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Ley N°21.133, que modifica las normas para la incorporación de trabajadores independientes a los regímenes de protección social.

Con fecha 2 de febrero de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.133, que modifica las normas para la incorporación de trabajadores independientes a los regímenes de protección social.

 

La nueva normativa establece un nuevo mecanismo obligatorio y gradual de cotización para incorporar a los trabajadores que emiten boletas de honorarios a los regímenes de Protección Social, contemplando incluso una alternativa de cotización inicial menor para quienes no puedan destinar el total de su devolución de impuestos a los pagos previsionales.

 

De esta manera, la cotización obligatoria para estos trabajadores, originada en la reforma de 2008, dará acceso a todos los beneficios de la seguridad social a más de 500 mil trabajadores a honorarios, asegurándoles el acceso a la misma protección con la que cuentan los trabajadores dependientes y desde el primer día. En este sentido, el texto legal establece un mecanismo que mantiene la obligatoriedad del pago de las cotizaciones a través de la Declaración Anual de Impuesto a la Renta de cada año a partir de 2019, con cargo a la retención del 10% de impuestos. Pero, a diferencia de la normativa anterior, establece un incremento gradual de la retención de impuestos en un 0,75% anual a partir del año 2020 y el noveno año se incrementará en un 1%, para llegar a 17% en 2028, como se aprecia en el siguiente listado:

 

Año 2018:10%

 

Año 2019: 10,75%

 

Año 2020: 11,5%

 

Año 2021: 12,25%

 

Año 2022: 13%

 

Año 2023: 13,75%

 

Año 2024: 14,5%

 

Año 2025: 15,25%

 

Año 2026: 16%

 

Año 2027: 17%.

 

Los obligados a cotizar son los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios por un monto bruto anual igual o mayor a 5 ingresos mínimos mensuales ($1,3 millones totales en el año). Se estima que estos sumen unos 577 mil trabajadores, la mitad de los obligados bajo la ley que estaba vigente. No estarán obligados a cotizar los hombres mayores de 55 años al 1° de enero de 2018 y las mujeres mayores de 50 años a esa misma fecha y quienes hayan percibido menos de cuatro ingresos mínimos mensuales en el año.

 

La Base Imponible sobre la cual se calcularán las cotizaciones para los distintos regímenes de Seguridad Social, será el 80% de la Renta Bruta Anual, por lo que la cotización equivale al 17% de los ingresos brutos del año calendario anterior. Así, la obligación de cotizar para todos los regímenes será anual, materializándose en la Declaración Anual de Impuestos de abril de cada año. El pago anual de estas cotizaciones dará cobertura para todos los regímenes previsionales, entre julio del año del pago de las cotizaciones y junio del año siguiente (12 meses). Así, la obligación de cotizar se iniciará en la Declaración Anual de Impuestos del 2019 por las rentas del 2018 dando cobertura desde julio de 2019 hasta junio de 2020.

 

La retención del 10% (que llegará en diez años a un 17%) permitirá pagar el 100% de las cotizaciones previsionales en un nuevo orden:

 

– Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

 

– Seguro de Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales (ATEP).

 

– Seguro de Acompañamiento de Niños y Niñas (Ley SANNA).

 

– Salud.

 

– Pensiones

 

La fórmula permite a los trabajadores independientes acceder a los subsidios monetarios (pago de licencias médicas) otorgados por estos regímenes, calculados sobre el 100% de la base imponible, lo que corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas obtenidas por el trabajador independiente en el año calendario anterior a la declaración de impuesto.

 

La cotización para pensiones está al final del orden de los pagos y se irá incrementando gradualmente. Su monto se calculará como la diferencia entre la retención y el pago realizado a los diferentes regímenes previsionales mencionados. En el año 2019 sólo se cotizará cerca de un 3% de la renta imponible anual para pensión, cotización que subirá en paralelo al alza de la retención, alcanzando en el 10° año al 10% más la comisión correspondiente a la Administradora de Fondos de Pensiones. De esta forma, estos trabajadores quedan cubiertos en un 100% desde el primer año, luego de destinar la retención del 10% a las cotizaciones de Seguridad Social, mientras que el ahorro para pensiones aumentará gradualmente.

 

Por otra parte, la nueva Ley contempla también una alternativa transitoria para quienes no estén en condiciones de destinar desde el año 2019 el total de su retención de impuestos al pago de cotizaciones previsionales. Esta consiste en la posibilidad de cotizar para pensiones y salud por un porcentaje menor de la Renta Imponible, el que subirá anualmente, partiendo con cotizaciones sobre el 5% de la renta imponible el primer año, 17% el segundo, e incrementándose paulatinamente hasta llegar a 100% el décimo año, contados desde la publicación de la Ley.  De esta manera, el primer año se retendrá para pagos de seguridad social el 2,69%, devolviendo el 7,31% al trabajador. Cada año aumentará la cotización conforme aumente la retención y el porcentaje devuelto irá bajando. En este caso, para la determinación de los subsidios de salud y ATEP a los que tenga derecho, se calcularán  sobre la base de la renta que efectivamente cotizó.

 

 

 

Ley 21.140 perfecciona el Sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboladores del SENAME y que aumenta su régimen de subvención.

Con fecha 31 de enero se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 21.140 que  “Modifica la Ley N° 20.032, que establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename, y su régimen de subvención y el decreto ley Nº 2.465, del año 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica”.

En general, la nueva normativa duplica el monto de la subvención para las instituciones colaboradoras en un plazo de tres años, comenzando el primer año con un aumento de 35%, es decir, en la primera etapa, se suben los actuales 388 mil pesos promedio por cada niño a 523 mil pesos en promedio además de imponer nuevas exigencias e inhabilidades para estos organismos, así como obligaciones y responsabilidades adicionales para el Sename.

 

En particular, la ley establece  que la acción del Sename y sus colaboradores deberán contemplar entre sus principios rectores: el respeto, la promoción, la reparación y la protección de los derechos humanos de las personas menores de dieciocho años contenidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, los demás tratados internacionales en la materia ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y las leyes dictadas conforme a ellos, asegurando las condiciones que otorguen el necesario bienestar biopsicosocial, así como la efectividad de sus derechos y las condiciones ambientales y oportunidades que los niños, niñas y adolescentes requieren según su etapa de desarrollo, mediante una intervención oportuna y de calidad.

 

En este sentido, el Servicio deberá supervigilar, fiscalizar y evaluar periódicamente la ejecución y resultado de las diversas líneas de acción que desarrollen los colaboradores acreditados, en los ámbitos técnicos y financieros, y en otros que resulten relevantes para su adecuado desempeño, basándose en nuevos principios como la probidad en el ejercicio de las funciones que ejecutan los directivos y personal de las instituciones colaboradoras; la responsabilidad en el ejercicio del rol público que desarrollan; obligación de trato digno, no discriminativo; objetividad, calidad, idoneidad y especialización del trabajo; y deber de participación e información en cada etapa de la intervención. Así, agrega que la línea de acción de diagnóstico será de ejecución exclusiva, no pudiendo los organismos colaboradores acreditados que la desarrollen ejecutar ninguna otra, con el objeto de resguardar la independencia e imparcialidad de los mismos respecto de las demás líneas de acción.

 

Por otra parte, la ley precisa ciertas definiciones como las de colaboradores acreditados; Registro público de colaboradores acreditados y proyectos; líneas de acción subvencionables y  Unidad de subvención SENAME entre otros.

 

Al mismo tiempo, se perfeccionan las normas que inhabilitan a determinadas personas a prestar servicios a estas entidades, como por ejemplo personas que figuren en el registro de personas con prohibición para trabajar con menores de edad; las que figuren en el registro de condenados por actos de violencia intrafamiliar, funcionarios públicos que ejerzan funciones de fiscalización o control sobre los colaboradores acreditados. Prescribe que el reconocimiento de colaborador acreditado podrá revocarse a través de una resolución fundada del Director Nacional del Servicio, cuando el SENAME en más de una ocasión haya puesto término anticipado a un convenio respecto de un mismo colaborador acreditado, además de señalar que son inhábiles para desempeñar labores de trato directo, los que tuvieren dependencia grave de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico o sea consumidor problemático de alcohol.

 

Finalmente, se condicionan a determinados elementos las bases para ponderar a las instituciones como la idoneidad, oportunidad, la calidad de la propuesta técnica de intervención orientada a la reparación y restitución de derechos, gestión de redes, acciones de revinculación familiar, entre otros. Se especifica que la evaluación de los convenios se dirigirá a verificar principios como el respeto, la promoción y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de sus familias; el cumplimiento de los objetivos del convenio; el logro de los resultados esperados; y la calidad de la atención que reciben los menores de edad y sus familias, describiendo para ello, criterios objetivos a seguir.

 

La ley ordena que, dentro del plazo de seis meses de dictada la ley, el Sename confeccione el registro de las entidades coadyuvantes y define la entrada en vigencia de determinadas incompatibilidades.

Ley N°21.124, que modifica el sistema de libertad condicional para los reos que cumplen penas de presidio.

Con fecha 18 de enero de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.124 que modifica el Decreto Ley N°321 de 1925, que establece la libertad condicional para los penados.

 

La nueva normativa fue motivada por la concesión de más de 1.600 libertades condicionales en mayo del año 2016, las que llegaron a sumar cerca de 2.600 en todo el primer semestre de ese año, lo que causó un gran impacto mediático. 

 

En primer lugar, la Ley define un marco legal especial para el otorgamiento de la libertad condicional, estableciendo que este beneficio “es un medio de prueba de que la persona condenada a una pena privativa de libertad y a quien se le concediere, demuestra, al momento de postular a este beneficio, avances en su proceso de reinserción social”, determinando que “la libertad condicional no extingue ni modifica la duración de la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir en libertad por la persona condenada”.

 

En segundo término, la Ley señala que toda persona condenada a pena privativa de libertad de más de 1 año de duración podrá postular al beneficio de libertad condicional, siempre que cumpla con los requisitos de haber cumplido la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva y que haya observado conducta intachable durante el cumplimiento de la condena.

 

En el caso de las personas condenadas por los delitos de parricidio, femicidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación, infanticidio, solo podrán postular a este beneficio cuando hubieren cumplido dos tercios de la pena.

 

Por su parte, las personas condenadas a presidio perpetuo calificado sólo podrán postular a la libertad condicional una vez que hubieren cumplido 40 años de privación de libertad efectiva. Si la solicitud del beneficio fuere rechazada, no podrá deducirse nuevamente sino después de transcurridos 2 años desde su última presentación.

 

Asimismo, las personas condenadas a presidio perpetuo sólo podrán postular al beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos 20 años de privación de libertad.

 

El texto modifica diversas materias, entre ellas, lo que respecta a los requisitos de la concesión del beneficio para aquellos casos de condenados por crímenes de lesa humanidad.  En este aspecto, se incorporaron requisitos adicionales para postular a la libertad condicional, ya que, además de que la persona condenada debe cumplir con los dos tercios de su condena, debe acreditar copulativamente:

 

1.- Haber colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los delitos o bien haber aportado antecedentes serios y efectivos en otras causas criminales similares.

 

2.- Haber manifestado arrepentimiento mediante una declaración pública que signifique una condena inequívoca a los hechos y conductas por las cuales fue condenado y por el mal causado a las víctimas y familiares.

 

La Ley describe también que la postulación al beneficio de libertad condicional será conocida por una Comisión de Libertad Condicional, que funcionará en la Corte de Apelaciones respectiva, previo informe de Gendarmería de Chile.

 

En este mismo sentido, las personas en libertad condicional quedarán sujetas a la supervisión de un Delegado de Libertad Condicional de Gendarmería de Chile, el cual deberá elaborar un Plan de Intervención Individual, que comprenderá reuniones periódicas, las que durante el primer año de supervisión deberán ser a lo menos mensuales; la realización de actividades tendientes a la rehabilitación y reinserción social del condenado, tales como la nivelación escolar, la participación en actividades de capacitación o inserción laboral, o de intervención especializada de acuerdo a su perfil. Este plan deberá considerar el acceso efectivo del condenado a los servicios y recursos de la red intersectorial e indicar con claridad los objetivos perseguidos con las actividades programadas y los resultados esperados.  Asimismo, la persona condenada deberá firmar un compromiso de dar cumplimiento a las condiciones de su plan, las que se deberán expresar en el citado documento.

 

Si la persona en libertad condicional fuere condenada por cualquier delito o incumpliere las condiciones establecidas en su Plan de Intervención Individual, sin justificación suficiente, Gendarmería de Chile deberá, dentro del plazo de 3 días, informar de ello a la Comisión de Libertad Condicional, para que ésta se pronuncie dentro del plazo de 15 días, respecto de la continuidad o revocación de la libertad condicional.

 

Finalmente, las personas que se encuentren gozando del beneficio de libertad condicional, que hubiesen cumplido la mitad del período de ésta y las condiciones establecidas en su Plan de Seguimiento e Intervención Individual, podrán ser beneficiados con la concesión de su libertad completa, por medio de una resolución de la respectiva Comisión.

 

 

Actualidad

Ley N°21.133, que modifica las normas para la incorporación de trabajadores independientes a los regímenes de protección social.

Con fecha 2 de febrero de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.133, que modifica las normas para la incorporación de trabajadores independientes a los regímenes de protección social.

 

La nueva normativa establece un nuevo mecanismo obligatorio y gradual de cotización para incorporar a los trabajadores que emiten boletas de honorarios a los regímenes de Protección Social, contemplando incluso una alternativa de cotización inicial menor para quienes no puedan destinar el total de su devolución de impuestos a los pagos previsionales.

 

De esta manera, la cotización obligatoria para estos trabajadores, originada en la reforma de 2008, dará acceso a todos los beneficios de la seguridad social a más de 500 mil trabajadores a honorarios, asegurándoles el acceso a la misma protección con la que cuentan los trabajadores dependientes y desde el primer día. En este sentido, el texto legal establece un mecanismo que mantiene la obligatoriedad del pago de las cotizaciones a través de la Declaración Anual de Impuesto a la Renta de cada año a partir de 2019, con cargo a la retención del 10% de impuestos. Pero, a diferencia de la normativa anterior, establece un incremento gradual de la retención de impuestos en un 0,75% anual a partir del año 2020 y el noveno año se incrementará en un 1%, para llegar a 17% en 2028, como se aprecia en el siguiente listado:

 

Año 2018:10%

 

Año 2019: 10,75%

 

Año 2020: 11,5%

 

Año 2021: 12,25%

 

Año 2022: 13%

 

Año 2023: 13,75%

 

Año 2024: 14,5%

 

Año 2025: 15,25%

 

Año 2026: 16%

 

Año 2027: 17%.

 

Los obligados a cotizar son los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios por un monto bruto anual igual o mayor a 5 ingresos mínimos mensuales ($1,3 millones totales en el año). Se estima que estos sumen unos 577 mil trabajadores, la mitad de los obligados bajo la ley que estaba vigente. No estarán obligados a cotizar los hombres mayores de 55 años al 1° de enero de 2018 y las mujeres mayores de 50 años a esa misma fecha y quienes hayan percibido menos de cuatro ingresos mínimos mensuales en el año.

 

La Base Imponible sobre la cual se calcularán las cotizaciones para los distintos regímenes de Seguridad Social, será el 80% de la Renta Bruta Anual, por lo que la cotización equivale al 17% de los ingresos brutos del año calendario anterior. Así, la obligación de cotizar para todos los regímenes será anual, materializándose en la Declaración Anual de Impuestos de abril de cada año. El pago anual de estas cotizaciones dará cobertura para todos los regímenes previsionales, entre julio del año del pago de las cotizaciones y junio del año siguiente (12 meses). Así, la obligación de cotizar se iniciará en la Declaración Anual de Impuestos del 2019 por las rentas del 2018 dando cobertura desde julio de 2019 hasta junio de 2020.

 

La retención del 10% (que llegará en diez años a un 17%) permitirá pagar el 100% de las cotizaciones previsionales en un nuevo orden:

 

– Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

 

– Seguro de Accidentes Laborales y Enfermedades Profesionales (ATEP).

 

– Seguro de Acompañamiento de Niños y Niñas (Ley SANNA).

 

– Salud.

 

– Pensiones

 

La fórmula permite a los trabajadores independientes acceder a los subsidios monetarios (pago de licencias médicas) otorgados por estos regímenes, calculados sobre el 100% de la base imponible, lo que corresponderá al 80% del conjunto de rentas brutas obtenidas por el trabajador independiente en el año calendario anterior a la declaración de impuesto.

 

La cotización para pensiones está al final del orden de los pagos y se irá incrementando gradualmente. Su monto se calculará como la diferencia entre la retención y el pago realizado a los diferentes regímenes previsionales mencionados. En el año 2019 sólo se cotizará cerca de un 3% de la renta imponible anual para pensión, cotización que subirá en paralelo al alza de la retención, alcanzando en el 10° año al 10% más la comisión correspondiente a la Administradora de Fondos de Pensiones. De esta forma, estos trabajadores quedan cubiertos en un 100% desde el primer año, luego de destinar la retención del 10% a las cotizaciones de Seguridad Social, mientras que el ahorro para pensiones aumentará gradualmente.

 

Por otra parte, la nueva Ley contempla también una alternativa transitoria para quienes no estén en condiciones de destinar desde el año 2019 el total de su retención de impuestos al pago de cotizaciones previsionales. Esta consiste en la posibilidad de cotizar para pensiones y salud por un porcentaje menor de la Renta Imponible, el que subirá anualmente, partiendo con cotizaciones sobre el 5% de la renta imponible el primer año, 17% el segundo, e incrementándose paulatinamente hasta llegar a 100% el décimo año, contados desde la publicación de la Ley.  De esta manera, el primer año se retendrá para pagos de seguridad social el 2,69%, devolviendo el 7,31% al trabajador. Cada año aumentará la cotización conforme aumente la retención y el porcentaje devuelto irá bajando. En este caso, para la determinación de los subsidios de salud y ATEP a los que tenga derecho, se calcularán  sobre la base de la renta que efectivamente cotizó.

 

 

 

Ley 21.140 perfecciona el Sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboladores del SENAME y que aumenta su régimen de subvención.

Con fecha 31 de enero se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 21.140 que  “Modifica la Ley N° 20.032, que establece Sistema de Atención a la Niñez y Adolescencia a través de la red de colaboradores del Sename, y su régimen de subvención y el decreto ley Nº 2.465, del año 1979, del Ministerio de Justicia, que crea el Servicio Nacional de Menores y fija el texto de su ley orgánica”.

En general, la nueva normativa duplica el monto de la subvención para las instituciones colaboradoras en un plazo de tres años, comenzando el primer año con un aumento de 35%, es decir, en la primera etapa, se suben los actuales 388 mil pesos promedio por cada niño a 523 mil pesos en promedio además de imponer nuevas exigencias e inhabilidades para estos organismos, así como obligaciones y responsabilidades adicionales para el Sename.

 

En particular, la ley establece  que la acción del Sename y sus colaboradores deberán contemplar entre sus principios rectores: el respeto, la promoción, la reparación y la protección de los derechos humanos de las personas menores de dieciocho años contenidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, los demás tratados internacionales en la materia ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, y las leyes dictadas conforme a ellos, asegurando las condiciones que otorguen el necesario bienestar biopsicosocial, así como la efectividad de sus derechos y las condiciones ambientales y oportunidades que los niños, niñas y adolescentes requieren según su etapa de desarrollo, mediante una intervención oportuna y de calidad.

 

En este sentido, el Servicio deberá supervigilar, fiscalizar y evaluar periódicamente la ejecución y resultado de las diversas líneas de acción que desarrollen los colaboradores acreditados, en los ámbitos técnicos y financieros, y en otros que resulten relevantes para su adecuado desempeño, basándose en nuevos principios como la probidad en el ejercicio de las funciones que ejecutan los directivos y personal de las instituciones colaboradoras; la responsabilidad en el ejercicio del rol público que desarrollan; obligación de trato digno, no discriminativo; objetividad, calidad, idoneidad y especialización del trabajo; y deber de participación e información en cada etapa de la intervención. Así, agrega que la línea de acción de diagnóstico será de ejecución exclusiva, no pudiendo los organismos colaboradores acreditados que la desarrollen ejecutar ninguna otra, con el objeto de resguardar la independencia e imparcialidad de los mismos respecto de las demás líneas de acción.

 

Por otra parte, la ley precisa ciertas definiciones como las de colaboradores acreditados; Registro público de colaboradores acreditados y proyectos; líneas de acción subvencionables y  Unidad de subvención SENAME entre otros.

 

Al mismo tiempo, se perfeccionan las normas que inhabilitan a determinadas personas a prestar servicios a estas entidades, como por ejemplo personas que figuren en el registro de personas con prohibición para trabajar con menores de edad; las que figuren en el registro de condenados por actos de violencia intrafamiliar, funcionarios públicos que ejerzan funciones de fiscalización o control sobre los colaboradores acreditados. Prescribe que el reconocimiento de colaborador acreditado podrá revocarse a través de una resolución fundada del Director Nacional del Servicio, cuando el SENAME en más de una ocasión haya puesto término anticipado a un convenio respecto de un mismo colaborador acreditado, además de señalar que son inhábiles para desempeñar labores de trato directo, los que tuvieren dependencia grave de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico o sea consumidor problemático de alcohol.

 

Finalmente, se condicionan a determinados elementos las bases para ponderar a las instituciones como la idoneidad, oportunidad, la calidad de la propuesta técnica de intervención orientada a la reparación y restitución de derechos, gestión de redes, acciones de revinculación familiar, entre otros. Se especifica que la evaluación de los convenios se dirigirá a verificar principios como el respeto, la promoción y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y de sus familias; el cumplimiento de los objetivos del convenio; el logro de los resultados esperados; y la calidad de la atención que reciben los menores de edad y sus familias, describiendo para ello, criterios objetivos a seguir.

 

La ley ordena que, dentro del plazo de seis meses de dictada la ley, el Sename confeccione el registro de las entidades coadyuvantes y define la entrada en vigencia de determinadas incompatibilidades.

Ley “Aula Segura”: Fortalece las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos de violencia.

Con fecha 27 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.128 denominada “Aula Segura”, con el objetivo de fortalecer las facultades de los directores de los establecimientos educacionales, incorporando un procedimiento más expedito de expulsión o cancelación de matrículas en aquellos casos de violencia grave que afecten los derechos e integridad de los miembros de la comunidad educativa.

 

En esta modificación legal es posible distinguir las siguientes cuestiones importantes:

 

  1. De acuerdo a lo establecido en el texto, se entiende que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, entre los cuales se cuentan agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.

 

  1. Previo a la modificación legal, estas conductas no requerían necesariamente estar descritas en el reglamento interno del establecimiento. En este sentido, las sanciones podían aplicarse en caso de que las causales contempladas estuvieran claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o no estando descritas en él, cuando “afectaren gravemente la convivencia escolar”, en cuyo caso la calificación correspondía, discrecionalmente, al establecimiento educacional.

 

  1. La nueva Ley, en cambio, regula esta discrecionalidad colocando indirectamente parámetros mínimos para la determinación de una conducta grave o gravísima. Así, las conductas graves que señale un reglamento interno no pueden ser de menor envergadura que las mencionadas anteriormente (agresiones sexuales, físicas que produzcan lesiones, etc.) a riesgo de vulnerar la proporcionalidad que debe existir entre las conductas y sanciones. Por lo anterior, el primer efecto de la nueva normativa en los reglamentos internos de los establecimientos debe ser la adecuación de las infracciones y su sanción correlativa. De esta forma, parece desproporcionado que el plagio en una prueba tenga asociada la medida de expulsión, idéntica sanción que una agresión sexual o el porte de un artefacto incendiario.

 

  1. Además, se produce un segundo efecto de especial relevancia para los establecimientos educacionales: no resultan legal ni constitucionalmente admisibles reglamentos internos que califican como graves o gravísimas la sumatoria de infracciones leves y graves durante un año escolar para, de esta forma, proceder a la cancelación de la matrícula o expulsión. Lo anterior, porque esto significaría la vulneración de principios básicos del derecho como el “non bis in ídem” que implica no sancionar dos veces el mismo hecho y, nuevamente, el de la proporcionalidad. Así, no resulta ajustado a derecho que un plagio reiterado —para seguir con el ejemplo anterior— tenga la misma sanción de expulsión que el uso de armas o provocar lesiones a miembros de la comunidad escolar.

 

  1. La nueva Ley contiene los procedimientos que se aplicarán, comenzando con la apertura de un expediente sancionatorio, en los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento o que incurriere en alguna conducta que afecte gravemente la convivencia escolar, según la definición legal. En estos casos, el director tendrá la facultad de suspender a aquella persona, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento y contará con un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la medida cautelar. El afectado, dentro de los 5 días posteriores a la aplicación de la medida podrá pedir su reconsideración ante el director, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito.

 

  1. Por otra parte, el director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. Cabe destacar que en dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros.

 

  1. Se establece la obligación del Ministerio de Educación, través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, de velar por la reubicación del estudiante en otro establecimiento educacional que cuente con profesionales que presten apoyo psicosocial, de adoptar las medidas para su adecuada inserción en la comunidad escolar y de informar de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad.

 

  1. La nueva Ley extiende el ámbito de su aplicación a los establecimientos que no reciben recursos del Estado, reconocidos por el Ministerio de Educación.

 

  1. Finalmente, se señala que los establecimientos educacionales que reciben recursos del Estado (subvencionados) deberán actualizar sus reglamentos internos en un plazo de 90 días contados desde la publicación de la Ley, esto es, hasta el 27 de marzo de 2019.