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Promulgación de la Ley de Identidad de Género. Alcances generales.

 

La Ley de Identidad de Género fue promulgada por el Presidente de la República con fecha 28 de noviembre de 2018, tras 5 años de debate en el Congreso Nacional.

 

Previo a la promulgación de esta Ley, en Chile, a las personas trans no se les reconocía ni protegía a cabalidad su derecho a la identidad, lo que les generaba una serie de dificultades para el ejercicio de otros derechos, como por ejemplo, el derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda y a la salud. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se había pronunciado destacando la “relación que existe entre la falta de reconocimiento de la identidad género de las personas trans, la violencia que sufren y la violación a sus derechos económicos, sociales y culturales”[1], instando a los Estados a adoptar leyes de identidad de género, así como medidas afirmativas, diferenciadas y específicas para asegurar que las personas trans tengan acceso, sin discriminación alguna y en condiciones seguras, al empleo y seguridad social, a la vivienda, a la educación y a la salud.

 

De acuerdo a los Principios de Yogyakarta, la identidad de género se refiere a la “vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”[2]

 

En tal sentido, la nueva Ley consagra en su artículo primero el derecho a la identidad de género, el que consiste en “la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral de solicitar la rectificación de éstos”. Agrega que “se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma.”

 

La normativa precisa que para ejercer el derecho a la identidad de género la persona podrá o no haber modificado su apariencia o función corporal mediante “tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre que sean libremente escogidos”, pero en ningún caso podrán ser exigidos como requisito para realizar la solicitud de cambio de nombre y sexo registral.

 

Asimismo, la nueva Ley establece una serie de principios que buscan resguardar el ejercicio del derecho que se consagra, entre ellos, los de no discriminación arbitraria, no patologización, es decir, que no pueden ser tratadas como personas enfermas, trato digno, confidencialidad de sus antecedentes, interés superior del niño y autonomía progresiva.

 

En general, la Ley contempla que toda persona mayor de edad podrá, hasta por dos veces y a través de los procedimientos que contempla la Ley, obtener la rectificación del sexo y nombre con que aparezca individualizada en su partida de nacimiento para que sean coincidentes con su identidad de género.

 

La normativa hace una diferenciación entre los adolescentes y las personas adultas. En el caso de los primeros, el proceso de solicitud de cambio de sexo registral debe hacerse ante un Tribunal de Familia, por uno de los padres o tutores legales del solicitante, ante el que deberán presentarse antecedentes y fundamentos conforme a los cuales el cambio de sexo registral es beneficioso para el mayor de 14 y el menor de 18 años. Para este procedimiento además, el adolescente podrá ejercer su derecho a ser oído directamente ante el juez y un consejero técnico y podrá manifestar su voluntad de cambiar su sexo y nombre registrales. La norma, además, establece que en caso de que el adolescente quiera retractarse de su decisión, podrá hacerlo una vez que cumpla la mayoría de edad.

 

Si bien durante el último trámite legislativo ambas cámaras rechazaron la inclusión de los menores de 14 años en torno al cambio de nombre y sexo registral, sí quedaron establecidos en la normativa programas de acompañamiento para ellos y sus familias. Dichos programas, dice el texto, consistirán en “una orientación profesional multidisciplinaria que incluirá acciones de asesoramiento psicológico y biopsicosocial, cuyo objeto será el otorgamiento de herramientas que permitan su desarrollo integral, de acuerdo con su identidad de género” y estarán a cargo de los ministerios de Desarrollo Social y de Salud. Además se establece que los organismos encargados de implementar los programas de acompañamiento sólo podrán ser organismos sin fines de lucro.

 

Cabe destacar que una de estas situaciones de particular vulnerabilidad para niños, niñas y adolescentes trans ocurre en los establecimientos educacionales. Allí, el desconocimiento de su identidad de género implica varias dificultades, desde la integración a la vida escolar y bullying transfóbico, a problemas más cotidianos como el uso de baños en recintos escolares, uso de uniformes, cómo son nombrados/as en las listas de curso o por sus compañeros/as y autoridades escolares entre otras cosas, que impiden su pleno desarrollo, más aun si consideramos que Chile tiene las tasas de suicidio adolescente y violencia escolar más altas de América Latina. De acuerdo con diversos estudios internacionales, 1 de cada 4 jóvenes trans ha intentado quitarse la vida debido a la discriminación que vive día a día.  En este mismo sentido se ha pronunciado la CIDH al señalar que la violencia y la discriminación contra niños, niñas y jóvenes trans se inicia a temprana edad, cuando son expulsados de sus hogares, colegios y familias como consecuencia de expresar sus identidades de género diversas. Como resultado, las personas trans enfrentan pobreza, exclusión social y altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda, presionando a las mujeres trans a trabajar en economías informales altamente criminalizadas, como el trabajo sexual[3]

 

Por último, la Ley señala que para aquellas personas casadas o unidas civilmente, el trámite deberá efectuarse al igual que los mayores de 14 años, ante un juez de Familia. De acogerse la solicitud, la norma establece la inmediata disolución del vínculo.

 

Fuente:

www.latercera.cl

www.iguales.cl

www.oas.org

 

[1] CIDH. Informe sobre el 154 Período de Sesiones de la CIDH

[2] Principios elaborados por un grupo de especialistas en derechos humanos, para la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género

[3] CIDH. CIDH saluda a Argentina por aprobación de ley provincial de Cupo Laboral Trans.

Ley N°21.121 que modifica el Código Penal y otras normas legales para la prevención, detección y persecución de la corrupción.

Con fecha 20 de noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.121 que modifica el Código Penal y otras normas legales para la prevención, detección y persecución de la corrupción.  Su objetivo consiste en fortalecer la tipificación de ciertas conductas y elevar las penas de los principales delitos funcionarios: malversación, fraude al fisco, negociación incompatible, soborno y cohecho.

 

La dictación de esta Ley estuvo motivada en problemas identificados previamente, como son la existencia de penas relativamente bajas para delitos contra la probidad, tanto en comparación con otros países como en lo que respecta a otros delitos en Chile y los vacíos legales en la tipificación de algunos delitos reconocidos como tales en otros países.

 

En este sentido, la nueva Ley crea el delito de corrupción entre particulares, figura que busca tutelar la competencia “leal” en los mercados, evitando que el soborno sea un medio legítimo en el mundo privado y tipifica el delito de administración desleal estableciendo sanciones para quienes, teniendo a su cargo la salvaguardia o gestión del patrimonio de un tercero, le “irrogare un perjuicio”, ejerciendo “abusivamente sus facultades de representación o ejecutando y omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado”. Respecto de este último delito, se establece una agravante en caso de que el administrador cometa este delito en contra de una sociedad anónima abierta o especial. Además, amplía el radio de acción del comiso, para hacerse cargo de las ganancias ilegales y hace más exigente la regulación para las personas jurídicas vinculadas a estos hechos delictuales.

 

Por otra parte, la Ley incorpora a la escala general de penas que pueden imponerse en los casos de delitos calificados como crímenes, las inhabilitaciones “absoluta perpetua” y “absoluta temporal”, para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública. Tratándose de simples delitos, se agrega la sanción de inhabilitación “absoluta temporal”, en los mismos términos ya señalados.

 

Asimismo la Ley regula los efectos que cada una de estas sanciones produce, como por ejemplo, la extensión de la privación de cargos y tiempos en que dura la medida.

 

Se aumentan las penas corporales, pecuniarias y restrictivas de derechos aplicables a las distintas figuras constitutivas de delitos contempladas en el Código Penal cometidos por funcionarios públicos, como la malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales. En tal sentido, respecto de las penas corporales, se propone la reclusión menor en sus grados medio a máximo. Asimismo, se propone el aumento de las multas aplicables y la inhabilitación absoluta temporal. En este marco, por ejemplo, se sanciona al empleado público que, directa o indirectamente, se interese en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiese de intervenir en relación con su cargo.

 

Otro de los aspectos relevantes consiste en la creación de la figura de cooperación eficaz, la que busca incentivar las denuncias y, de esta forma, mejorar la persecución penal de los delitos cometidos por funcionarios públicos, como la malversación, el fraude, el cohecho, el soborno, entre otros. Así, la Ley propone incluir como circunstancia atenuante de responsabilidad penal la entrega de antecedentes que sirvan “al esclarecimiento de los hechos investigados o permita la identificación de sus responsables, o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de estos delitos, o facilite el comiso de los bienes, instrumentos, efectos o productos del delito”. De cumplir con aquello, el tribunal podrá reducir la pena en hasta dos grados.

 

Finalmente, se efectúan adecuaciones normativas en la Ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Ley N°20.393) en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho(Ver mas en http://www.gonzalezronycia.cl/2018/01/09/responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas/).  La norma amplía el catálogo de delitos por el que una empresa puede ser perseguida y sancionada, entre ellos, el soborno, la negociación incompatible, la apropiación indebida, además de los nuevos delitos de corrupción entre privados y administración desleal que crea la Ley. Respecto de las sanciones por estas conductas, la Ley aumenta las penas permitiendo que la pena máxima de disolución de la personalidad jurídica pueda aplicarse en caso de delitos simples (soborno, cohecho, cohecho a funcionario público extranjero, negociación incompatible, corrupción entre privados, administración desleal y financiamiento del terrorismo), a diferencia de la norma anterior, la que permitía esa sanción sólo en caso de delitos con categoría de crímenes como el lavado de activos.

 

Fuentes:

www.vlex.cl

www.latercera.cl

Protocolo para ejercer la objeción de conciencia en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo.

Con fecha 7 de noviembre de 2018 comenzó a regir el Reglamento que regula la objeción de conciencia y que tiene por finalidad asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción voluntaria de su embarazo en el marco de las causales que contempla el artículo 119 del Código Sanitario, esto es, cuando la mujer se encuentre en riesgo vital de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida; cuando el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal o cuando el embarazo sea resultado de una violación, dentro de los plazos establecidos en el artículo 119 N°3 del Código Sanitario.

 

Cabe recordar que a principios de mayo del presente año, la Contraloría General de República determinó en su dictamen N°11.781, que el Protocolo de Objeción de Conciencia, publicado mediante la Resolución Exenta N°432 del Ministerio de Salud, no se ajustaba a derecho, señalando que la autoridad administrativa incurrió en una serie de irregularidades afectando la naturaleza jurídica del protocolo. Asimismo señaló que los establecimientos públicos de salud y las instituciones privadas que hayan suscrito un convenio con el Estado para la ejecución de acciones de salud no pueden invocar la objeción de conciencia. ( Más información en http://www.gonzalezronycia.cl/2018/05/29/la-objecion-de-conciencia-institucional-alcances-al-debate-nacional/)

 

Entre las principales materias que regula el nuevo protocolo destaca:

 

1. OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD. 

 

a) El establecimiento de salud está obligado a asegurar atención médica oportuna a la mujer –adolescente o adulta– que se encuentren en algunas de las tres causales de interrupción voluntaria del embarazo previstas en el artículo 119 del Código Sanitario.

 

b) El establecimiento de salud debe contar con al menos un equipo de salud disponible para realizar interrupción voluntaria del embarazo. Si, por una situación excepcional, el establecimiento no cuenta con personal que otorgue la atención solicitada, será responsable de asegurar la derivación inmediata de la paciente a otro establecimiento de salud para que el procedimiento le sea realizado de manera que el acceso a la atención y la calidad asistencial del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no sufran menoscabo. Sin embargo, esta circunstancia no libera al establecimiento de salud de su obligación de dar atención a la mujer en cualquiera de las tres causales de interrupción voluntaria del embarazo, para cuyo efecto, debe siempre procurar los medios para salir de la imposibilidad y quedar en condiciones de asignar o reasignar en forma inmediata otro profesional disponible para otorgar la prestación a la paciente, salvo en lo relativo a la objeción de conciencia invocada por instituciones. Todo mayor costo que se produzca por la derivación o se derive de ésta será de cargo del establecimiento de salud.

 

c) Establecer un procedimiento específico para la coordinación expedita y oportuna para la reasignación o derivación de las mujeres que solicitan interrupción voluntaria del embarazo, en caso de que no cuente con facultativos que puedan entregar la prestación en su establecimiento. Para ello, adoptará todas las medidas que sean necesarias para que el ejercicio de la objeción de conciencia no afecte de modo alguno el acceso, la calidad y la oportunidad de la prestación médica de interrupción del embarazo.

 

d) Difundir y capacitar a sus equipos tratantes, en el manejo del procedimiento de reasignación o derivación respectivo.

 

2. OBJECIÓN DE CONCIENCIA INVOCADA POR PERSONAS NATURALES.

 

Podrán ser objetores de conciencia el médico cirujano requerido para interrumpir el embarazo por alguna de las causales contempladas en la Ley y el resto del personal al que corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención, tales como matrones, enfermeros, arsenaleros que deben prestar asistencia, los técnicos de enfermería responsables de ejecutar un procedimiento directamente vinculado con la interrupción del embarazo.

 

La objeción de conciencia debe manifestarse al director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa a la recepción de una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo. Se realizará a través de un formulario tipo aprobado por resolución del Ministro de Salud.

 

Dicha objeción no procede respecto de actos de información, diagnóstico, toma e informe de exámenes, reasignación, derivación, así como tampoco respecto de los demás actos de preparación o cuidados posteriores al procedimiento de interrupción del embarazo, sea que estos últimos se requieran regularmente en el procedimiento, o bien, su necesidad de entregarlos surja de complicaciones en la condición de salud de la mujer.

 

No podrá discriminarse arbitrariamente a ninguna persona que haya manifestado su condición de objetor de conciencia o se haya abstenido de hacerlo. Tampoco se podrán imponer exigencias o consecuencias ni generar ninguna clase de incentivos que busquen alterar la condición de objetor o no objetor de conciencia.

 

3. OBJECIÓN DE CONCIENCIA INVOCADA POR INSTITUCIONES.

 

Los establecimientos públicos de salud no podrán invocar objeción de conciencia ni los establecimientos privados de salud que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N°36 de 1980, del Ministerio de Salud.

 

Para poder hacer efectiva la objeción de conciencia institucional, el establecimiento de salud deberá manifestarla por escrito al Secretario Regional Ministerial de Salud correspondiente, de conformidad al Reglamento.

 

La manifestación deberá presentarse en todas las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud donde la persona jurídica tenga establecimientos o sedes comprendidos en la objeción de conciencia. Se realizará en un formulario tipo único para todos los establecimientos.

 

Tanto la institución como la persona natural que haya manifestado su objeción de conciencia podrá retractarse y dejarla sin efecto, respecto de todas o alguna de las causales de interrupción del embarazo señaladas en el artículo 119 del Código Sanitario.

 

Con todo si la mujer requiere atención inmediata e impostergable, quien haya manifestado la objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo.

 

4. CASOS EN QUE NO PROCEDE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA.

 

a) La objeción de conciencia no se extiende a las funciones de gestión y dirección en el establecimiento de salud, cualquiera sea la denominación y rango de su ámbito de acción y responsabilidad en esos roles.

 

b) El médico cirujano que haya manifestado objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo o de concurrir a la prestación de salud, cuando la mujer se encuentre en la causal del N°1 del artículo 119 del Código Sanitario, esto es, aquella mujer que se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida y requiera atención médica inmediata e impostergable y no exista otro médico cirujano que pueda realizar la intervención.

 

c) La objeción de conciencia no procede respecto de actos de información, diagnóstico, toma e informe de exámenes, derivación, así como tampoco respecto de los demás de preparación ni de los cuidados posteriores al procedimiento de interrupción del embarazo,

 

d) Para el resto del personal del equipo de salud, la objeción de conciencia no procede respecto de los actos que, aun vinculados con la interrupción del embarazo, deban realizarse fuera del pabellón quirúrgico.

 

5. SANCIONES.

 

Las infracciones a las disposiciones contenidas en el Reglamento serán sancionadas con arreglo a los procedimientos previstos en el Libro Décimo del Código Sanitario y en la Ley N°20.584, según corresponda, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren proceder.

 

Fuente: www.minsal.cl

 

Actualidad

Promulgación de la Ley de Identidad de Género. Alcances generales.

 

La Ley de Identidad de Género fue promulgada por el Presidente de la República con fecha 28 de noviembre de 2018, tras 5 años de debate en el Congreso Nacional.

 

Previo a la promulgación de esta Ley, en Chile, a las personas trans no se les reconocía ni protegía a cabalidad su derecho a la identidad, lo que les generaba una serie de dificultades para el ejercicio de otros derechos, como por ejemplo, el derecho a la educación, al trabajo, a la vivienda y a la salud. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se había pronunciado destacando la “relación que existe entre la falta de reconocimiento de la identidad género de las personas trans, la violencia que sufren y la violación a sus derechos económicos, sociales y culturales”[1], instando a los Estados a adoptar leyes de identidad de género, así como medidas afirmativas, diferenciadas y específicas para asegurar que las personas trans tengan acceso, sin discriminación alguna y en condiciones seguras, al empleo y seguridad social, a la vivienda, a la educación y a la salud.

 

De acuerdo a los Principios de Yogyakarta, la identidad de género se refiere a la “vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.”[2]

 

En tal sentido, la nueva Ley consagra en su artículo primero el derecho a la identidad de género, el que consiste en “la facultad de toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral de solicitar la rectificación de éstos”. Agrega que “se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se percibe a sí misma.”

 

La normativa precisa que para ejercer el derecho a la identidad de género la persona podrá o no haber modificado su apariencia o función corporal mediante “tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos, siempre que sean libremente escogidos”, pero en ningún caso podrán ser exigidos como requisito para realizar la solicitud de cambio de nombre y sexo registral.

 

Asimismo, la nueva Ley establece una serie de principios que buscan resguardar el ejercicio del derecho que se consagra, entre ellos, los de no discriminación arbitraria, no patologización, es decir, que no pueden ser tratadas como personas enfermas, trato digno, confidencialidad de sus antecedentes, interés superior del niño y autonomía progresiva.

 

En general, la Ley contempla que toda persona mayor de edad podrá, hasta por dos veces y a través de los procedimientos que contempla la Ley, obtener la rectificación del sexo y nombre con que aparezca individualizada en su partida de nacimiento para que sean coincidentes con su identidad de género.

 

La normativa hace una diferenciación entre los adolescentes y las personas adultas. En el caso de los primeros, el proceso de solicitud de cambio de sexo registral debe hacerse ante un Tribunal de Familia, por uno de los padres o tutores legales del solicitante, ante el que deberán presentarse antecedentes y fundamentos conforme a los cuales el cambio de sexo registral es beneficioso para el mayor de 14 y el menor de 18 años. Para este procedimiento además, el adolescente podrá ejercer su derecho a ser oído directamente ante el juez y un consejero técnico y podrá manifestar su voluntad de cambiar su sexo y nombre registrales. La norma, además, establece que en caso de que el adolescente quiera retractarse de su decisión, podrá hacerlo una vez que cumpla la mayoría de edad.

 

Si bien durante el último trámite legislativo ambas cámaras rechazaron la inclusión de los menores de 14 años en torno al cambio de nombre y sexo registral, sí quedaron establecidos en la normativa programas de acompañamiento para ellos y sus familias. Dichos programas, dice el texto, consistirán en “una orientación profesional multidisciplinaria que incluirá acciones de asesoramiento psicológico y biopsicosocial, cuyo objeto será el otorgamiento de herramientas que permitan su desarrollo integral, de acuerdo con su identidad de género” y estarán a cargo de los ministerios de Desarrollo Social y de Salud. Además se establece que los organismos encargados de implementar los programas de acompañamiento sólo podrán ser organismos sin fines de lucro.

 

Cabe destacar que una de estas situaciones de particular vulnerabilidad para niños, niñas y adolescentes trans ocurre en los establecimientos educacionales. Allí, el desconocimiento de su identidad de género implica varias dificultades, desde la integración a la vida escolar y bullying transfóbico, a problemas más cotidianos como el uso de baños en recintos escolares, uso de uniformes, cómo son nombrados/as en las listas de curso o por sus compañeros/as y autoridades escolares entre otras cosas, que impiden su pleno desarrollo, más aun si consideramos que Chile tiene las tasas de suicidio adolescente y violencia escolar más altas de América Latina. De acuerdo con diversos estudios internacionales, 1 de cada 4 jóvenes trans ha intentado quitarse la vida debido a la discriminación que vive día a día.  En este mismo sentido se ha pronunciado la CIDH al señalar que la violencia y la discriminación contra niños, niñas y jóvenes trans se inicia a temprana edad, cuando son expulsados de sus hogares, colegios y familias como consecuencia de expresar sus identidades de género diversas. Como resultado, las personas trans enfrentan pobreza, exclusión social y altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda, presionando a las mujeres trans a trabajar en economías informales altamente criminalizadas, como el trabajo sexual[3]

 

Por último, la Ley señala que para aquellas personas casadas o unidas civilmente, el trámite deberá efectuarse al igual que los mayores de 14 años, ante un juez de Familia. De acogerse la solicitud, la norma establece la inmediata disolución del vínculo.

 

Fuente:

www.latercera.cl

www.iguales.cl

www.oas.org

 

[1] CIDH. Informe sobre el 154 Período de Sesiones de la CIDH

[2] Principios elaborados por un grupo de especialistas en derechos humanos, para la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género

[3] CIDH. CIDH saluda a Argentina por aprobación de ley provincial de Cupo Laboral Trans.

Ley N°21.121 que modifica el Código Penal y otras normas legales para la prevención, detección y persecución de la corrupción.

Con fecha 20 de noviembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.121 que modifica el Código Penal y otras normas legales para la prevención, detección y persecución de la corrupción.  Su objetivo consiste en fortalecer la tipificación de ciertas conductas y elevar las penas de los principales delitos funcionarios: malversación, fraude al fisco, negociación incompatible, soborno y cohecho.

 

La dictación de esta Ley estuvo motivada en problemas identificados previamente, como son la existencia de penas relativamente bajas para delitos contra la probidad, tanto en comparación con otros países como en lo que respecta a otros delitos en Chile y los vacíos legales en la tipificación de algunos delitos reconocidos como tales en otros países.

 

En este sentido, la nueva Ley crea el delito de corrupción entre particulares, figura que busca tutelar la competencia “leal” en los mercados, evitando que el soborno sea un medio legítimo en el mundo privado y tipifica el delito de administración desleal estableciendo sanciones para quienes, teniendo a su cargo la salvaguardia o gestión del patrimonio de un tercero, le “irrogare un perjuicio”, ejerciendo “abusivamente sus facultades de representación o ejecutando y omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado”. Respecto de este último delito, se establece una agravante en caso de que el administrador cometa este delito en contra de una sociedad anónima abierta o especial. Además, amplía el radio de acción del comiso, para hacerse cargo de las ganancias ilegales y hace más exigente la regulación para las personas jurídicas vinculadas a estos hechos delictuales.

 

Por otra parte, la Ley incorpora a la escala general de penas que pueden imponerse en los casos de delitos calificados como crímenes, las inhabilitaciones “absoluta perpetua” y “absoluta temporal”, para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública. Tratándose de simples delitos, se agrega la sanción de inhabilitación “absoluta temporal”, en los mismos términos ya señalados.

 

Asimismo la Ley regula los efectos que cada una de estas sanciones produce, como por ejemplo, la extensión de la privación de cargos y tiempos en que dura la medida.

 

Se aumentan las penas corporales, pecuniarias y restrictivas de derechos aplicables a las distintas figuras constitutivas de delitos contempladas en el Código Penal cometidos por funcionarios públicos, como la malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales. En tal sentido, respecto de las penas corporales, se propone la reclusión menor en sus grados medio a máximo. Asimismo, se propone el aumento de las multas aplicables y la inhabilitación absoluta temporal. En este marco, por ejemplo, se sanciona al empleado público que, directa o indirectamente, se interese en cualquier negociación, actuación, contrato, operación o gestión en la cual hubiese de intervenir en relación con su cargo.

 

Otro de los aspectos relevantes consiste en la creación de la figura de cooperación eficaz, la que busca incentivar las denuncias y, de esta forma, mejorar la persecución penal de los delitos cometidos por funcionarios públicos, como la malversación, el fraude, el cohecho, el soborno, entre otros. Así, la Ley propone incluir como circunstancia atenuante de responsabilidad penal la entrega de antecedentes que sirvan “al esclarecimiento de los hechos investigados o permita la identificación de sus responsables, o sirva para prevenir o impedir la perpetración o consumación de estos delitos, o facilite el comiso de los bienes, instrumentos, efectos o productos del delito”. De cumplir con aquello, el tribunal podrá reducir la pena en hasta dos grados.

 

Finalmente, se efectúan adecuaciones normativas en la Ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Ley N°20.393) en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho(Ver mas en http://www.gonzalezronycia.cl/2018/01/09/responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas/).  La norma amplía el catálogo de delitos por el que una empresa puede ser perseguida y sancionada, entre ellos, el soborno, la negociación incompatible, la apropiación indebida, además de los nuevos delitos de corrupción entre privados y administración desleal que crea la Ley. Respecto de las sanciones por estas conductas, la Ley aumenta las penas permitiendo que la pena máxima de disolución de la personalidad jurídica pueda aplicarse en caso de delitos simples (soborno, cohecho, cohecho a funcionario público extranjero, negociación incompatible, corrupción entre privados, administración desleal y financiamiento del terrorismo), a diferencia de la norma anterior, la que permitía esa sanción sólo en caso de delitos con categoría de crímenes como el lavado de activos.

 

Fuentes:

www.vlex.cl

www.latercera.cl

Protocolo para ejercer la objeción de conciencia en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo.

Con fecha 7 de noviembre de 2018 comenzó a regir el Reglamento que regula la objeción de conciencia y que tiene por finalidad asegurar la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción voluntaria de su embarazo en el marco de las causales que contempla el artículo 119 del Código Sanitario, esto es, cuando la mujer se encuentre en riesgo vital de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida; cuando el embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal o cuando el embarazo sea resultado de una violación, dentro de los plazos establecidos en el artículo 119 N°3 del Código Sanitario.

 

Cabe recordar que a principios de mayo del presente año, la Contraloría General de República determinó en su dictamen N°11.781, que el Protocolo de Objeción de Conciencia, publicado mediante la Resolución Exenta N°432 del Ministerio de Salud, no se ajustaba a derecho, señalando que la autoridad administrativa incurrió en una serie de irregularidades afectando la naturaleza jurídica del protocolo. Asimismo señaló que los establecimientos públicos de salud y las instituciones privadas que hayan suscrito un convenio con el Estado para la ejecución de acciones de salud no pueden invocar la objeción de conciencia. ( Más información en http://www.gonzalezronycia.cl/2018/05/29/la-objecion-de-conciencia-institucional-alcances-al-debate-nacional/)

 

Entre las principales materias que regula el nuevo protocolo destaca:

 

1. OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD. 

 

a) El establecimiento de salud está obligado a asegurar atención médica oportuna a la mujer –adolescente o adulta– que se encuentren en algunas de las tres causales de interrupción voluntaria del embarazo previstas en el artículo 119 del Código Sanitario.

 

b) El establecimiento de salud debe contar con al menos un equipo de salud disponible para realizar interrupción voluntaria del embarazo. Si, por una situación excepcional, el establecimiento no cuenta con personal que otorgue la atención solicitada, será responsable de asegurar la derivación inmediata de la paciente a otro establecimiento de salud para que el procedimiento le sea realizado de manera que el acceso a la atención y la calidad asistencial del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no sufran menoscabo. Sin embargo, esta circunstancia no libera al establecimiento de salud de su obligación de dar atención a la mujer en cualquiera de las tres causales de interrupción voluntaria del embarazo, para cuyo efecto, debe siempre procurar los medios para salir de la imposibilidad y quedar en condiciones de asignar o reasignar en forma inmediata otro profesional disponible para otorgar la prestación a la paciente, salvo en lo relativo a la objeción de conciencia invocada por instituciones. Todo mayor costo que se produzca por la derivación o se derive de ésta será de cargo del establecimiento de salud.

 

c) Establecer un procedimiento específico para la coordinación expedita y oportuna para la reasignación o derivación de las mujeres que solicitan interrupción voluntaria del embarazo, en caso de que no cuente con facultativos que puedan entregar la prestación en su establecimiento. Para ello, adoptará todas las medidas que sean necesarias para que el ejercicio de la objeción de conciencia no afecte de modo alguno el acceso, la calidad y la oportunidad de la prestación médica de interrupción del embarazo.

 

d) Difundir y capacitar a sus equipos tratantes, en el manejo del procedimiento de reasignación o derivación respectivo.

 

2. OBJECIÓN DE CONCIENCIA INVOCADA POR PERSONAS NATURALES.

 

Podrán ser objetores de conciencia el médico cirujano requerido para interrumpir el embarazo por alguna de las causales contempladas en la Ley y el resto del personal al que corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la intervención, tales como matrones, enfermeros, arsenaleros que deben prestar asistencia, los técnicos de enfermería responsables de ejecutar un procedimiento directamente vinculado con la interrupción del embarazo.

 

La objeción de conciencia debe manifestarse al director del establecimiento de salud, en forma escrita y previa a la recepción de una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo. Se realizará a través de un formulario tipo aprobado por resolución del Ministro de Salud.

 

Dicha objeción no procede respecto de actos de información, diagnóstico, toma e informe de exámenes, reasignación, derivación, así como tampoco respecto de los demás actos de preparación o cuidados posteriores al procedimiento de interrupción del embarazo, sea que estos últimos se requieran regularmente en el procedimiento, o bien, su necesidad de entregarlos surja de complicaciones en la condición de salud de la mujer.

 

No podrá discriminarse arbitrariamente a ninguna persona que haya manifestado su condición de objetor de conciencia o se haya abstenido de hacerlo. Tampoco se podrán imponer exigencias o consecuencias ni generar ninguna clase de incentivos que busquen alterar la condición de objetor o no objetor de conciencia.

 

3. OBJECIÓN DE CONCIENCIA INVOCADA POR INSTITUCIONES.

 

Los establecimientos públicos de salud no podrán invocar objeción de conciencia ni los establecimientos privados de salud que hayan suscrito convenios regidos por las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N°36 de 1980, del Ministerio de Salud.

 

Para poder hacer efectiva la objeción de conciencia institucional, el establecimiento de salud deberá manifestarla por escrito al Secretario Regional Ministerial de Salud correspondiente, de conformidad al Reglamento.

 

La manifestación deberá presentarse en todas las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud donde la persona jurídica tenga establecimientos o sedes comprendidos en la objeción de conciencia. Se realizará en un formulario tipo único para todos los establecimientos.

 

Tanto la institución como la persona natural que haya manifestado su objeción de conciencia podrá retractarse y dejarla sin efecto, respecto de todas o alguna de las causales de interrupción del embarazo señaladas en el artículo 119 del Código Sanitario.

 

Con todo si la mujer requiere atención inmediata e impostergable, quien haya manifestado la objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo.

 

4. CASOS EN QUE NO PROCEDE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA.

 

a) La objeción de conciencia no se extiende a las funciones de gestión y dirección en el establecimiento de salud, cualquiera sea la denominación y rango de su ámbito de acción y responsabilidad en esos roles.

 

b) El médico cirujano que haya manifestado objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción del embarazo o de concurrir a la prestación de salud, cuando la mujer se encuentre en la causal del N°1 del artículo 119 del Código Sanitario, esto es, aquella mujer que se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida y requiera atención médica inmediata e impostergable y no exista otro médico cirujano que pueda realizar la intervención.

 

c) La objeción de conciencia no procede respecto de actos de información, diagnóstico, toma e informe de exámenes, derivación, así como tampoco respecto de los demás de preparación ni de los cuidados posteriores al procedimiento de interrupción del embarazo,

 

d) Para el resto del personal del equipo de salud, la objeción de conciencia no procede respecto de los actos que, aun vinculados con la interrupción del embarazo, deban realizarse fuera del pabellón quirúrgico.

 

5. SANCIONES.

 

Las infracciones a las disposiciones contenidas en el Reglamento serán sancionadas con arreglo a los procedimientos previstos en el Libro Décimo del Código Sanitario y en la Ley N°20.584, según corresponda, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren proceder.

 

Fuente: www.minsal.cl