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Ley Nº21.062 establece nuevas obligaciones a proveedores de crédito y a empresas de cobranza extrajudicial.

Con fecha 8 de enero de 2018 se publicó la Ley Nº21.062 que establece nuevas obligaciones a proveedores de crédito y a empresas de cobranza extrajudicial, agregando nuevas disposiciones en el artículo 37 de la Ley Nº19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores.

 

 

Dicha Ley tiene por finalidad imponer nuevas obligaciones a los proveedores de créditos y a las empresas de cobranza extrajudicial, consistentes en el deber de informar por escrito al deudor los derechos

que les asisten en un procedimiento extrajudicial de cobro. El contenido de esa comunicación serán los derechos consagrados en el mismo artículo 37 y siguientes de la Ley del Consumidor, así como las regulaciones especiales que el Ministerio de Economía establezca al efecto.

¿Qué obligaciones tiene el proveedor de crédito ante el incumplimiento del pago de cuotas por parte del cliente?

El proveedor del crédito debe informar al cliente desde que firma el crédito, acerca de los efectos que tiene el no pago. También debe comunicarle acerca de los efectos procesales del ejercicio de la acción ejecutiva en los casos que corresponda, tales como el embargo, el retiro y remate de bienes, entre otros.

¿Qué normas deben cumplir las empresas de cobranza extrajudicial?

Las empresas y proveedores de crédito que hagan los procesos de cobro antes de iniciar las gestiones deben informar al deudor de lo siguiente:

 

  1. Identificar a la persona, empresa mandante o proveedor del crédito, según corresponda. Es decir, aclarar a nombre de quién se hace la gestión de cobro.
  2. Mencionar en forma precisa el o los contratos cuyas obligaciones se cobran, su fecha de suscripción, la fecha en que debió pagarse la obligación adeudada o de aquélla en que se incurrió en mora y el monto adeudado.
  3. Informar sobre la liquidación de intereses, si los hay, con mención expresa, clara y precisa, de las tasas aplicadas, del tipo de interés y del período sobre el cual aquéllos recaen.
  4. Si hay costos o gastos de cobranza, se debe mencionar claramente su monto, causa y origen de conformidad con la ley, así como también de los impuestos, de los gastos notariales, si los hubiere y de cualquier otro cobro legal.
  5. Informar sobre las opciones que se ofrecen para pagar o las modalidades de pago que se ofrezcan.
  6. Informar de los derechos que tiene el deudor en materia de cobranza extrajudicial.

¿Qué se prohíbe comunicar?

En ningún caso la comunicación entregada podrá contener menciones a eventuales consecuencias de procedimientos judiciales que no se hayan iniciado o relacionadas a registros o bancos de datos con información de carácter económico, financiero o comercial, debiendo indicar expresamente que no se trata de un procedimiento que persiga la ejecución de los bienes del deudor.

Ley Sanna: Permitirá a padres cuidar a hijos con enfermedades graves.

La normativa, llamada Seguro para el Acompañamiento de Niños y Niñas (SANNA) y que fue promulgada por la Presidenta Michelle Bachelet con fecha 28 de diciembre de 2017, estipula que cada padre contará hasta con 90 días de licencia destinados al cuidado del menor, traspasables entre ambos. Y, en caso de que la enfermedad esté en estado terminal, la licencia se extenderá hasta el fallecimiento.

¿En qué consiste la ley y quiénes podrán acceder a este beneficio?

La ley crea un seguro de carácter obligatorio para los padres y madres trabajadores de niños mayores de un año y menores de 18 años que sufran enfermedades catastróficas como cáncer, trasplante de

órganos sólidos o médula ósea, estado terminal y accidente grave con riesgo de muerte o de secuela grave.

Si ambos padres son trabajadores, podrán hacer uso de la licencia en conjunto o sucesivamente, por día completo o media jornada. Además, si el trabajador hace uso de SANNA, no podrá ser despedido.

¿A partir de cuándo comienza a regir?

Será gradual y, de acuerdo con el calendario establecido, la primera cobertura comenzará el primer día del mes subsiguiente a la publicación de la ley en el Diario Oficial con el seguro para cáncer y l

os tratamientos de alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado. En tanto, el 1 de julio de este año serán los trasplantes, mientras que el 1 de enero de 2020 la cobertura fase o estado terminal de vida y el 1 de diciembre de 2020 los accidentes graves.

¿Cómo se financiará?

El financiamiento será por medio de una cotización especial que recaudan las mutuales de los empleadores, la cual permitirá poder aportar para el seguro promulgado.

 

¿La licencia varía según enfermedad?

Sí. Cada enfermedad considera tiempos que se ajustan al procedimiento médico. En el caso de cáncer y trasplante, la licencia es de 90 días corridos; para desahucio o estado terminal, 60 días, y en accidentes graves, con riesgo vital o secuela funcional severa y permanente es de 45 días y desde el día 11.

Compliance corporativo.

La ley que estableció la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas llevó a consolidar el ejercicio del “cumplimiento” en nuestro país. Sin embargo, hoy, más allá de lo legal o tributario, el cuidado apunta a un intangible altamente apreciado y en permanente riesgo: la reputación de empresas públicas y privadas.

El Compliance responde a una actividad independiente al interior de la empresa cuya función es identificar las disposiciones que deben observarse en el desenvolvimiento de su actividad y los riesgos que puede implicar su incumplimiento para la organización. Se trata, en suma, de una actividad que desempeña una marcada función de prevención. El compliance encuentra su origen en el sector financiero anglosajón, extrapolándose hoy en día como un modelo positivo a seguir.

La autorregulación de las sociedades, a partir de los modelos compliance, constituyen el reflejo de una nueva cultura de prevención, cumplimiento y ética empresarial que se extiende a todas sus actividades. La inclusión de cláusulas contractuales relacionadas con los programas de cumplimiento de la regulación estatutaria, legal y reglamentaria va en esta misma línea. En este contexto, hoy es creciente la exigencia de las empresas, antes de contratar con sus proveedores y subcontratistas, en orden a requerir adecuados sistemas de prevención y cumplimiento de la norma en el desarrollo de su actividad.

 

El compliance parece, además, tener la ventaja de reducir la cadena de procesos judiciales diversos y acumulativos que emanan de las infracciones relevantes, así como el descrédito público causado por la amplificación social de los casos que involucran la violación de normas valoradas por la comunidad. Supone una opción ética de la empresa, por efectivamente asumir el cumplimiento de las normas como parte fundamental de su quehacer diario. En definitiva, el compliance simplifica la forma de cumplir, pues permite que las normas generales y complejas se reconduzcan a instrucciones precisas vinculadas a la actividad concreta de la empresa y a sus escenarios más esperados de riesgos.

 

Finalmente, debemos considerar que el Compliance no solo se aplica en el ámbito de la empresa privada, sino también de los órganos públicos que de forma creciente están dotándose de reglas, criterios y procedimientos para la prevención de riesgos y el cumplimiento del marco regulatorio al que están sometidos.

En síntesis, entre las reglas de buen gobierno corporativo, los instrumentos de autorregulación y el compliance, existe una estrecha relación que no solo busca la eficiencia de la organización, sino que además incrementar su prestigio y competitividad, junto con acceder a mayores fuentes de financiamiento.

 

Fuente: El Mercurio Legal.

Actualidad

Compliance corporativo.

La ley que estableció la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas llevó a consolidar el ejercicio del “cumplimiento” en nuestro país. Sin embargo, hoy, más allá de lo legal o tributario, el cuidado apunta a un intangible altamente apreciado y en permanente riesgo: la reputación de empresas públicas y privadas.

El Compliance responde a una actividad independiente al interior de la empresa cuya función es identificar las disposiciones que deben observarse en el desenvolvimiento de su actividad y los riesgos que puede implicar su incumplimiento para la organización. Se trata, en suma, de una actividad que desempeña una marcada función de prevención. El compliance encuentra su origen en el sector financiero anglosajón, extrapolándose hoy en día como un modelo positivo a seguir.

La autorregulación de las sociedades, a partir de los modelos compliance, constituyen el reflejo de una nueva cultura de prevención, cumplimiento y ética empresarial que se extiende a todas sus actividades. La inclusión de cláusulas contractuales relacionadas con los programas de cumplimiento de la regulación estatutaria, legal y reglamentaria va en esta misma línea. En este contexto, hoy es creciente la exigencia de las empresas, antes de contratar con sus proveedores y subcontratistas, en orden a requerir adecuados sistemas de prevención y cumplimiento de la norma en el desarrollo de su actividad.

 

El compliance parece, además, tener la ventaja de reducir la cadena de procesos judiciales diversos y acumulativos que emanan de las infracciones relevantes, así como el descrédito público causado por la amplificación social de los casos que involucran la violación de normas valoradas por la comunidad. Supone una opción ética de la empresa, por efectivamente asumir el cumplimiento de las normas como parte fundamental de su quehacer diario. En definitiva, el compliance simplifica la forma de cumplir, pues permite que las normas generales y complejas se reconduzcan a instrucciones precisas vinculadas a la actividad concreta de la empresa y a sus escenarios más esperados de riesgos.

 

Finalmente, debemos considerar que el Compliance no solo se aplica en el ámbito de la empresa privada, sino también de los órganos públicos que de forma creciente están dotándose de reglas, criterios y procedimientos para la prevención de riesgos y el cumplimiento del marco regulatorio al que están sometidos.

En síntesis, entre las reglas de buen gobierno corporativo, los instrumentos de autorregulación y el compliance, existe una estrecha relación que no solo busca la eficiencia de la organización, sino que además incrementar su prestigio y competitividad, junto con acceder a mayores fuentes de financiamiento.

 

Fuente: El Mercurio Legal.

Responsabilidad penal de las personas Jurídicas.

Desde hace un tiempo, temas como las buenas prácticas corporativas, la ética y el cumplimiento normativo, han adquirido un rol fundamental al interior de las empresas públicas y privadas de nuestro país.

Chile ha sido pionero en la región con la promulgación de la ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas (Ley N°20.393, publicada con fecha 2 de diciembre de 2009) impulsado, entre otras cosas, por la compleja estructura societaria que presentan las empresas actualmente, la instalación de importantes multinacionales en Chile y los problemas de ética empresarial de los últimos años que se han manifestado en importantes escándalos financieros y que han involucrado a grandes empresas que, en el desarrollo de su actividad empresarial, infringieron la ley o que, por medio de conductas corruptas, intentaron optimizar sus ganancias o esconder sus pérdidas incidiendo nocivamente en los sistemas económicos y financieros del país.

La Ley 20.393, estableció la eventual penalización de las empresas frente a los siguientes delitos:

  • Lavado de activos
  • Financiamiento del terrorismo
  • Cohecho a funcionarios públicos nacionales o extranjeros
  • Receptación de especies robadas

Además, estableció como condición para sancionar penalmente a las compañías, que estos delitos fueran cometidos:

  • En beneficio de la empresa.
  • Por sus dueños, administradores o quienes obran bajo su dirección.
  • Que se pueda imputar a la empresa falta de dirección y supervisión.

No obstante haber dado un primer paso acotado o restringido a determinados tipos penales, como los mencionados, la practica hace necesario ampliar el alcance de dicha ley, la que, a la fecha, ha tenido muy escasa aplicación. Además, con la dictación de la ley 20 393 no se ha logrado uno de los principales objetivos tenidos en vista por el legislador, que era el corregir la situación de impunidad que se observa actualmente ante determinadas conductas ilícitas de un grupo reducido de empresas, pero que genera el más absoluto rechazo e indignación de la sociedad civil.

Como consecuencia de lo anterior, los últimos años ha habido un interés creciente por parte de las empresas chilenas respecto a la importancia que se le debe dar a las políticas de cumplimiento normativo debido tanto a una exigencia mayor por parte de los entes reguladores, como al riesgo reputacional y comercial. Surgen por ello, ciertas obligaciones de autorregulación para las empresas, que se ven fuertemente incentivadas a implementar programas de prevención y detección de delitos para evitar incurrir en responsabilidad por los delitos cometidos por sus agentes.

De allí nace el concepto de “Compliance” (o cumplimiento) con miras a cumplir efectivamente con la ley y no solamente a servir de fachada, que puede ser definido como la función independiente que identifica, asesora, alerta, monitorea y reporta los riesgos de sanciones, riesgos de pérdidas financieras y riesgos por pérdidas de reputación que se producen por inobservancia de leyes, regulaciones, códigos de conducta y estándares de buenas prácticas. En tal sentido, hoy en día se habla más bien de cumplimento normativo, entendiendo que el cumplimiento no sólo se refiere a las sanciones penales que pueden recibir las empresas a partir la Ley 20.393, sino a todo tipo de incumplimientos legales y regulatorios, incluso internos o sectoriales.

Cobro por uso de estacionamientos

Las reglas son para los proveedores que ofrezcan servicios de estacionamiento, como los malls, supermercados, locales comerciales, establecimientos de salud y estacionamientos pagados de acceso al público general. La ley rige para el cobro por menos de 24 horas seguidas en que el vehículo esté en el lugar. » Leer más