA POR INSTITUCIONES.

 

Los establecimientos públicos de salud no podrán invocar objeción de conciencia ni los establecimientos privados de salud que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N°36 de 1980, del Ministerio de Salud.

 

Para poder hacer efectiva la objeción de conciencia institucional, el establecimiento de salud deberá manifestarla por escrito al Secretario Regional Ministerial de Salud correspondiente, de conformidad al Reglamento.

 

La manifestación deberá presentarse en todas las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud donde la persona jurídica tenga establecimientos o sedes comprendidos en la objeción de conciencia. Se realizará en un formulario tipo único para todos los establecimientos.

 

Tanto la institución como la persona natural que haya manifestado su objeción de conciencia podrá retractarse y dejarla sin efecto, respecto de todas o alguna de las causales de interrupción del embarazo señaladas en el artículo 119 del Código Sanitario.

 

Con todo si la mujer requiere atención inmediata e impostergable, quien haya manifestado la objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo.

 

4. CASOS EN QUE NO PROCEDE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA.

 

a) La objeción de conciencia no se extiende a las funciones de gestión y dirección en el establecimiento de salud, cualquiera sea la denominación y rango de su ámbito de acción y responsabilidad en esos roles.

 

b) El médico cirujano que haya manifestado objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo o de concurrir a la prestación de salud, cuando la mujer se encuentre en la causal del N°1 del artículo 119 del Código Sanitario, esto es, aquella mujer que se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida y requiera atención médica inmediata e impostergable y no exista otro médico cirujano que pueda realizar la intervención.

 

c) La objeción de conciencia no procede respecto de actos de información, diagnóstico, toma e informe de exámenes, derivación, así como tampoco respecto de los demás de preparación ni de los cuidados posteriores al procedimiento de interrupción del embarazo,

 

d) Para el resto del personal del equipo de salud, la objeción de conciencia no procede respecto de los actos que, aun vinculados con la interrupción del embarazo, deban realizarse fuera del pabellón quirúrgico.

 

5. SANCIONES.

 

Las infracciones a las disposiciones contenidas en el Reglamento serán sancionadas con arreglo a los procedimientos previstos en el Libro Décimo del Código Sanitario y en la Ley N°20.584, según corresponda, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren proceder.

 

Fuente: www.minsal.cl

 

LEY DE CONVIVENCIA VIAL

La actual Ley de Tránsito fue pensada para regular fundamentalmente el flujo de vehículos motorizados y no considera adecuadamente a otros medios de transporte que han tenido un crecimiento importante en los últimos años. Tampoco promueve de manera efectiva una cultura de convivencia vial y el uso compartido de las vías. En este sentido, no se reconocen ciertas especificidades de algunos modos de transporte, como por ejemplo, la necesidad de ciclistas y motociclistas de detenerse delante de los automóviles con el fin de hacerse visibles al resto de los conductores. 

 

Este domingo 11 de noviembre entrará en vigor la Ley de Convivencia Vial, la cual se configura como una de las primeras leyes de origen ciudadano, es decir, propuesta desde la ciudadanía y acogida como proyecto de ley por parte del Ejecutivo, quien lo presentó al Congreso Nacional en el mes de agosto del año 2015.

 

La Ley de Convivencia Vial o también llamada Ley de Convivencia de Modos, contiene importantes modificaciones a la normativa de tránsito, afectando no sólo a automovilistas, sino también a peatones, ciclistas y a todos quienes ocupen la vía pública, velando por la democratización del espacio público, asegurando el derecho a la movilidad de los chilenos, cualquiera sea su opción y, al mismo tiempo, ayudando a bajar la siniestralidad, disminuyendo los accidentes y su severidad.

 

La Ley establece de manera obligatoria que las bicicletas circulen por ciclovías, salvo ciertas excepciones que involucren a niños. En el caso de que no existan ciclovías, las bicicletas deberán utilizar el lado derecho de la calzada. Quienes ocupen patinetas, scooters o cualquier vehículo no motorizado de una o más ruedas también deberán cumplir este mandato. Asimismo, los vehículos motorizados deberán mantener una distancia de 1,5 metros para adelantar a los ciclistas cuando estén circulando por la huella en zonas sin ciclovía.

 

Entre las modificaciones más relevantes destaca que se agregan nuevas definiciones como bicicleta, ciclo, triciclo motorizado de carga,  línea de detención adelantada la cual determina el inicio de la zona de espera especial para conductores de ciclos o motocicletas, zona de espera especial, la cual permite a los conductores de ciclos o motocicletas detenerse y reiniciar su marcha delante de otros motorizados en un cruce con semáforo y zona de tránsito calmado donde las velocidades máximas son de 40 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora o 20 kilómetros por hora.

 

El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones deberá dictar un reglamento que regule las condiciones de gestión y seguridad de tránsito que deberán cumplir las ciclovías para su correcta operación, entendiéndose por condiciones de gestión y seguridad de tránsito, los requisitos de diseño y características técnicas con las que deberán planificarse, implementarse y mantenerse las ciclovías. También establecerá los elementos de seguridad para ocupantes de ciclos tales como casco, elementos reflectantes, frenos, luces y otros accesorios de seguridad de los ciclos. Asimismo, podrá prohibir la circulación en ciclovías de algunos tipos de ciclos que por sus dimensiones o características no correspondan.

 

Si bien tanto Carabineros como fiscalizadores del Ministerio de Transportes e inspectores municipales están facultados para fiscalizar y sancionar cualquier infracción a las normas del tránsito, incluyendo la Ley de Convivencia Vial, esta normativa no ha estado exenta de críticas. Se visualiza como punto crítico y quizás el más problemático de la nueva ley, la dificultad en la fiscalización de la distancia que deben mantener los vehículos motorizados al momento de adelantar a las bicicletas u otros ciclos que circulen por la calzada. En este sentido se ha pronunciado Alejandro Tirachini, académico de Ingeniería Civil en Transportes de la U. de Chile quien señala que esta distancia “no es fiscalizable” y más bien lo ve como “un mensaje para que el conductor del vehículo motorizado respete al ciclista y éste no se sienta intimidado”.

 

Otro de los puntos problemáticos es intentar erradicar a los ciclistas de las veredas. Según el investigador Ricardo Hurtubia, del Centro de Desarrollo Sustentable (Cedeus), esto se puede transformar en un arma de doble filo, ya que “muchos de los ciclistas que andan por la vereda lo hacen porque tienen temor de usar la calle y si los castigas, corren el riesgo de perder usuarios de la bicicleta”.

 

No obstante lo anterior y con especial atención a la opinión pública, esta Ley se proyecta como un cambio cultural que modificará los hábitos y comportamiento de los vehículos en la calle, quienes deberán compartir el espacio de una manera más equitativa, quitando privilegios a los autos y otorgando mayor seguridad a los más vulnerables de las vías, especialmente peatones y ciclistas. Por otra parte, la Ley de Convivencia Vial se constituye como incentivo al uso de vehículos no motorizados, lo que tiene efectos significativos en la disminución de la contaminación y de la congestión vehicular, debido al mejor aprovechamiento del espacio público.

 

Fuente:

www.vlex.cl

www.latercera.com

www.cnnchile.com

 

Ley de Inclusión Laboral (Ley N°21.015, publicada en el Diario Oficial de 29 de mayo de 2017)

 

La nueva Ley de Inclusión Laboral, que entró en vigencia el 1 de abril del 2018, tiene por finalidad promover una inclusión laboral eficaz de las personas en situación de discapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado.

La ley exige que las empresas o servicios públicos que cuenten con más de 100 trabajadores o funcionarios contraten al menos un 1% de personas con discapacidad del total de su dotación. Sin embargo, este primer año habrá ciertas facilidades, ya que la normativa regirá solamente para las entidades que tengan más de 200 trabajadores y a partir del año 2019 para las que cuenten con más de 100.

Si una empresa no puede cumplir con esta exigencia podrá exceptuarse sólo en razones fundadas en la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o institución, en no contar con cupos disponibles en la dotación de personal o en la falta de postulantes que cumplan con los requisitos respectivos. En tales casos, estas empresas podrán cumplir en forma alternativa si celebran contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad o si efectúan donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones relacionadas con la materia.

Para las empresas que no puedan cumplir con la exigencia de inmediato y que deban hacer ajustes, habrá facilidades. En ese sentido, el primer año se identificará como cumplimiento, sin necesidad de recurrir a razones justificadas, si las empresas contratan la prestación de servicios a empresas que tengan contratadas a personas con discapacidad o si efectúan donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones relacionadas con la materia.

Entre los principales temas que la Ley aborda, se encuentran:

  1. Los organismos públicos y las empresas con 100 o más trabajadores y trabajadoras deberán contratar al menos el 1% de personas con discapacidad.
  2. Respeta la dignidad de las personas con discapacidad mental eliminando la discriminación salarial al derogarse el artículo 16 de la Ley 18.600, que permitía pagarle menos del sueldo mínimo a una persona con alguna discapacidad mental o intelectual.
  3. Fija en 26 años la edad límite para suscribir el Contrato de Aprendizaje con personas con discapacidad mental.
  4. Se prohíbe toda discriminación hacia personas con discapacidad.
  5. Las personas con discapacidad contarán con garantías en los procesos de selección laboral del Estado.

Para acceder a estos cupos, las personas en situación de discapacidad deben estar inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad o tener pensión de invalidez. Son las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), dependientes del Ministerio de Salud, las encargadas de calificar y certificar la discapacidad de una persona.

Por otra parte, la Dirección del Trabajo será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de la Ley y que las empresas privadas suban a una plataforma web las contrataciones, mientras que los organismos públicos deberán informarlas al Servicio Civil y a SENADIS. Los incumplimientos en el sector público podrán ser sancionados por la Contraloría General de la República.

Actualidad

Protocolo para ejercer la objeción de conciencia en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo.

Con fecha 7 de noviembre de 2018 comenzó a regir el Reglamento que regula la objeción de conciencia y que tiene por finalidad asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción voluntaria de su embarazo en el marco de las causales que contempla el artículo 119 del Código Sanitario, esto es, cuando la mujer se encuentre en riesgo vital de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida; cuando el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal o cuando el embarazo sea resultado de una violación, dentro de los plazos establecidos en el artículo 119 N°3 del Código Sanitario.

 

Cabe recordar que a principios de mayo del presente año, la Contraloría General de República determinó en su dictamen N°11.781, que el Protocolo de Objeción de Conciencia, publicado mediante la Resolución Exenta N°432 del Ministerio de Salud, no se ajustaba a derecho, señalando que la autoridad administrativa incurrió en una serie de irregularidades afectando la naturaleza jurídica del protocolo. Asimismo señaló que los establecimientos públicos de salud y las instituciones privadas que hayan suscrito un convenio con el Estado para la ejecución de acciones de salud no pueden invocar la objeción de conciencia. ( Más información en http://www.gonzalezronycia.cl/2018/05/29/la-objecion-de-conciencia-institucional-alcances-al-debate-nacional/)

 

Entre las principales materias que regula el nuevo protocolo destaca:

 

1. OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD. 

 

a) El establecimiento de salud está obligado a asegurar atención médica oportuna a la mujer –adolescente o adulta– que se encuentren en algunas de las tres causales de interrupción voluntaria del embarazo previstas en el artículo 119 del Código Sanitario.

 

b) El establecimiento de salud debe contar con al menos un equipo de salud disponible para realizar interrupción voluntaria del embarazo. Si, por una situación excepcional, el establecimiento no cuenta con personal que otorgue la atención solicitada, será responsable de asegurar la derivación inmediata de la paciente a otro establecimiento de salud para que el procedimiento le sea realizado de manera que el acceso a la atención y la calidad asistencial del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no sufran menoscabo. Sin embargo, esta circunstancia no libera al establecimiento de salud de su obligación de dar atención a la mujer en cualquiera de las tres causales de interrupción voluntaria del embarazo, para cuyo efecto, debe siempre procurar los medios para salir de la imposibilidad y quedar en condiciones de asignar o reasignar en forma inmediata otro profesional disponible para otorgar la prestación a la paciente, salvo en lo relativo a la objeción de conciencia invocada por instituciones. Todo mayor costo que se produzca por la derivación o se derive de ésta será de cargo del establecimiento de salud.

 

c) Establecer un procedimiento específico para la coordinación expedita y oportuna para la reasignación o derivación de las mujeres que solicitan interrupción voluntaria del embarazo, en caso de que no cuente con facultativos que puedan entregar la prestación en su establecimiento. Para ello, adoptará todas las medidas que sean necesarias para que el ejercicio de la objeción de conciencia no afecte de modo alguno el acceso, la calidad y la oportunidad de la prestación médica de interrupción del embarazo.

 

d) Difundir y capacitar a sus equipos tratantes, en el manejo del procedimiento de reasignación o derivación respectivo.

 

2. OBJECIÓN DE CONCIENCIA INVOCADA POR PERSONAS NATURALES.

 

Podrán ser objetores de conciencia el médico cirujano requerido para interrumpir el embarazo por alguna de las causales contempladas en la Ley y el resto del personal al que corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención, tales como matrones, enfermeros, arsenaleros que deben prestar asistencia, los técnicos de enfermería responsables de ejecutar un procedimiento directamente vinculado con la interrupción del embarazo.

 

La objeción de conciencia debe manifestarse al director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa a la recepción de una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo. Se realizará a través de un formulario tipo aprobado por resolución del Ministro de Salud.

 

Dicha objeción no procede respecto de actos de información, diagnóstico, toma e informe de exámenes, reasignación, derivación, así como tampoco respecto de los demás actos de preparación o cuidados posteriores al procedimiento de interrupción del embarazo, sea que estos últimos se requieran regularmente en el procedimiento, o bien, su necesidad de entregarlos surja de complicaciones en la condición de salud de la mujer.

 

No podrá discriminarse arbitrariamente a ninguna persona que haya manifestado su condición de objetor de conciencia o se haya abstenido de hacerlo. Tampoco se podrán imponer exigencias o consecuencias ni generar ninguna clase de incentivos que busquen alterar la condición de objetor o no objetor de conciencia.

 

3. OBJECIÓN DE CONCIENCIA INVOCADA POR INSTITUCIONES.

 

Los establecimientos públicos de salud no podrán invocar objeción de conciencia ni los establecimientos privados de salud que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N°36 de 1980, del Ministerio de Salud.

 

Para poder hacer efectiva la objeción de conciencia institucional, el establecimiento de salud deberá manifestarla por escrito al Secretario Regional Ministerial de Salud correspondiente, de conformidad al Reglamento.

 

La manifestación deberá presentarse en todas las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud donde la persona jurídica tenga establecimientos o sedes comprendidos en la objeción de conciencia. Se realizará en un formulario tipo único para todos los establecimientos.

 

Tanto la institución como la persona natural que haya manifestado su objeción de conciencia podrá retractarse y dejarla sin efecto, respecto de todas o alguna de las causales de interrupción del embarazo señaladas en el artículo 119 del Código Sanitario.

 

Con todo si la mujer requiere atención inmediata e impostergable, quien haya manifestado la objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo.

 

4. CASOS EN QUE NO PROCEDE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA.

 

a) La objeción de conciencia no se extiende a las funciones de gestión y dirección en el establecimiento de salud, cualquiera sea la denominación y rango de su ámbito de acción y responsabilidad en esos roles.

 

b) El médico cirujano que haya manifestado objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo o de concurrir a la prestación de salud, cuando la mujer se encuentre en la causal del N°1 del artículo 119 del Código Sanitario, esto es, aquella mujer que se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida y requiera atención médica inmediata e impostergable y no exista otro médico cirujano que pueda realizar la intervención.

 

c) La objeción de conciencia no procede respecto de actos de información, diagnóstico, toma e informe de exámenes, derivación, así como tampoco respecto de los demás de preparación ni de los cuidados posteriores al procedimiento de interrupción del embarazo,

 

d) Para el resto del personal del equipo de salud, la objeción de conciencia no procede respecto de los actos que, aun vinculados con la interrupción del embarazo, deban realizarse fuera del pabellón quirúrgico.

 

5. SANCIONES.

 

Las infracciones a las disposiciones contenidas en el Reglamento serán sancionadas con arreglo a los procedimientos previstos en el Libro Décimo del Código Sanitario y en la Ley N°20.584, según corresponda, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren proceder.

 

Fuente: www.minsal.cl

 

LEY DE CONVIVENCIA VIAL

La actual Ley de Tránsito fue pensada para regular fundamentalmente el flujo de vehículos motorizados y no considera adecuadamente a otros medios de transporte que han tenido un crecimiento importante en los últimos años. Tampoco promueve de manera efectiva una cultura de convivencia vial y el uso compartido de las vías. En este sentido, no se reconocen ciertas especificidades de algunos modos de transporte, como por ejemplo, la necesidad de ciclistas y motociclistas de detenerse delante de los automóviles con el fin de hacerse visibles al resto de los conductores. 

 

Este domingo 11 de noviembre entrará en vigor la Ley de Convivencia Vial, la cual se configura como una de las primeras leyes de origen ciudadano, es decir, propuesta desde la ciudadanía y acogida como proyecto de ley por parte del Ejecutivo, quien lo presentó al Congreso Nacional en el mes de agosto del año 2015.

 

La Ley de Convivencia Vial o también llamada Ley de Convivencia de Modos, contiene importantes modificaciones a la normativa de tránsito, afectando no sólo a automovilistas, sino también a peatones, ciclistas y a todos quienes ocupen la vía pública, velando por la democratización del espacio público, asegurando el derecho a la movilidad de los chilenos, cualquiera sea su opción y, al mismo tiempo, ayudando a bajar la siniestralidad, disminuyendo los accidentes y su severidad.

 

La Ley establece de manera obligatoria que las bicicletas circulen por ciclovías, salvo ciertas excepciones que involucren a niños. En el caso de que no existan ciclovías, las bicicletas deberán utilizar el lado derecho de la calzada. Quienes ocupen patinetas, scooters o cualquier vehículo no motorizado de una o más ruedas también deberán cumplir este mandato. Asimismo, los vehículos motorizados deberán mantener una distancia de 1,5 metros para adelantar a los ciclistas cuando estén circulando por la huella en zonas sin ciclovía.

 

Entre las modificaciones más relevantes destaca que se agregan nuevas definiciones como bicicleta, ciclo, triciclo motorizado de carga,  línea de detención adelantada la cual determina el inicio de la zona de espera especial para conductores de ciclos o motocicletas, zona de espera especial, la cual permite a los conductores de ciclos o motocicletas detenerse y reiniciar su marcha delante de otros motorizados en un cruce con semáforo y zona de tránsito calmado donde las velocidades máximas son de 40 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora o 20 kilómetros por hora.

 

El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones deberá dictar un reglamento que regule las condiciones de gestión y seguridad de tránsito que deberán cumplir las ciclovías para su correcta operación, entendiéndose por condiciones de gestión y seguridad de tránsito, los requisitos de diseño y características técnicas con las que deberán planificarse, implementarse y mantenerse las ciclovías. También establecerá los elementos de seguridad para ocupantes de ciclos tales como casco, elementos reflectantes, frenos, luces y otros accesorios de seguridad de los ciclos. Asimismo, podrá prohibir la circulación en ciclovías de algunos tipos de ciclos que por sus dimensiones o características no correspondan.

 

Si bien tanto Carabineros como fiscalizadores del Ministerio de Transportes e inspectores municipales están facultados para fiscalizar y sancionar cualquier infracción a las normas del tránsito, incluyendo la Ley de Convivencia Vial, esta normativa no ha estado exenta de críticas. Se visualiza como punto crítico y quizás el más problemático de la nueva ley, la dificultad en la fiscalización de la distancia que deben mantener los vehículos motorizados al momento de adelantar a las bicicletas u otros ciclos que circulen por la calzada. En este sentido se ha pronunciado Alejandro Tirachini, académico de Ingeniería Civil en Transportes de la U. de Chile quien señala que esta distancia “no es fiscalizable” y más bien lo ve como “un mensaje para que el conductor del vehículo motorizado respete al ciclista y éste no se sienta intimidado”.

 

Otro de los puntos problemáticos es intentar erradicar a los ciclistas de las veredas. Según el investigador Ricardo Hurtubia, del Centro de Desarrollo Sustentable (Cedeus), esto se puede transformar en un arma de doble filo, ya que “muchos de los ciclistas que andan por la vereda lo hacen porque tienen temor de usar la calle y si los castigas, corren el riesgo de perder usuarios de la bicicleta”.

 

No obstante lo anterior y con especial atención a la opinión pública, esta Ley se proyecta como un cambio cultural que modificará los hábitos y comportamiento de los vehículos en la calle, quienes deberán compartir el espacio de una manera más equitativa, quitando privilegios a los autos y otorgando mayor seguridad a los más vulnerables de las vías, especialmente peatones y ciclistas. Por otra parte, la Ley de Convivencia Vial se constituye como incentivo al uso de vehículos no motorizados, lo que tiene efectos significativos en la disminución de la contaminación y de la congestión vehicular, debido al mejor aprovechamiento del espacio público.

 

Fuente:

www.vlex.cl

www.latercera.com

www.cnnchile.com

 

Promulgación del Nuevo Sistema de Educación Superior

Con fecha 29 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.091 que crea un Nuevo Sistema de Educación Superior.

 

Señala el artículo 1° que “La educación superior es un derecho, cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, sin discriminaciones arbitrarias, para que puedan desarrollar sus talentos; asimismo, debe servir al interés general de la sociedad y se ejerce conforme a la Constitución, la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes […]”.

El Nuevo Sistema es de provisión mixta y se compone por dos subsistemas: el Universitario y el Técnico Profesional.

  1. El subsistema Universitario lo integran las universidades estatales creadas por ley, las universidades no estatales pertenecientes al Consejo de Rectores y las universidades privadas reconocidas por el Estado.
  2. El subsistema Técnico Profesional lo integran los centros de formación técnica estatales, y los institutos profesionales y centros de formación técnica privados reconocidos por el Estado.

 

Con el fin de propender al fortalecimiento del Nuevo Sistema de Educación Superior, la Ley crea la Subsecretaría de Educación Superior y la Superintendencia de Educación Superior.

 

  1. La Subsecretaría de Educación Superior estará a cargo del Subsecretario de Educación Superior quien tendrá el carácter de colaborador directo del Ministro de Educación en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas y programas para la educación superior, especialmente en materias destinadas a su desarrollo, promoción, internacionalización y mejoramiento continuo, tanto en el subsistema universitario como en el técnico profesional.
  2. La Superintendencia de Educación Superior es un servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Educación. Tendrá facultades para fiscalizar e instruir el procedimiento administrativo sancionatorio de instituciones de educación superior.

 

Entre otras materias, la Ley fortalece el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación y determina los requisitos que deben cumplir las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica para acceder al financiamiento institucional para la gratuidad. En este contexto, la Comisión Nacional de Acreditación presenta una nueva conformación en cuanto a la integración de sus consejeros y modalidad de designación, así como importantes cambios en materia de acreditación, tales como:

  1. Establecer la obligatoriedad de la acreditación institucional. La cual, además, verá de manera conjunta la examinación de programas académicos de postgrado y pregrado seleccionados de manera aleatoria.
  2. Integrar como nueva dimensión de acreditación institucional obligatoria el Aseguramiento Interno de la Calidad.
  3. Determinar la acreditación voluntaria de los programas de magíster y Especialidades Médicas y Odontológicas. Sin embargo, señala que de no estar acreditados dichos programas, no accederán a beneficios o asignaciones del Estado.
  4. Determinar la acreditación obligatoria sólo para las carreras de Educación, Medicina y Odontología.
  5. Señalar la definición de nuevos criterios y estándares de acreditación.
  6. Eliminar la gestión de las Agencias acreditadoras desde la fecha de promulgación de la Ley.
  7. Establecer como única instancia acreditadora a la Comisión Nacional de Acreditación de Chile.

 

En cuanto a las condiciones que se exigen para que las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica accedan a la gratuidad, la Ley señala que deberán:

  1. Contar con acreditación institucional avanzada o de excelencia.
  2. Estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones de derecho público o cuya personalidad derive de estas u otras entidades de derecho público reconocidas por ley.
  3. Estar adscritas, al menos un año antes de la solicitud respectiva, al Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación Superior.
  4. Aplicar políticas, previamente informadas a la Subsecretaría de Educación Superior, al menos un año antes de la solicitud respectiva, que permitan el acceso equitativo de estudiantes; y contar con programas de apoyo a estudiantes vulnerables que promuevan su retención. Deben fomentar que al menos el 20% de la matrícula total de la institución corresponda a estudiantes de hogares pertenecientes a los cuatro primeros deciles de menores ingresos del país (40% más vulnerables).

 

Las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional deberán otorgar estudios gratuitos a los estudiantes que, de acuerdo con la condición socioeconómica que la Ley disponga, cumplan los siguientes requisitos:

  1. Ser chileno, extranjero con permanencia definitiva, o extranjero con residencia, y respecto a este último caso, que haya cursado la enseñanza media completa en Chile.
  2. No tener un título técnico de nivel superior ni un título profesional o una licenciatura; ni un título o grado académico reconocido o revalidado en Chile. Sin embargo, quienes tengan un título técnico de nivel superior podrán tener gratuidad si cursan una segunda carrera para obtener un título profesional o grado académico de licenciado.
  3. Se entenderá que cumplen este requisito los que tengan título de técnico nivel superior si estudian una licenciatura o programa de estudio conducente a un título profesional.
  4. Estar matriculado en alguna de las carreras o programas de estudio de pre grado en universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y las otras instituciones que la ley considera.

 

Finalmente, la Ley Nº 21.091 deroga la Ley N°20.027 que establece normas para el financiamiento de estudios de educación superior (CAE) a contar del 1° de enero de 2019. Dicha derogación entrará en vigencia siempre que comience a regir otro mecanismo de financiamiento de estudios de educación superior que lo reemplace, el cual será administrado por el Estado y será propuesto por el presidente de la República a través de un proyecto de ley que presentará durante el año 2018.