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Ley N°21.153, que tipifica el delito de acoso sexual en espacios públicos.

¿Sabías que se acaba de publicar una ley que tipifica el delito de acoso sexual callejero?

Efectivamente, con fecha 3 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial, la Ley N°21.153 que “Modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos”.

 

¿Qué motivó la dictación de esta nueva ley?

 

Hoy en día es una realidad que el acoso sexual en lugares de alta afluencia de público como medios de transporte, calles y eventos masivos se está convirtiendo en un grave problema en nuestro país. Sin embargo, nuestro Código Penal si bien contempla diversos delitos relacionados con acciones y conductas de carácter sexual, no contemplaba ninguna figura de carácter residual que permitiera sancionar este tipo de actos en forma clara y tajante, por lo que urgía establecer una normativa específica para sancionar a los acosadores.

 

¿Cuál es el propósito de  esta nueva norma?

 

La nueva Ley tiene como propósitos:

 

  1. Contribuir a erradicar las prácticas de acoso sexual callejero que experimentan mujeres, hombres, niñas y niños en Chile.
  2. Reconocer el acoso sexual callejero como un tipo de violencia, por lo que es deber del Estado tomar las medidas necesarias para combatirlo y educar a la población para que la sociedad rechace este tipo de conductas.
  3. Se espera que se comiencen a desarrollar campañas destinadas a erradicar estas conductas y que impulsen la participación de todos a través del slogan “Si vez algo, haz algo” que tan beneficiosos resultados ha tenido en otros países.

 

¿Cómo define la Ley el acoso sexual callejero?

 

La Ley señala que comete acoso sexual callejero el que realizare, en lugares públicos o de libre acceso público y sin mediar el consentimiento de la víctima, un acto de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante y que no constituya una falta o delito al que se imponga una pena más grave.

 

¿Qué tipo de actos comprende la definición y que sanciones se les aplica?

 

  1. Actos de carácter verbal o ejecutados por medio de gestos. La pena asociada es de multa de 1 a 3 UTM (unidades tributarias mensuales).
  2. Conductas consistentes en acercamientos o persecuciones o actos de exhibicionismo obsceno o de contenido sexual explícito. La pena impuesta es de prisión en su grado medio a máximo (21 a 60 días de prisión) y multa de 5 a 10 UTM.

 

¿Qué sanción se establece por fotografiar o grabar en espacios públicos imágenes de partes íntimas del cuerpo?

La Ley dispone que se aplicará una pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y multa de 5 a 10 UTM al que, en lugares públicos o de libre acceso público, por cualquier medio, capte, grabe, filme o fotografíe imágenes, videos o cualquier registro audiovisual de los genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento.

 

¿Hay sanción para alguien que difunde esas imágenes?

 

Sí, se aplicará la misma pena de presidio (61 a 540 días), además de una multa de 10 a 20 UTM al que difunda dichas imágenes, videos o registro audiovisual.

 

¿Qué pasa si es la misma persona la que capta las imágenes y la que las difunde?

 

La pena en este caso es de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años) y multa de 20 a 30 UTM.

 

¿Qué ocurre con los abusos sexuales en que el autor del delito se vale de la sorpresa para realizar la acción sexual?

 

Si la víctima es mayor de 14 años, se sanciona al que abusivamente realiza una acción sexual distinta del acceso carnal y lo haga empleando la sorpresa u otra maniobra que no suponga consentimiento de la víctima. La pena es de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años).

 

La Ley mantiene las sanciones mayores para las acciones sexuales contra menores de 14 años y los abusos cometidos con intimidación, violencia, contra víctimas privadas de sentido o que tienen incapacidad para oponerse, contra las que tienen enajenación o trastorno mental y cuando el autor se vale de la dependencia, desamparo de las víctimas o éstas son engañadas por su ignorancia sexual.

Ley N°21.154, que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura y tratos o penas inhumanos.

Con fecha 25 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.154 que “Designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”.

 

 

La nueva norma se sitúa en un contexto mundial orientado a establecer mecanismos efectivos de prevención y protección frente a situaciones de tortura, en lugares donde se pudieran encontrar personas privadas de su libertad, reservadas a la vigilancia del Estado o con su consentimiento expreso o tácito.

 

Chile no ha estado ajeno a la evolución que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho comparado han tenido en la materia. En este sentido, nuestro país ratificó los instrumentos internacionales que reconocen la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; primero, la Convención contra la Tortura, el 30 de septiembre de 1988, y luego el Protocolo Facultativo, el 12 de diciembre de 2008, que en su artículo 3° dispone la obligación de cada Estado Parte de establecer, designar o mantener, a nivel nacional, uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

 

Según la nueva Ley, se entiende por tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos, sexuales o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información, declaración o confesión; de castigarla por un acto que haya cometido o se le impute haber cometido; o de intimidarla o coaccionarla; o en razón de discriminación fundada en motivos como la ideología, la opinión política, la religión o creencias de la víctima; la nación, la raza, la etnia o el grupo social al que pertenezca; el sexo, la orientación sexual, la identidad de género; la edad, la filiación, la apariencia personal, el estado de salud, la situación de discapacidad o con cualquier otro fin. Se entenderá también por tortura la aplicación intencional de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su voluntad o su capacidad de discernimiento o decisión con alguno de los medios referidos precedentemente.

 

A su vez, se entiende por trato o pena cruel, inhumano o degradante todo acto que, sin constituir tortura, vulnere el derecho a la integridad o dignidad de las personas privadas de libertad; por privación de libertad, cualquier forma de arresto, detención, prisión preventiva, cumplimiento de penas privativas de libertad, custodia o cualquier otra medida que impida el libre desplazamiento físico de una persona, ya sea por orden de una autoridad pública o con su consentimiento expreso o tácito, en una institución pública o privada; y por lugar de privación de libertad, todo lugar, inmueble o mueble, incluidos los medios de transporte, administrados o dirigidos por el Estado o por particulares que cumplan una función pública, en que se encuentren o pudieren encontrarse personas privadas de libertad, sea por orden de autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento expreso o tácito, como resultado de una orden de arresto, detención, en tránsito, prisión preventiva, cumplimiento de penas privativas de libertad, internación voluntaria o forzosa, sea administrativa o judicial, como medida de protección, custodia o cualquier otra medida que impida su libre desplazamiento físico o que no se le permita abandonar libremente.

 

De acuerdo con el Derecho Internacional, la tortura es un grave crimen y bajo ciertas circunstancias, constituye un crimen de lesa humanidad o un crimen de guerra. Además, tiene carácter absoluto, ya que su utilización no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. En consecuencia, si hay algo sobre lo que existe unanimidad en tanto debe ser considerado un derecho humano, es el derecho de toda persona a no ser sometida a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Lo anterior se ve reflejado desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, hasta instrumentos específicos referidos a esta temática, como la Convención contra la Tortura, que cuenta con más de 160 Estados Partes, entre los que se cuenta nuestro país.

 

El énfasis que le asigna el marco jurídico internacional a la prevención de la tortura se extiende a los otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tales conductas son indivisibles, interdependientes e interrelacionadas. La práctica indica que al no encontrar un límite conceptual suficientemente claro entre ambas, las condiciones que dan lugar a esta última figura suelen facilitar la tortura y, por consiguiente, las medidas para impedir la tortura han de aplicarse a ésta. Por ende, la prohibición de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes tiene también carácter absoluto y su prevención debe ser efectiva e imperativa.

 

En definitiva, a objeto de dar cumplimiento a su compromiso internacional en esta materia, el Estado de Chile ha ido adecuando su ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales, proscribiendo la tortura y estableciendo mecanismos para su prevención. En un paso decisivo para la prevención y erradicación de la tortura, el 22 de noviembre de 2016, fue publicada la Ley N°20.968, que tipifica el delito de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes, en conformidad a las definiciones y requisitos consagrados en las Convenciones Internacionales sobre la materia.

 

En este orden de ideas y para el cumplimiento de su mandato, el Instituto Nacional de Derechos Humanos actuará exclusivamente a través del Comité de Prevención contra la Tortura, el que dará aplicación a lo dispuesto en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, su Protocolo Facultativo, los tratados internacionales en la materia ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, la Constitución Política de la República y la demás normativa vigentes.

 

Dentro de las funciones que ejercerá el Comité de Prevención contra la Tortura se destacan las siguientes:

 

  1. a) Examinar periódicamente las condiciones de las personas privadas de libertad y el trato que reciben.
  2. b) Realizar visitas periódicas preventivas no programadas y de monitoreo a los lugares de privación de libertad.
  3. c) Realizar visitas ad hoc, sin previo aviso, ante denuncias específicas de hechos que pudieran constituir tortura o tratos o penas crueles o ante denuncia por represalias que pudieren sufrir las personas privadas de libertad como consecuencia de las visitas realizadas.
  4. d) Reunirse con las personas que se encuentren en el lugar objeto de su visita y efectuar las entrevistas personales o grupales que estime pertinente, en condiciones que garanticen la confidencialidad.
  5. f) Solicitar a las autoridades correspondientes toda la información necesaria para el cumplimiento de su mandato.
  6. g) Realizar las recomendaciones pertinentes a las autoridades competentes del servicio responsable del lugar de privación de libertad.
  7. h) Mantener contacto y colaborar con el Subcomité para la Prevención de la Tortura y con los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura que establezcan los Estados Parte del Protocolo Facultativo.
  8. i) Proponer al Consejo del Instituto modificaciones legales o reglamentarias en materia de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
  9. k) Confeccionar un informe anual y de carácter público que contenga el trabajo realizado por el Comité y las recomendaciones específicas destinadas a prevenir y erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles.
  10. l) Realizar a través del Instituto acciones de capacitación, información y sensibilización en materia de prevención de la tortura.
  11. m) Proponer al Instituto la celebración de convenios de colaboración y cooperación con organismos públicos y privados nacionales o internacionales.

 

El Comité estará integrado por 7 miembros, que tendrán la calidad de expertos, los que llevarán a cabo las tareas establecidas en la Ley, tendrán dedicación exclusiva y, para ejercer el cargo, requerirán cumplir las exigencias impuestas por el artículo 12 de la Ley N°20.405, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

 

En el desarrollo de sus visitas preventivas y con el propósito de resguardar los fines del Comité de Prevención contra la Tortura, los expertos y su personal de apoyo no estarán obligados a denunciar los crímenes o simples delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, los expertos y el personal de apoyo deberán denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que revistan riesgo vital para las personas privadas de libertad o sean víctimas de algunos de los actos definidos como tortura.

 

La información que recojan los expertos del Comité de Prevención contra la Tortura y el personal de apoyo, ya sea con ocasión de las visitas periódicas o de las entrevistas que sostengan, tendrá carácter reservado, incluso respecto de los demás funcionarios del Instituto que no participan de las funciones de éste.

 

Finalmente, según lo dispuesto en el artículo primero transitorio, la Ley entrará en vigor al cumplirse el 6° mes desde su publicación en el Diario Oficial, esto es, el 26 de octubre de 2019.

 

Asimismo la integración del Comité de Prevención contra la Tortura, se realizará de manera progresiva en conformidad a las siguientes reglas:

 

  1. a) Dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos designará a los 4 primeros expertos que integrarán el Comité de Prevención contra la Tortura.
  2. b) A partir del 18° mes de la entrada en vigor de la Ley -esto es el 26 de octubre de 2020- el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos designará a 3 expertos más que integrarán el Comité de Prevención contra la Tortura.

 

Ley N°21.151, que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno.

La Ley N°21.151, en adelante, la Ley, entiende por afrodescendientes chilenos al grupo humano que, teniendo nacionalidad chilena en conformidad a la Constitución Política de la República, comparte la misma cultura, historia, costumbre, unidos por la conciencia de identidad y discurso antropológico, descendientes de la trata trasatlántica de esclavos africanos traídos al actual territorio nacional entre los siglos XVI y XIX y que se autoidentifique como tal.

Actualmente el pueblo tribal afrodescendiente o comunidades afrodescendientes representan un tercio de la población de América Latina y han sido constantemente marginados de las políticas de los gobiernos, experimentando niveles desproporcionados de pobreza y exclusión social a nivel mundial.

 

En Chile existen diferentes motivos que han conducido a la invisibilización de la presencia africana en nuestro país, todos los cuales han derivado en la negación histórica de los aportes negros en la conformación de la nación. Diferencias raciales o sociales, el temor a la instauración de sus costumbres o una rebelión en alianza con los indígenas asoman como las principales razones.

 

Es por ello por lo que la nueva normativa establece que los saberes, conocimientos tradicionales, medicina tradicional, idiomas, rituales, símbolos y vestimentas del pueblo tribal afrodescendiente chileno son y serán valorados, respetados y promocionados por el Estado, reconociéndolos como patrimonio cultural inmaterial del país. Así, el artículo 4° que establece que el sistema nacional de educación procurará contemplar una unidad programática que posibilite a los educandos el adecuado conocimiento de la historia, lenguaje y cultura de los afrodescendientes y promover sus expresiones artísticas y culturales desde el nivel preescolar, básico, medio y universitario. Por su parte, el artículo 6° dispone que cada vez que se prevea dictar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, estas comunidades deben ser consultadas de acuerdo con lo dispuesto en el Convenio N°169, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

 

Señala la historia de la Ley que los afrodescendientes relacionados con la diáspora africana, se encuentran presentes en América Latina desde tiempos de la conquista, siendo partícipes activos de la construcción de las actuales naciones del sur, con una importante pero oculta (o negada) participación en los procesos de independencia de los países donde fueron traídos.

 

En Chile no se sabe con certeza el porcentaje de afrodescendientes y esta incertidumbre viene dada a consecuencia de la falta del reconocimiento legal de este pueblo, cuestión que los ha excluido de los diversos censos efectuados en nuestro país. Sin embargo, la Biblioteca del Congreso Nacional preparó un estudio acerca de los afrodescendientes en Chile y, en particular, en la Región de Arica Parinacota, señalando que han tenido escasa visibilidad.

 

Una reciente encuesta regional reconoce a los afrodescendientes como la segunda etnia mayoritaria en Arica, después de los aimaras, representando un 4,7% del total de habitantes de la región. Por otra parte, diversos estudios e instancias internacionales consideran que esta población se encuentra en una situación de desventaja en relación con otros grupos sociales.

 

Debido a todo lo anterior, la Ley contempla, a partir de su publicación, la obligación por parte del Estado de procurar incluir en los censos de la población nacional al pueblo tribal afrodescendiente chileno.

 

Finalmente la Ley señala que en lo relativo a la educación y censos, estos temas serán ejecutados mediante uno o más reglamentos dictados en el plazo de un año, contado desde su publicación.

 

 

 

 

 

 

Actualidad

Ley N°21.153, que tipifica el delito de acoso sexual en espacios públicos.

¿Sabías que se acaba de publicar una ley que tipifica el delito de acoso sexual callejero?

Efectivamente, con fecha 3 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial, la Ley N°21.153 que “Modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos”.

 

¿Qué motivó la dictación de esta nueva ley?

 

Hoy en día es una realidad que el acoso sexual en lugares de alta afluencia de público como medios de transporte, calles y eventos masivos se está convirtiendo en un grave problema en nuestro país. Sin embargo, nuestro Código Penal si bien contempla diversos delitos relacionados con acciones y conductas de carácter sexual, no contemplaba ninguna figura de carácter residual que permitiera sancionar este tipo de actos en forma clara y tajante, por lo que urgía establecer una normativa específica para sancionar a los acosadores.

 

¿Cuál es el propósito de  esta nueva norma?

 

La nueva Ley tiene como propósitos:

 

  1. Contribuir a erradicar las prácticas de acoso sexual callejero que experimentan mujeres, hombres, niñas y niños en Chile.
  2. Reconocer el acoso sexual callejero como un tipo de violencia, por lo que es deber del Estado tomar las medidas necesarias para combatirlo y educar a la población para que la sociedad rechace este tipo de conductas.
  3. Se espera que se comiencen a desarrollar campañas destinadas a erradicar estas conductas y que impulsen la participación de todos a través del slogan “Si vez algo, haz algo” que tan beneficiosos resultados ha tenido en otros países.

 

¿Cómo define la Ley el acoso sexual callejero?

 

La Ley señala que comete acoso sexual callejero el que realizare, en lugares públicos o de libre acceso público y sin mediar el consentimiento de la víctima, un acto de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante y que no constituya una falta o delito al que se imponga una pena más grave.

 

¿Qué tipo de actos comprende la definición y que sanciones se les aplica?

 

  1. Actos de carácter verbal o ejecutados por medio de gestos. La pena asociada es de multa de 1 a 3 UTM (unidades tributarias mensuales).
  2. Conductas consistentes en acercamientos o persecuciones o actos de exhibicionismo obsceno o de contenido sexual explícito. La pena impuesta es de prisión en su grado medio a máximo (21 a 60 días de prisión) y multa de 5 a 10 UTM.

 

¿Qué sanción se establece por fotografiar o grabar en espacios públicos imágenes de partes íntimas del cuerpo?

La Ley dispone que se aplicará una pena de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) y multa de 5 a 10 UTM al que, en lugares públicos o de libre acceso público, por cualquier medio, capte, grabe, filme o fotografíe imágenes, videos o cualquier registro audiovisual de los genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento.

 

¿Hay sanción para alguien que difunde esas imágenes?

 

Sí, se aplicará la misma pena de presidio (61 a 540 días), además de una multa de 10 a 20 UTM al que difunda dichas imágenes, videos o registro audiovisual.

 

¿Qué pasa si es la misma persona la que capta las imágenes y la que las difunde?

 

La pena en este caso es de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años) y multa de 20 a 30 UTM.

 

¿Qué ocurre con los abusos sexuales en que el autor del delito se vale de la sorpresa para realizar la acción sexual?

 

Si la víctima es mayor de 14 años, se sanciona al que abusivamente realiza una acción sexual distinta del acceso carnal y lo haga empleando la sorpresa u otra maniobra que no suponga consentimiento de la víctima. La pena es de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años).

 

La Ley mantiene las sanciones mayores para las acciones sexuales contra menores de 14 años y los abusos cometidos con intimidación, violencia, contra víctimas privadas de sentido o que tienen incapacidad para oponerse, contra las que tienen enajenación o trastorno mental y cuando el autor se vale de la dependencia, desamparo de las víctimas o éstas son engañadas por su ignorancia sexual.

Reglamento de la ley que regula entrevistas grabadas y otras medidas de resguardo a menores víctimas de delitos sexuales.

Con fecha 2 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial el Reglamento de la Ley N°21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales, con el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 29 de la citada Ley.

 

Cabe recordar que con fecha 20 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.057, que regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales. El principal objeto de esta Ley es prevenir la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA), para así evitar toda consecuencia negativa que éstos puedan sufrir con ocasión de su interacción, en calidad de víctimas, con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos que menciona dicha Ley.

 

Por su parte, el artículo 29 de la Ley mandata al Ministerio de Justicia a dictar un reglamento para establecer las condiciones y requisitos que deberán cumplir los programas de los cursos de formación especializada en metodología y técnicas de entrevista y declaración judicial del NNA; la forma, condiciones y requisitos para la implementación del programa de formación continua, seguimiento y evaluación de las personas que efectuarán las entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones judiciales; la forma, condiciones y requisitos para el desarrollo de los procesos de acreditación de los entrevistadores y su vigencia; las especificaciones técnicas de las salas en que se desarrollen la entrevista investigativa videograbada y declaración judicial del NNA; los estándares mínimos para la producción, almacenamiento, custodia y disposición de los registros de la entrevista investigativa videograbada y declaración judicial del NNA; la forma, condiciones, plazos y requisitos para revalidar la acreditación de entrevistador y cualquier otro aspecto necesario para la correcta implementación del sistema de entrevistas investigativas videograbadas y declaraciones judiciales del NNA. En este sentido, destaca en el Reglamento lo siguiente:

a) La denuncia, entrevista investigativa videograbada y de la declaración judicial.

 

  1. La denuncia efectuada por un NNA se recibirá garantizando su participación voluntaria brindándole seguridad y controlando la presencia de otras personas.
  2. La entrevista se realizará por un entrevistador designado por el fiscal con acreditación vigente en el Registro de Entrevistadores. El propósito de la entrevista será proporcionar antecedentes que puedan orientar el desarrollo de la investigación penal mediante la información que el NNA entregue de los hechos denunciados y de sus partícipes, cualquiera sea la forma en que ésta se exprese, procurando, por esta vía, evitar la exposición reiterada e injustificada del NNA a instancias que busquen establecer la ocurrencia de los hechos materia de la investigación y de la participación criminal.
  3. La entrevista se desarrollará en una Sala de Entrevistas Investigativas, en una Sala Gesell habilitada o en una Sala Especial, en la que solo estarán presentes el entrevistador y el NNA. Estas salas se encuentran definidas en el artículo 2° del Reglamento.
  4. Por su parte, la declaración judicial tendrá por objeto que el NNA preste declaración en juicio con intervención de un entrevistador que actuará como intermediario, el cual será designado por el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal, con acreditación vigente en el Registro de Entrevistadores. El intermediario actuará como facilitador, formulando al menos las preguntas que dirigen los intervinientes por intermedio del juez, en un lenguaje y modo adecuados a su edad, madurez y condición psíquica. Esta declaración se desarrollará en la Sala Especial del tribunal respectivo.

B) Disposiciones comunes a la entrevista investigativa videograbada y la declaración judicial:

 

  1. Los entrevistadores deberán tener formación especializada en metodología y técnicas de entrevista investigativa videograbada y declaración judicial a menores y contar con acreditación vigente otorgada por el Ministerio de Justicia.
  2. Las salas en las que se desarrollen la entrevista y declaración judicial deberán contar con condiciones que protejan la privacidad de la interacción con el NNA; resguarden la seguridad del NNA; permitan controlar la presencia de participantes; sean tecnológicamente adecuadas para videograbar el relato que preste el NNA y, en el caso de la declaración judicial, para su reproducción instantánea y su intercomunicación con la sala de audiencia.
  3. También se establecen especificaciones técnicas en cuanto a la estructura constructiva de la Sala de Entrevistas Investigativas y de la Sala Especial, su habilitación, aislamiento y adecuación.
  4. Asimismo se enumeran los estándares mínimos para la producción, almacenamiento, custodia y disposición de los registros de la entrevista y declaración judicial.

C) El curso inicial de formación especializada y el programa de formación continua.

 

  1. El Curso Inicial de Formación Especializada (CIFE) y el Programa de Formación Continua (PFC) son actividades de formación de desarrollo complementario y coordinado, cuyo objetivo es formar entrevistadores para que realicen correctamente cada una de las fases de la entrevista investigativa videograbada y/o de la declaración judicial, según corresponda al rol que deba desarrollar dentro del sistema procesal penal. Estos programas, además, deberán cumplir con el estándar técnico necesario para que los entrevistadores interactúen con el NNA, considerando su calidad de sujetos de derechos, sus particularidades y el contexto procesal chileno.
  2. Señala la Ley que la Policía de Investigaciones de Chile, Carabineros de Chile, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público y el Poder Judicial podrán impartir estos cursos de formación especializada.
  3. El CIFE es una actividad de formación que incorpora contenidos y actividades que permiten a los participantes desarrollar correctamente cada una de las fases de la entrevista investigativa videograbada y/o de la declaración judicial, según corresponda al rol que deba desarrollar dentro del sistema procesal penal, considerando el contexto penal chileno y las particularidades del NNA víctima de alguno de los delitos señalados en el inciso primero del artículo 1° de la Ley.
  4. Por su parte, el PFC es una instancia de capacitación, seguimiento y evaluación permanente del entrenamiento, competencias y destrezas adquiridos por el entrevistador en el CIFE, que involucra un proceso continuo de supervisión y retroalimentación del desempeño del entrevistador, de modo de lograr que se mantengan y potencien los conocimientos y competencias aprendidas.

 

  1. Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

 

Le corresponderá al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ejercer una serie de funciones, dentro de las cuales destacan la coordinación de la actuación de los organismos encargados de dar cumplimiento a la Ley, en el marco de las sesiones de la Comisión Permanente de Coordinación del Sistema de Justicia Penal; la evaluación del sistema; la acreditación de los entrevistadores y la mantención y administración de un registro actualizado de los entrevistadores con acreditación vigente.

Ley N°21.147 que modifica la Ley de Tránsito respecto al uso de vidrios oscuros en vehículos motorizados.

Con fecha 1° de marzo de 2019 se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.147 que modifica el número 1 del artículo 75 de la Ley de Tránsito (Ley N° 18.290), relativo al uso de vidrios oscuros o polarizados en vehículos motorizados, con el objetivo de perfeccionar el uso adecuado de los vidrios oscuros en este tipo de vehículos, introduciendo un cambio formal desde la regla general de prohibición. La citada disposición prohibía la utilización de vidrios oscuros o polarizados como regla general, especificando que los vehículos debían estar provistos de “vidrios de seguridad que permitan una perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo”. Sin embargo, autorizaba que un reglamento señalara aquellos casos en que se permitía su uso. Esto generaba una situación de incertidumbre jurídica, en cuanto a que las disposiciones reglamentarias autorizaban el uso de vidrios oscuros o polarizados en vehículos que los tuvieran incorporados desde su fabricación y sólo en sus ventanas traseras.

 

La idea matriz o fundamental de la nueva Ley fue modificar la Ley de Tránsito, con el propósito de dar certeza a la ciudadanía sobre el adecuado uso de vidrios oscuros o polarizados, rescatando la primera parte de la citada redacción[1] pero reemplazando lo referente a los vidrios oscuros de la siguiente forma: “Podrá contar con vidrios oscuros o polarizados que cumplan con los factores de transmisión regular de la luz u otras cualidades ópticas y las certificaciones establecidas en el reglamento”.

 

En este sentido, la historia de la Ley señala que las actuales tecnologías en uso permiten, conforme especificaciones técnicas y parámetros adecuados, la incorporación de vidrios oscuros o polarizados a diversos vehículos distintos a los de fábrica, en cuanto cumplan con las especificaciones aprobadas por los departamentos técnicos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Agrega que se cuenta con los elementos tecnológicos que permiten fiscalizar su correcto uso a través de los servicios que otorgan las plantas de revisión técnica de vehículos motorizados, lo cual asegurará su correcta implementación.

 

Sin embargo, transcurrido un mes de la publicación de la Ley, expertos buscan que la norma se revierta, pues afirman que ésta complica la fiscalización de varias reglas de tránsito al interior de vehículos, como el uso del cinturón de seguridad; si los niños van en sistema de retención infantil; o si, al conducir, los conductores van chateando o hablando por teléfono. Además la Ley enfrenta otros problemas, ya que a pesar de su publicación en el Diario Oficial, los reglamentos que la hacen operativa aún no están en elaboración, lo que ha provocado, por ejemplo, que las plantas de revisión técnica se rijan por la legislación antigua y prohíban el uso de vidrios polarizados. Como consecuencia de lo anterior, el cambio a la normativa podría darse en el Senado, ya que la comisión de Transportes discute un proyecto que busca modificar la Ley de Tránsito, en el cual se podría incluir un artículo que volviera a prohibir el uso de vidrios polarizados[2].

[1] “Vidrios de seguridad que permitan una perfecta visibilidad desde y hacia el interior del vehículo”

[2] Fuente: https://digital.elmercurio.com/2019/03/26/C/RL3ILK4J#zoom=page-width