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Ley N°21.166 que posibilita a las PYMES demandar indemnización por incumplimiento contractual

¿Sabías que se acaba de publicar una ley que posibilita a las PYMES a que demanden indemnización por incumplimiento contractual?

 

Efectivamente. Con fecha 4 de julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.166, que “Permite a las empresas de menor tamaño demandar indemnización cuando sean perjudicadas por el acto de competencia desleal que indica”.

 

¿Cuál es el objetivo de la nueva norma?

 

La nueva ley viene a corregir un error en la publicación de Ley N°21.131 de 16 de enero de 2019, que eliminó una disposición que permitía que los pequeños empresarios se pudieran defender en caso de abuso, reponiendo el derecho de las PYMES a demandar el monto de los perjuicios que se deriven de los siguientes actos de competencia desleal:

 

  1. El establecimiento o aplicación de cláusulas contractuales o conductas abusivas en su desmedro;
  2. El incumplimiento sistemático de deberes contractuales contraídos con ellos; o
  3. El incumplimiento sistemático de los plazos para el cumplimiento de la obligación del saldo insoluto de la factura.

¿Qué motivó la dictación de la nueva Ley?

 

Durante la tramitación de la Ley N°21.131, que establece la obligación de pago de las facturas a 30 días, se debatió latamente modificar un aspecto muy específico del artículo 4° inciso 1° letra i) de la Ley N°20.169, sobre competencia desleal, que consagra una enumeración no taxativa de actos que son considerados actos de competencia desleal. Fue así como la discusión se centró únicamente en precisar la conducta considerada como acto de competencia desleal, conducta que estaba originalmente acompañada de una acción (consagrada en el inciso 2° letra i) del artículo 4°), para las PYMES que se vieran perjudicadas y que consistía en el derecho a demandar el monto de los perjuicios que se derivaran del incumplimiento, de acuerdo con las normas generales.

 

En ninguna instancia del largo trámite legislativo de la ley sobre pago a 30 días, se discutió la eliminación de la referida acción, sino que el debate se centró exclusivamente en establecer que el incumplimiento de los plazos de pago del saldo insoluto contenido en la factura también fuera considerado como uno de los actos de competencia desleal.

 

Sin embargo, en el trámite previo a la publicación de la Ley N°21.131, la Biblioteca del Congreso Nacional, teniendo presente la historia de la ley sobre competencia desleal, consideró que, al reemplazarse la mencionada disposición del inciso 1° letra i) de la Ley N°20.169, se estaba sustituyendo también el inciso 2° referente a las acciones de las empresas de menor tamaño para demandar la indemnización de perjuicios, por lo que debía eliminarse.

 

En atención a que la eliminación de tan importante disposición no respondía en caso alguno al espíritu de la ley sobre pago a 30 días, que siempre estuvo centrada en proteger a las PYMES, se consideró urgente corregir esta situación mediante la dictación de la Ley N°21.166.

 

¿Cuándo entra en vigor la nueva ley?

 

La vigencia de la ley es inmediata.

 

Ley N°21.164 que prohíbe se condicione la permanencia de estudiantes al consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta.

¿Sabías que se acaba de publicar una ley que prohíbe que se condicione la permanencia de estudiantes al consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta?

 

Efectivamente, con fecha 27 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.164 que “Modifica la Ley General de Educación, en el sentido de prohibir que se condicione la permanencia de estudiantes al consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta”.

 

¿En qué consiste la nueva norma?

 

Como su nombre lo indica, la Ley busca impedir que los establecimientos educacionales condicionen la incorporación, asistencia o permanencia de los estudiantes al consumo de medicamentos para tratar trastornos de conducta.

 

¿Qué motivó la dictación de la nueva Ley?

 

En la historia de la Ley se señala que estamos insertos en una sociedad donde el exitismo se ha vuelto un paradigma indesmentible, que se manifiesta en que nuestros educandos se encuentran sometidos a numerosas pruebas estandarizadas que buscan cuantificar y medir permanentemente la consecución de logros que estimamos como deseables, en desmedro de la diversidad, de la potenciación de valores y principios y de una educación que apunte a la plenitud e integralidad de la persona humana en pos de su realización y felicidad. Es en este contexto que resulta necesario tener estudiantes dóciles y que en definitiva no sean disruptivos con el sistema. Y una forma de disrupción resulta ser el “trastorno por déficit atencional e hiperactividad (TDAH).

 

¿Qué antecedentes relevantes se tuvieron a la vista para la dictación de esta ley?

 

  1. La Guía de intervención para los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en el nivel de atención de la salud no especializada de la Organización Mundial de la Salud (OMS), establece expresamente, para los trastornos de la conducta (término amplio que cubre por cierto los trastornos de déficit atencional y la hiperactividad), diversas acciones que deben ser implementadas previas a la medicación y que dicen relación con varios apoyos sicosociales, que sería extenso reproducir. La guía es categórica en señalar que no se debe suministrar Metilfenidato a menores de 6 años y establece como recomendación general que no se deben usar medicinas para los trastornos de conducta de niños y adolescentes. Además, señala que el Metilfenidato sólo puede considerarse para la hiperactividad bajo los supuestos que se señalan en el propio manual. Desde ya digamos que la Risperidona no está ni siquiera considerada como alternativa terapéutica en estos casos.
  2. Un informe del Director del Instituto de Salud Pública (ISP) señala que desde el año 2005 al año 2017, ha aumentado considerablemente la importación de Metilfenidato, lo que se tiene como evidencia.
  3. Si bien la OMS señala que entre el 4% y el 5% de los niños presenta TDHA, en Chile ese porcentaje alcanzaría al 17%.
  4. En un estudio realizado por la Universidad de Chile se indica que los profesionales de educación manifiestan en mayor medida °la percepción de un altísimo nivel de prevalencia, llegando al punto de considerar que un 70% de los alumnos de su clase, sufre déficit atencional°. En tal sentido, la demanda de los profesores hacia el servicio de salud ha aumentado considerablemente, siendo la escuela la mayor fuente de derivación por TDHA. Por su parte, el servicio de salud cuestiona constantemente esta práctica que podríamos llamar de “sobre derivación” por parte de los profesores. El cuestionamiento se basa en el criterio con el cual los docentes solicitan a los apoderados que lleven a sus hijos a los consultorios, ya que, ante cualquier conducta disruptiva que les dificulte realizar la clase con normalidad debido al comportamiento del niño, consideran que tienen un problema de hiperactividad o déficit de atención.

 

¿Cómo enfrenta la nueva normativa el aumento grave en la importación de Metilfenidato y la “sobre derivación” por parte de los profesores al sistema de salud?

 

La nueva Ley recoge las múltiples expresiones de preocupación que, en trabajo en terreno, se han recibido de padres y apoderados, referentes a “exigencias” de las escuelas de llevar a los niños a especialistas neurólogos o psiquiatras con el fin encubierto de medicarlos. Dentro de estas expresiones, incluso existe un fallo del 2° Juzgado de Letras de Quillota que condenó el 25 de Abril de 2015 a un colegio de la zona por imponer condicionalidad a un alumno por este motivo.

 

Por cierto las normas educacionales deben salvaguardar la labor educativa y en ningún caso transformar el sistema educativo en una unidad de salud mental. La labor educativa debe centrarse en los modelos pedagógicos y psicopedagógicos correspondientes, salvaguardando la integridad física y mental de los educandos.

 

¿Cómo afecta el uso abusivo de fármacos psiquiátricos en la infancia?

 

El uso abusivo de estos fármacos puede gatillar diversos problemas de salud que vienen descritos en los mismos prospectos de los fármacos que se les dan a niños pequeños y a adolescentes: ideación suicida, somnolencia, distonías, anorexia, aumento de peso, síndrome neuroléptico maligno y trastornos cardiacos.

 

¿Cuáles son las modificaciones a la Ley General de Educación?

 

En primer lugar, se modifica el artículo 3° de la Ley N°20.370 para disponer que el sistema educacional, además de eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes, deberá posibilitar la integración de quienes tengan necesidades educativas especiales.

 

En segundo lugar, se modifica el artículo 11 de la Ley N°20.370, estableciendo que:

 

  1. No se podrá condicionar la incorporación, asistencia y permanencia de los y las estudiantes que consuman algún tipo de medicamento para tratar trastornos de conducta, tales como el trastorno por déficit atencional e hiperactividad.
  2. Se obliga a los establecimientos educacionales a otorgar todos los apoyos necesarios para asegurar la plena inclusión de los y las estudiantes y a propiciar iniciativas de apoyo biopsicosociales y de atención diferenciada, tanto en las actividades curriculares como extracurriculares, facilitando ambientes de aprendizaje que permitan atender las necesidades educativas especiales y, de este modo, promover el desarrollo de habilidades emocionales y sociales. Estas habilidades pueden ser introducidas, entre otras disciplinas o metodologías, por medio de prácticas deportivas o contemplativas, tales como meditación, yoga, mindfulness, taichi, danza o expresiones artísticas, destinadas tanto al favorecimiento del rendimiento académico, como al bienestar e integración de los y las estudiantes, en consideración a las diversas capacidades que posean y a la etapa del aprendizaje en que se encuentren.
  3. En aquellos casos en que exista prescripción médica de un especialista y con estricto cumplimiento de los protocolos del Ministerio de Salud, el establecimiento deberá otorgar todos los apoyos necesarios para asegurar la plena inclusión de los y las estudiantes.

 

 

Venezolanos deberán solicitar Visto Consular de Turismo para ingresar a Chile.

¿Sabías que se acaba de publicar un decreto que establece Visto Consular de Turismo a nacionales de la República Bolivariana de Venezuela?

 

Así es. Con fecha 22 de junio de 2019 se publicó en el Diario Oficial el Decreto N°237 que “Establece Visto Consular de Turismo a nacionales de la República Bolivariana de Venezuela”.

 

¿En qué consiste la nueva norma?

 

Por medio de este decreto se exige -a partir de la fecha de su publicación- como requisito para para el ingreso al país con fines de recreo, deportivos, religiosos u otros similares, la obtención de Visto Consular de Turismo Simple con derecho a ingreso y permanencia en Chile en tal calidad, por un período máximo de 90 días, a todo ciudadano venezolano que desee ingresar al país, sin propósito de inmigración, residencia o desarrollo de actividades remuneradas.

 

¿Qué motivó la dictación de este decreto?

 

El texto del Decreto N°237 señala en sus considerandos que esta exigencia se establece debido a que es de interés nacional dotar al país de una migración ordenada, segura y regular. Por otra parte, la crisis democrática e institucional por la que atraviesa Venezuela que ya ha producido un éxodo masivo de nacionales de ese país, el que, entre los años 2015 y 2018, sobrepasa los 3,4 millones de personas, solamente tomando en consideración como países de destino aquellos en Latinoamérica y el Caribe, hecho que ha sido documentado por organizaciones internacionales como la Organización Mundial para las Migraciones.

 

¿Qué otras consideraciones plantea el decreto?

 

El informe del Grupo de Trabajo para Abordar la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos señala que la Organización de Naciones Unidas estima que la migración de venezolanos ascenderá a 5,4 millones de personas a fines del año 2019 y llegaría a 7,5 millones de personas a fines del año 2020, de mantenerse el escenario actual de crisis. Esta realidad insoslayable es agravada, en un gran número de casos, por la presencia de menores de edad indocumentados.

 

¿Dónde se realiza el trámite para la obtención de esta visa?

 

El Visto Consular de Turismo, por un máximo de 90 días, podrá ser solicitada en Consulados de Chile en el exterior y representaciones diplomáticas en cualquier país del mundo.

 

¿Desde cuándo puede solicitarse el referido documento?

 

La página web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile informó que esta visa especial podrá ser solicitada a partir del lunes 24 de junio de 2019 fuera de Venezuela a través del sistema de atención consular (SAC ciudadano) con un costo de USD 50. De acuerdo con lo anterior, los venezolanos necesitarán “Visto Consultar de Turismo” (VCT) o “Visa de Responsabilidad Democrática” (VDR) para ingresar a Chile. Asimismo, se ha aclarado que los ciudadanos venezolanos que estén en calidad de turistas en otros países no podrán solicitar la VDR.

 

El VCT permite ingresar a Chile con fines recreacionales y no permite realizar actividades remuneradas. En cambio, la VRD permite obtener una Visa de Residencia Temporal por 1 año y permite realizar actividades remuneradas. Según cifras oficiales, Chile otorgó hasta mayo un total de 37.000 visas de esta naturaleza, que el Gobierno del presidente Sebastián Piñera estableció en abril del año pasado para regular el ingreso de venezolanos al país.

 

Actualidad

Ley N°21.153, que tipifica el delito de acoso sexual en espacios públicos.

¿Sabías que se acaba de publicar una ley que tipifica el delito de acoso sexual callejero?

Efectivamente, con fecha 3 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial, la Ley N°21.153 que “Modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos”.

 

¿Qué motivó la dictación de esta nueva ley?

 

Hoy en día es una realidad que el acoso sexual en lugares de alta afluencia de público como medios de transporte, calles y eventos masivos se está convirtiendo en un grave problema en nuestro país. Sin embargo, nuestro Código Penal si bien contempla diversos delitos relacionados con acciones y conductas de carácter sexual, no contemplaba ninguna figura de carácter residual que permitiera sancionar este tipo de actos en forma clara y tajante, por lo que urgía establecer una normativa específica para sancionar a los acosadores.

 

¿Cuál es el propósito de  esta nueva norma?

 

La nueva Ley tiene como propósitos:

 

  1. Contribuir a erradicar las prácticas de acoso sexual callejero que experimentan mujeres, hombres, niñas y niños en Chile.
  2. Reconocer el acoso sexual callejero como un tipo de violencia, por lo que es deber del Estado tomar las medidas necesarias para combatirlo y educar a la población para que la sociedad rechace este tipo de conductas.
  3. Se espera que se comiencen a desarrollar campañas destinadas a erradicar estas conductas y que impulsen la participación de todos a través del slogan “Si vez algo, haz algo” que tan beneficiosos resultados ha tenido en otros países.

 

¿Cómo define la Ley el acoso sexual callejero?

 

La Ley señala que comete acoso sexual callejero el que realizare, en lugares públicos o de libre acceso público y sin mediar el consentimiento de la víctima, un acto de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante y que no constituya una falta o delito al que se imponga una pena más grave.

 

¿Qué tipo de actos comprende la definición y que sanciones se les aplica?

 

  1. Actos de carácter verbal o ejecutados por medio de gestos. La pena asociada es de multa de 1 a 3 UTM (unidades tributarias mensuales).
  2. Conductas consistentes en acercamientos o persecuciones o actos de exhibicionismo obsceno o de contenido sexual explícito. La pena impuesta es de prisión en su grado medio a máximo (21 a 60 días de prisión) y multa de 5 a 10 UTM.

 

¿Qué sanción se establece por fotografiar o grabar en espacios públicos imágenes de partes íntimas del cuerpo?

La Ley dispone que se aplicará una pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y multa de 5 a 10 UTM al que, en lugares públicos o de libre acceso público, por cualquier medio, capte, grabe, filme o fotografíe imágenes, videos o cualquier registro audiovisual de los genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento.

 

¿Hay sanción para alguien que difunde esas imágenes?

 

Sí, se aplicará la misma pena de presidio (61 a 540 días), además de una multa de 10 a 20 UTM al que difunda dichas imágenes, videos o registro audiovisual.

 

¿Qué pasa si es la misma persona la que capta las imágenes y la que las difunde?

 

La pena en este caso es de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años) y multa de 20 a 30 UTM.

 

¿Qué ocurre con los abusos sexuales en que el autor del delito se vale de la sorpresa para realizar la acción sexual?

 

Si la víctima es mayor de 14 años, se sanciona al que abusivamente realiza una acción sexual distinta del acceso carnal y lo haga empleando la sorpresa u otra maniobra que no suponga consentimiento de la víctima. La pena es de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años).

 

La Ley mantiene las sanciones mayores para las acciones sexuales contra menores de 14 años y los abusos cometidos con intimidación, violencia, contra víctimas privadas de sentido o que tienen incapacidad para oponerse, contra las que tienen enajenación o trastorno mental y cuando el autor se vale de la dependencia, desamparo de las víctimas o éstas son engañadas por su ignorancia sexual.

Reglamento de la ley que regula entrevistas grabadas y otras medidas de resguardo a menores víctimas de delitos sexuales.

Con fecha 2 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial el Reglamento de la Ley N°21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 29 de la citada Ley.

 

Cabe recordar que con fecha 20 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.057, que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales. El principal objeto de esta Ley es prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA), para así evitar toda consecuencia negativa que éstos puedan sufrir con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos que menciona dicha Ley.

 

Por su parte, el artículo 29 de la Ley mandata al Ministerio de Justicia a dictar un reglamento para establecer las condiciones y requisitos que deberán cumplir los programas de los cursos de formación especializada en metodología y técnicas de entrevista y declaración judicial del NNA; la forma, condiciones y requisitos para la implementación del programa de formación continua, seguimiento y evaluación de las personas que efectuarán las entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones judiciales; la forma, condiciones y requisitos para el desarrollo de los procesos de acreditación de los entrevistadores y su vigencia; las especificaciones técnicas de las salas en que se desarrollen la entrevista investigativa videograbada y declaración judicial del NNA; los estándares mínimos para la producción, almacenamiento, custodia y disposición de los registros de la entrevista investigativa videograbada y declaración judicial del NNA; la forma, condiciones, plazos y requisitos para revalidar la acreditación de entrevistador y cualquier otro aspecto necesario para la correcta implementación del sistema de entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones judiciales del NNA. En este sentido, destaca en el Reglamento lo siguiente:

a) La denuncia, entrevista investigativa videograbada y de la declaración judicial.

 

  1. La denuncia efectuada por un NNA se recibirá garantizando su participación voluntaria brindándole seguridad y controlando la presencia de otras personas.
  2. La entrevista se realizará por un entrevistador designado por el fiscal con acreditación vigente en el Registro de Entrevistadores. El propósito de la entrevista será proporcionar antecedentes que puedan orientar el desarrollo de la investigación penal mediante la información que el NNA entregue de los hechos denunciados y de sus partícipes, cualquiera sea la forma en que ésta se exprese, procurando, por esta vía, evitar la exposición reiterada e injustificada del NNA a instancias que busquen establecer la ocurrencia de los hechos materia de la investigación y de la participación criminal.
  3. La entrevista se desarrollará en una Sala de Entrevistas Investigativas, en una Sala Gesell habilitada o en una Sala Especial, en la que solo estarán presentes el entrevistador y el NNA. Estas salas se encuentran definidas en el artículo 2° del Reglamento.
  4. Por su parte, la declaración judicial tendrá por objeto que el NNA preste declaración en juicio con intervención de un entrevistador que actuará como intermediario, el cual será designado por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, con acreditación vigente en el Registro de Entrevistadores. El intermediario actuará como facilitador, formulando al menos las preguntas que dirigen los intervinientes por intermedio del juez, en un lenguaje y modo adecuados a su edad, madurez y condición psíquica. Esta declaración se desarrollará en la Sala Especial del tribunal respectivo.

B) Disposiciones comunes a la entrevista investigativa videograbada y la declaración judicial:

 

  1. Los entrevistadores deberán tener formación especializada en metodología y técnicas de entrevista investigativa videograbada y declaración judicial a menores y contar con acreditación vigente otorgada por el Ministerio de Justicia.
  2. Las salas en las que se desarrollen la entrevista y declaración judicial deberán contar con condiciones que protejan la privacidad de la interacción con el NNA; resguarden la seguridad del NNA; permitan controlar la presencia de participantes; sean tecnológicamente adecuadas para videograbar el relato que preste el NNA y, en el caso de la declaración judicial, para su reproducción instantánea y su intercomunicación con la sala de audiencia.
  3. También se establecen especificaciones técnicas en cuanto a la estructura constructiva de la Sala de Entrevistas Investigativas y de la Sala Especial, su habilitación, aislamiento y adecuación.
  4. Asimismo se enumeran los estándares mínimos para la producción, almacenamiento, custodia y disposición de los registros de la entrevista y declaración judicial.

C) El curso inicial de formación especializada y el programa de formación continua.

 

  1. El Curso Inicial de Formación Especializada (CIFE) y el Programa de Formación Continua (PFC) son actividades de formación de desarrollo complementario y coordinado, cuyo objetivo es formar entrevistadores para que realicen correctamente cada una de las fases de la entrevista investigativa videograbada y/o de la declaración judicial, según corresponda al rol que deba desarrollar dentro del sistema procesal penal. Estos programas, además, deberán cumplir con el estándar técnico necesario para que los entrevistadores interactúen con el NNA, considerando su calidad de sujetos de derechos, sus particularidades y el contexto procesal chileno.
  2. Señala la Ley que la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial podrán impartir estos cursos de formación especializada.
  3. El CIFE es una actividad de formación que incorpora contenidos y actividades que permiten a los participantes desarrollar correctamente cada una de las fases de la entrevista investigativa videograbada y/o de la declaración judicial, según corresponda al rol que deba desarrollar dentro del sistema procesal penal, considerando el contexto penal chileno y las particularidades del NNA víctima de alguno de los delitos señalados en el inciso primero del artículo 1° de la Ley.
  4. Por su parte, el PFC es una instancia de capacitación, seguimiento y evaluación permanente del entrenamiento, competencias y destrezas adquiridos por el entrevistador en el CIFE, que involucra un proceso continuo de supervisión y retroalimentación del desempeño del entrevistador, de modo de lograr que se mantengan y potencien los conocimientos y competencias aprendidas.

 

  1. Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

 

Le corresponderá al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ejercer una serie de funciones, dentro de las cuales destacan la coordinación de la actuación de los organismos encargados de dar cumplimiento a la Ley, en el marco de las sesiones de la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal; la evaluación del sistema; la acreditación de los entrevistadores y la mantención y administración de un registro actualizado de los entrevistadores con acreditación vigente.

Ley N°21.147 que modifica la Ley de Tránsito respecto al uso de vidrios oscuros en vehículos motorizados.

Con fecha 1° de marzo de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.147 que modifica el número 1 del artículo 75 de la Ley de Tránsito (Ley N° 18.290), relativo al uso de vidrios oscuros o polarizados en vehículos motorizados, con el objetivo de perfeccionar el uso adecuado de los vidrios oscuros en este tipo de vehículos, introduciendo un cambio formal desde la regla general de prohibición. La citada disposición prohibía la utilización de vidrios oscuros o polarizados como regla general, especificando que los vehículos debían estar provistos de “vidrios de seguridad que permitan una perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo”. Sin embargo, autorizaba que un reglamento señalara aquellos casos en que se permitía su uso. Esto generaba una situación de incertidumbre jurídica, en cuanto a que las disposiciones reglamentarias autorizaban el uso de vidrios oscuros o polarizados en vehículos que los tuvieran incorporados desde su fabricación y sólo en sus ventanas traseras.

 

La idea matriz o fundamental de la nueva Ley fue modificar la Ley de Tránsito, con el propósito de dar certeza a la ciudadanía sobre el adecuado uso de vidrios oscuros o polarizados, rescatando la primera parte de la citada redacción[1] pero reemplazando lo referente a los vidrios oscuros de la siguiente forma: “Podrá contar con vidrios oscuros o polarizados que cumplan con los factores de transmisión regular de la luz u otras cualidades ópticas y las certificaciones establecidas en el reglamento”.

 

En este sentido, la historia de la Ley señala que las actuales tecnologías en uso permiten, conforme especificaciones técnicas y parámetros adecuados, la incorporación de vidrios oscuros o polarizados a diversos vehículos distintos a los de fábrica, en cuanto cumplan con las especificaciones aprobadas por los departamentos técnicos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Agrega que se cuenta con los elementos tecnológicos que permiten fiscalizar su correcto uso a través de los servicios que otorgan las plantas de revisión técnica de vehículos motorizados, lo cual asegurará su correcta implementación.

 

Sin embargo, transcurrido un mes de la publicación de la Ley, expertos buscan que la norma se revierta, pues afirman que ésta complica la fiscalización de varias reglas de tránsito al interior de vehículos, como el uso del cinturón de seguridad; si los niños van en sistema de retención infantil; o si, al conducir, los conductores van chateando o hablando por teléfono. Además la Ley enfrenta otros problemas, ya que a pesar de su publicación en el Diario Oficial, los reglamentos que la hacen operativa aún no están en elaboración, lo que ha provocado, por ejemplo, que las plantas de revisión técnica se rijan por la legislación antigua y prohíban el uso de vidrios polarizados. Como consecuencia de lo anterior, el cambio a la normativa podría darse en el Senado, ya que la comisión de Transportes discute un proyecto que busca modificar la Ley de Tránsito, en el cual se podría incluir un artículo que volviera a prohibir el uso de vidrios polarizados[2].

[1] “Vidrios de seguridad que permitan una perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo”

[2] Fuente: https://digital.elmercurio.com/2019/03/26/C/RL3ILK4J#zoom=page-width